Ordenan la captura de Evo Morales por terrorismo tras paralizar Bolivia
La Justicia boliviana dictó una orden de aprehensión contra el expresidente, acusado de liderar un alzamiento armado que dejó decenas de muertos y sumió al país en el caos. El caso reaviva el debate sobre la complicidad regional y el asilo político otorgado por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández.
La crisis institucional y social que mantuvo en vilo a Bolivia durante casi dos meses ha culminado en una decisión judicial sin precedentes recientes: la Fiscalía de ese país emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. La acusación no es menor. Al líder cocalero se le imputan los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y asociación delictuosa, entre otros graves cargos penales.
El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a las fuerzas de seguridad a proceder con la inmediata detención de Morales para su traslado a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. Esta medida responde a las contundentes denuncias formales presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, quienes señalaron al exmandatario como el arquitecto de una estrategia de desestabilización que buscó, mediante la fuerza y la extorsión social, forzar la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz.
El costo del golpismo en las calles
Entre mayo y junio de 2026, Bolivia fue rehén de una brutal demostración de fuerza. Durante 53 días, agrupaciones afines a Morales, en conjunto con sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari, instalaron más de un centenar de cortes de ruta estratégicos. El objetivo no era el diálogo, sino la asfixia del país.
Las consecuencias de este accionar, catalogado por las autoridades como un intento de quebrar el orden democrático, fueron catastróficas. Según cifras de la propia Defensoría del Pueblo, los bloqueos dejaron un saldo trágico de al menos 22 personas fallecidas y 88 heridos.
A la pérdida de vidas humanas se sumó un colapso humanitario y económico deliberado. Las principales ciudades, especialmente La Paz, El Alto y Santa Cruz, sufrieron un desabastecimiento crítico de insumos básicos. Los hospitales reportaron la falta de oxígeno medicinal y medicamentos, mientras que la población civil padecía la escasez de alimentos y combustible. El impacto productivo fue devastador, con pérdidas económicas que superaron los 3.000 millones de dólares, golpeando con especial dureza al sector productivo cruceño, motor económico de la nación.
La conexión regional: El asilo del kirchnerismo bajo la lupa
La gravedad de las acusaciones contra Morales —terrorismo y alzamiento armado— ha vuelto a poner el foco en los aliados políticos que históricamente han blindado a figuras del populismo de izquierda en la región. En este contexto, resurgen las fuertes críticas hacia el papel de Argentina durante la administración de Alberto Fernández, quien en su momento otorgó asilo político y estatus de refugiado a Morales, acogiéndolo en el país tras su salida del poder.
Para diversos analistas y sectores de la política internacional, la decisión del kirchnerismo de dar refugio a Morales no fue un acto de defensa de los derechos humanos, sino una muestra de complicidad ideológica. Se argumenta que esta red de protección regional ha permitido que líderes con tendencias autoritarias operen con impunidad, utilizando países vecinos como bases para organizar el hostigamiento y la desestabilización de los gobiernos democráticos de turno. Las actuales órdenes de captura por sedición y terrorismo exponen las grietas de ese relato protector, demostrando los peligros de cobijar a dirigentes que hoy enfrentan a la Justicia de su propio país por atentar contra la seguridad del Estado.
Un cerco judicial que se estrecha
Acorralado por la Justicia, Evo Morales ha recurrido a su habitual retórica de victimización. Desde su cuenta en la red social X, el exmandatario de 66 años calificó la medida como una «persecución política» y aseguró que el gobierno busca responsabilizarlo para ocultar la crisis económica. Sin embargo, las evidencias presentadas por el Comité pro Santa Cruz detallan cómo las movilizaciones no fueron protestas espontáneas, sino un mecanismo coordinado de sedición.
Actualmente, Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión cocalero, rodeado por sus seguidores. No obstante, el mandato de detención por las protestas no es su único frente legal abierto. El expresidente carga también con una gravísima orden de captura pendiente por el delito de trata agravada de personas, vinculada a una denuncia por una supuesta relación con una menor de edad durante su tiempo en el poder, causa por la cual ya fue declarado en rebeldía.
La caída en desgracia de Evo Morales marca un punto de inflexión. Junto a él, también se ha ordenado la aprehensión de altos dirigentes sindicales y campesinos, algunos de los cuales ya se encuentran en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Con el despliegue del Ejército y la Policía en las calles tras la declaración del estado de excepción, Bolivia busca cerrar uno de los capítulos más oscuros y violentos de su historia reciente, enviando un mensaje claro: la violencia, el bloqueo y el terrorismo no pueden ser herramientas válidas para hacer política.
