Argentina logra cerrar otro frente judicial por el default de 2001: los bonistas pidieron archivar la causa tras recibir el pago
Los acreedores que mantenían uno de los últimos litigios abiertos por la cesación de pagos de 2001 solicitaron a la Justicia de Estados Unidos dar por concluido el expediente luego de cobrar el monto acordado con el Gobierno. El cierre representa un nuevo avance en la estrategia oficial para normalizar el frente financiero.
Uno de los últimos conflictos judiciales vinculados con el default argentino de 2001 quedó encaminado hacia su resolución definitiva. Los bonistas que mantenían una demanda contra el Estado argentino presentaron un escrito ante la Justicia de Estados Unidos para solicitar el cierre del expediente, luego de haber recibido el pago establecido en el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional.
La presentación fue realizada tras la transferencia de los fondos comprometidos por el Tesoro, que había quedado habilitada luego de que el Congreso aprobara la ley necesaria para autorizar el desembolso y formalizar el entendimiento con los acreedores. Ese paso permitió cumplir con los compromisos asumidos y avanzar en la clausura de uno de los litigios que permanecían abiertos desde la crisis de deuda de comienzos de siglo.
El acuerdo comprendió a los fondos Bainbridge y al grupo encabezado por Attestor Master Value, con un desembolso total cercano a u$s171 millones. Según explicó el Gobierno durante la negociación, el entendimiento implicó una reducción respecto de los montos originalmente reclamados y evitó la continuidad de procesos judiciales que podían derivar en nuevos costos para el Estado argentino.
Con el pedido de archivo presentado por los acreedores, la administración de Javier Milei suma un nuevo paso en su estrategia de saneamiento financiero y normalización de la deuda soberana. El objetivo oficial es eliminar contingencias legales heredadas, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de cumplimiento de la Argentina.
Los litigios se originaban en títulos públicos que quedaron impagos tras el colapso económico y financiero de 2001. Aunque la mayor parte de los bonistas aceptó las reestructuraciones realizadas en los años posteriores, un reducido grupo de acreedores permaneció fuera de los canjes y continuó reclamando el cobro en tribunales estadounidenses durante más de dos décadas.
Para el Gobierno, la resolución de este tipo de controversias forma parte de una política orientada a despejar incertidumbres sobre la deuda pública y consolidar un escenario de mayor previsibilidad para atraer inversiones. En el Ministerio de Economía consideran que la reducción de los conflictos judiciales internacionales constituye un factor positivo para el acceso al financiamiento y la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica.
Compartí esta noticia
