Lázaro Báez, 470mil hectáreas: el kirchnerista que quedó fuera del discurso de la “venta” del territorio
Mientras el kirchnerismo vuelve a cuestionar la presencia de capitales extranjeros en el país y hablan de soberanía sobre la tierra, omiten que Lázaro Báez llegó a concentrar unas 470.000 hectáreas en Santa Cruz. Báez pasó de ser empleado bancario a convertirse en uno de los principales contratistas de obra pública del país y terminó condenado por lavado de dinero y fraude contra el Estado.
La discusión sobre quién compra tierras en nuestro país volvió a ocupar el centro de la escena política argentina con la reforma de la Ley de Tierras. Desde sectores del kirchnerismo se cuestiona históricamente la presencia de capitales extranjeros y se invoca la defensa de la soberanía nacional para rechazar la concentración de grandes extensiones de territorio.
Pero existe una pregunta difícil de responder para quienes sostienen ese discurso: ¿qué ocurrió durante los años del kirchnerismo con la gigantesca expansión patrimonial de Lázaro Báez en Santa Cruz?
El empleado bancario que llegó a concentrar 470.000 hectáreas, principalmente en la provincia de Santa Cruz. Un relevamiento publicado en 2013 había identificado 25 estancias vinculadas a Báez y sus sociedades.
De empleado bancario a magnate de la obra pública y terrateniente
La historia de Báez resulta difícil de separar de la de Néstor Kirchner.
Báez nació en Corrientes en 1956, pero se radicó desde joven en Santa Cruz. Durante los años 80 trabajó como empleado del Banco de Santa Cruz y allí conoció a Néstor Kirchner, quien por entonces comenzaba a construir su carrera política en la provincia.
El salto económico se produjo con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.
Pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, Báez creó Austral Construcciones. A partir de entonces, su grupo empresario comenzó a crecer de manera vertiginosa y se convirtió en uno de los grandes beneficiarios de la obra pública en Santa Cruz y en otras jurisdicciones.
Según reconstrucciones periodísticas, las empresas vinculadas a Báez obtuvieron una enorme cantidad de contratos públicos durante los gobiernos kirchneristas. La expansión incluyó construcción, petróleo, hoteles, emprendimientos inmobiliarios, transporte y explotación agropecuaria.
El resultado fue la formación de un verdadero imperio económico. Báez dejó de ser un cajero de banco para convertirse en empresario multimillonario, propietario de cientos de inmuebles, aviones, vehículos, hoteles y extensiones gigantescas de tierras en la Patagonia.
Las 470.000 hectáreas y las estancias de Báez
Un relevamiento difundido en 2013 identificó 25 estancias pertenecientes a Báez o a sociedades vinculadas con él. Otro listado posterior difundió una superficie estimada de alrededor de 470.000 hectáreas.
Entre las propiedades mencionadas aparecen:
- Alquinta, al suroeste de Río Gallegos.
- Los Baguales.
- Coronel Garumba.
- La Verdadera Argentina, en la zona de Río Vizcachas.
- La Santafesina.
- La Julia.
- La Entrerriana.
- La Ana.
- Cruz Aike.
- La Porteña.
- El Campamento.
- Río Bote.
- El Relincho.
- El Rincón.
- Arroyo del Italiano.
- La Irma.
- Laguna de los Cisnes.
- La Irenita.
- La Paloma.
- Los Gurises.
- Río Olnie.
- Manantial Alto.
- Cerro del Paso.
- El Molle.
- La Fe.
Estas propiedades se distribuían por diferentes zonas de Santa Cruz, incluyendo áreas cercanas a Río Gallegos, Río Vizcachas, las represas del río Santa Cruz, Bajo Caracoles y Jaramillo.
La contradicción con el discurso sobre la tierra
La contradicción política aparece cuando se observa la relación entre este fenómeno y el discurso kirchnerista sobre la propiedad extranjera.
En 2011, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso sancionó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la titularidad extranjera: un máximo del 15% del territorio nacional, provincial y departamental para propietarios extranjeros, además de límites específicos por nacionalidad y superficie.
La ley fue presentada como una herramienta para proteger el dominio nacional sobre las tierras rurales.
Sin embargo, el contraste resulta evidente: mientras el kirchnerismo denunciaba la extranjerización, uno de los empresarios más cercanos al poder político de Santa Cruz acumulaba cientos de miles de hectáreas.
Y no se trataba solamente de un terrateniente argentino. Se trataba de un empresario cuyo crecimiento patrimonial coincidió con una expansión extraordinaria de sus negocios con el Estado.
La discusión, por supuesto, no implica que la nacionalidad de un propietario determine por sí sola si una adquisición es legítima o ilegítima. El punto político es otro: si la concentración de tierras es presentada como un problema de soberanía cuando el propietario es extranjero, ¿por qué el mismo estándar no se aplicaría cuando el terrateniente es un empresario argentino íntimamente vinculado al poder político?
¿Y los capitales extranjeros?
El contraste también aparece al observar otros grandes propietarios de la Patagonia.
El Grupo Benetton, de origen italiano, llegó a concentrar alrededor de 900.000 hectáreas según los relevamientos citados por la prensa. El grupo Walbrook, con Sede en Gran Bretaña y de capitales malayos, también construyó una enorme presencia territorial en Mendoza.
En el caso de Walbrook, hay un dato particularmente relevante: en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el grupo adquirió a través de Nieves de Mendoza el 31% de las acciones de Las Leñas que estaban en manos de IRSA y pasó a controlar el 97% del complejo turístico.
Además, fuentes periodísticas señalan que los capitales vinculados con Walbrook habían adquirido previamente grandes extensiones en Malargüe. Un informe judicial y periodístico ubica a Nieves de Mendoza como propietaria de un campo de unas 145.460 hectáreas en ese departamento.
La presencia de capital extranjero en grandes extensiones patagónicas no comenzó con el gobierno de Javier Milei, como suele sugerirse en determinados discursos políticos. En el caso de Walbrook, su expansión en Mendoza se produjo durante el inicio de la etapa kirchnerista.
El final judicial de Lázaro Báez
La historia de Báez terminó en los tribunales.
En 2021 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°4 por lavado de activos agravado en la causa conocida como “Ruta del dinero K”. La sentencia original fue de 12 años de prisión por una maniobra de lavado vinculada a unos US$55 millones. Posteriormente, la condena fue reducida a 10 años y quedó firme en 2025.
Además, Báez recibió una condena por el caso Vialidad. En 2025, las penas firmes de ambas causas fueron unificadas en 15 años de prisión. En julio de 2026, la Justicia rechazó nuevamente su pedido de prisión domiciliaria y confirmó que continúa detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Su patrimonio también quedó alcanzado por decomisos judiciales.
Así terminó la historia del hombre que había pasado de trabajar detrás de un mostrador bancario a manejar una de las mayores fortunas empresariales surgidas alrededor del poder kirchnerista.
El doble estándar
El kirchnerismo puede cuestionar a los grandes terratenientes extranjeros. Lo que resulta difícil de explicar es por qué durante años tuvo mucho menos interés en explicar cómo uno de sus empresarios más cercanos llegó a concentrar unas 470.000 hectáreas en Santa Cruz.
Mientras se hablaba de soberanía, extranjerización y defensa del territorio nacional, Báez construía un imperio económico en la misma Patagonia gobernada durante décadas por el espacio político de los Kirchner a costa de la pobreza de los argentinos.
Para el kirchnerismo, una empresa privada extranjera no debería poder adquirir tierras para instalar una fábrica, invertir y generar empleo, pero aparentemente el problema desaparece cuando un empresario cercano al poder concentra cientos de miles de hectáreas durante los años de gobierno de los Kirchner. En ese caso, la preocupación por la soberanía territorial parece volverse convenientemente selectiva.
La contradicción resulta difícil de ignorar: mientras se cuestiona a capitales privados por invertir y producir en el país, poco se dice sobre Lázaro Báez, quien llegó a concentrar unas 470.000 hectáreas en Santa Cruz al mismo tiempo que expandía su imperio económico gracias a la obra pública. Si ese es el criterio de “soberanía” que propone el kirchnerismo, entonces más que una política de Estado parece un doble estándar: extranjeros, cuestionados; empresarios amigos del poder, convenientemente olvidados.
El humo K
Buena parte de la discusión sobre la propiedad de tierras parte de una confusión conceptual. Que una persona o una empresa sea propietaria de un terreno no significa que ese territorio deje de estar bajo jurisdicción argentina. El dominio determina quién es el dueño del inmueble; la soberanía determina quién ejerce la autoridad sobre ese territorio.
Por eso resulta llamativo el argumento de quienes presentan cualquier inversión extranjera como una amenaza a la soberanía nacional. Un extranjero puede adquirir legalmente una propiedad, desarrollar una explotación agropecuaria, instalar una fábrica o realizar una inversión y, mientras respete las leyes argentinas, continuará sometido a la legislación, los impuestos, los controles y la Justicia del país. No compró soberanía: compró un activo.
El verdadero problema aparecería si el Estado fuera incapaz de hacer cumplir sus propias normas. Y eso vale exactamente igual para un propietario extranjero que para un empresario argentino. La nacionalidad del dueño no determina la soberanía: lo que determina la soberanía es la capacidad del Estado de ejercer plenamente su autoridad y hacer cumplir la ley dentro de sus fronteras.
La paradoja es que algunos sectores parecen celebrar cuando un argentino lleva sus inversiones al exterior, pero consideran una amenaza cuando un extranjero hace lo mismo en la Argentina. El criterio debería ser mucho más sencillo: si la inversión es legal, cumple las reglas, paga lo que corresponde y genera producción y empleo, no hay pérdida de soberanía. Hay inversión.
