Milei endureció la política migratoria: podrán expulsar a extranjeros que ataquen a la Argentina
El Gobierno incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o deportar a quienes promuevan el odio contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios. La norma preserva expresamente la crítica política y el disenso ideológico.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita al Estado nacional a rechazar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina y sus ciudadanos.
La medida también alcanza a quienes participen en actos de ultraje contra la bandera, el escudo, el himno u otros símbolos nacionales. Desde el Gobierno sintetizaron el criterio de la disposición con una frase contundente: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
El Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora esas conductas como nuevas causales de inadmisión, cancelación de residencia y expulsión del territorio nacional.
La decisión fue adoptada luego de una serie de manifestaciones hostiles y mensajes discriminatorios que formaron parte de una campaña antiargentina, intensificada tras la participación de la Selección nacional en el Mundial y trasladada posteriormente al terreno político e internacional.
El nuevo límite para ingresar o permanecer en el país
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, Migraciones podrá impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a ejercer violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad.
La misma sanción podrá aplicarse a quienes hayan realizado, promovido o participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
La modificación se incorporó al artículo 29 de la Ley de Migraciones, que enumera las razones por las cuales una persona extranjera puede ser considerada inadmisible.
El decreto también agregó estas conductas al artículo 62 de la norma, por lo que un extranjero que ya tenga residencia en el país podrá perderla en caso de quedar comprendido dentro de alguna de las nuevas causales.
En esos casos, el Estado podrá intimarlo a abandonar la Argentina dentro de un plazo determinado o disponer directamente su expulsión, luego de analizar las circunstancias personales y concretas del hecho.
La crítica política no será motivo de expulsión
La disposición aclara expresamente que no podrán utilizarse estas herramientas para perseguir opiniones políticas, críticas académicas, cuestionamientos ciudadanos o expresiones de disenso ideológico.
Esos pronunciamientos continuarán protegidos por la Constitución Nacional, siempre que no impliquen una incitación al odio o a la violencia basada en la nacionalidad.
De esta manera, el Gobierno diferenció una crítica legítima de aquellas acciones destinadas a promover agresiones contra los argentinos o a denigrar deliberadamente la identidad y los emblemas de la Nación.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida es compatible con la libertad de expresión y con los tratados internacionales, debido a que no castiga el debate político, sino la apología del odio nacional y la incitación a la violencia.
Hospitalidad, pero con reglas claras
La Casa Rosada recordó que la Argentina mantiene históricamente una política de apertura hacia quienes deciden radicarse, estudiar o trabajar en el país.
Sin embargo, remarcó que esa tradición de hospitalidad no obliga al Estado a tolerar ataques contra sus ciudadanos, su cultura o sus símbolos nacionales.
El Ejecutivo señaló que toda nación soberana posee la facultad de determinar las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros para proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.
En ese sentido, el decreto sostiene que permitir la residencia de personas que promueven el odio contra la Argentina desnaturaliza el propósito de la política migratoria y vulnera las condiciones mínimas de respeto que fundamentan su admisión.
“No corresponde permitir que aquellos extranjeros que hayan manifestado mensajes de odio o actos de hostilidad contra los ciudadanos argentinos puedan ingresar o residir en el territorio de la República”, señaló el Ejecutivo en los fundamentos de la norma.
Una respuesta a la campaña antiargentina
La decisión se produce en medio de una escalada de expresiones hostiles contra la Argentina difundidas en redes sociales y otros ámbitos públicos.
El Gobierno advirtió que los ataques dejaron de limitarse a las rivalidades deportivas y comenzaron a adquirir un componente político, discriminatorio y diplomático.
La administración de Milei consideró que la defensa de los argentinos y de los símbolos nacionales constituye un principio innegociable, por lo que decidió otorgar a Migraciones herramientas concretas para actuar frente a esos episodios.
La norma entrará en vigencia el día posterior a su publicación y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá que pronunciarse sobre su validez.
Con la reforma, el Gobierno volvió a marcar un cambio de rumbo en materia migratoria: la Argentina seguirá recibiendo a quienes quieran desarrollarse y respetar sus leyes, pero cerrará sus puertas a quienes pretendan atacar al país desde adentro.
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