El Presidente presentó los ejes de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto busca prohibir la asistencia al Tesoro, limitar el poder de los gobiernos de turno y garantizar que la autoridad monetaria tenga como única misión preservar el valor de la moneda.
La diputada nacional destacó los avances del operativo de seguridad impulsado por el Gobierno de Javier Milei y agradeció el trabajo de la ministra Alejandra Monteoliva. Aseguró que los cambios ya se perciben en la vida cotidiana de los rosarinos.
Los acreedores que mantenían uno de los últimos litigios abiertos por la cesación de pagos de 2001 solicitaron a la Justicia de Estados Unidos dar por concluido el expediente luego de cobrar el monto acordado con el Gobierno. El cierre representa un nuevo avance en la estrategia oficial para normalizar el frente financiero.
El exdirector del NIAID se negó a responder las preguntas del Senado sobre el origen del COVID-19. La audiencia terminó con uno de sus abogados expulsado y Rand Paul anticipando posibles consecuencias legales.
La ministra de Seguridad Nacional destacó los resultados del Plan Bandera y aseguró que la recuperación del orden ya comienza a reflejarse en el turismo, la construcción y la confianza del sector privado.
El partido reunió a más de 5.000 personas en Rosario para lanzar su carrera hacia 2027 y atacar a Javier Milei. En los barrios aseguran que referentes territoriales ofrecieron comida para garantizar asistentes y engordar una demostración de poder político.
La entrada masiva de miles de migrantes desborda la contención en el Tarajal y reaviva las acusaciones contra la Moncloa por "abandonar las fronteras" y utilizar la política migratoria para sostenerse en el poder
El Congreso paraguayo repudió al mandatario brasileño por presentar al país vecino como único responsable del conflicto. También exigió la devolución de trofeos de guerra que permanecen en Brasil.
La Justicia boliviana dictó una orden de aprehensión contra el expresidente, acusado de liderar un alzamiento armado que dejó decenas de muertos y sumió al país en el caos. El caso reaviva el debate sobre la complicidad regional y el asilo político otorgado por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández.
El Gobierno incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o deportar a quienes promuevan el odio contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios. La norma preserva expresamente la crítica política y el disenso ideológico.
