Media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: por qué el Gobierno la considera una reforma histórica
El Senado aprobó uno de los proyectos más ambiciosos de la agenda legislativa de Javier Milei. La iniciativa busca reforzar la protección de la propiedad privada, limitar el poder del Estado para expropiar bienes, acelerar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente y modernizar el sistema registral argentino.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno dio un paso clave para avanzar con una de las reformas que considera más importantes desde el regreso de la democracia en materia de derechos de propiedad.
La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no solo introduce modificaciones procesales, sino que redefine la relación entre el Estado y los propietarios al establecer mayores límites a las expropiaciones, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente y actualizar un sistema registral que prácticamente no sufrió cambios desde fines de la década de 1960.
Para la administración de Javier Milei, fortalecer el derecho de propiedad constituye uno de los pilares necesarios para recuperar la confianza de los inversores y consolidar un marco de seguridad jurídica que incentive la inversión, el crédito y el desarrollo económico.
Menos margen para expropiar
Uno de los principales cambios apunta a restringir la capacidad del Estado para avanzar sobre la propiedad privada.
Si el proyecto se convierte en ley, ya no alcanzará con una declaración genérica de utilidad pública para justificar una expropiación. El Estado deberá demostrar que la medida resulta necesaria, proporcional e indispensable para alcanzar un objetivo concreto.
Además, las indemnizaciones pasarán a calcularse sobre el valor real de mercado del inmueble e incorporarán compensaciones por el lucro cesante, es decir, por las ganancias que el propietario deja de percibir como consecuencia de la expropiación.
Desde el oficialismo sostienen que estos cambios buscan evitar decisiones discrecionales y brindar mayor previsibilidad a quienes invierten en el país.
Desalojos más rápidos
Otro de los ejes de la reforma modifica profundamente los procesos de desalojo.
Actualmente, la recuperación judicial de un inmueble puede extenderse durante meses o incluso años. La iniciativa incorpora un procedimiento sumarísimo que permitirá acortar significativamente los plazos y ampliar los casos en los que el propietario podrá recuperar anticipadamente la posesión del bien.
El proyecto mantiene mecanismos de protección para menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, pero busca impedir que los procesos judiciales se prolonguen indefinidamente.
Para el Gobierno, garantizar que quien es dueño pueda recuperar rápidamente su propiedad constituye una condición indispensable para fortalecer el derecho de propiedad.
Registros más modernos
La iniciativa también moderniza el funcionamiento de los registros inmobiliarios.
Entre otras medidas, fija por primera vez un plazo máximo de 30 días para la inscripción de documentos en cualquier provincia, habilita la digitalización integral de los trámites y crea una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, que permitirá consultar información registral desde una única plataforma.
El objetivo es reducir la burocracia, unificar criterios y agilizar operaciones inmobiliarias en todo el país.
Una señal para quienes invierten
Desde la Casa Rosada consideran que la reforma trasciende el mercado inmobiliario.
El argumento oficial sostiene que ningún país puede atraer inversiones sostenidas si la propiedad privada carece de protección efectiva frente a ocupaciones ilegales, procesos judiciales interminables o eventuales decisiones discrecionales del Estado.
En esa línea, el Gobierno afirma que reforzar las garantías sobre los bienes privados constituye una condición necesaria para incrementar el crédito hipotecario, promover nuevos desarrollos inmobiliarios y mejorar el clima de negocios.
El proyecto continúa en Diputados
Para obtener los votos necesarios, el oficialismo aceptó retirar del proyecto los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego.
Sin embargo, mantuvo el núcleo de la iniciativa, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
Si obtiene la aprobación definitiva, el Gobierno considera que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se convertirá en una de las reformas institucionales más relevantes de la gestión de Javier Milei, al fortalecer uno de los principios que el oficialismo define como centrales para el desarrollo económico: la defensa irrestricta de la propiedad privada como base de la libertad individual y de la inversión productiva.
