Un fiscal desafió la cautelar que frenó el Régimen Penal Juvenil en PBA y apuntó contra Kicillof
Andrés Zárate cuestionó que una jueza de Lomas de Zamora haya suspendido durante 60 días la aplicación de la nueva ley en toda la Provincia. Advirtió que la medida excede las facultades de la magistrada y confirmó que continuará aplicando el régimen. El fallo volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof frente a la inseguridad y la falta de infraestructura para aplicar la reforma
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil terminó abriendo una nueva grieta institucional en la provincia de Buenos Aires. A apenas 48 horas de comenzar a regir la Ley 27.801, una jueza de Lomas de Zamora ordenó suspender durante 60 días su aplicación en todo el territorio bonaerense. La decisión provocó fuertes cuestionamientos políticos y ahora también encontró resistencia dentro de la propia Justicia.
El fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, salió a cuestionar duramente la resolución y adelantó que no modificará su forma de actuar. Para el funcionario judicial, una jueza penal no puede suspender de manera general una norma vigente y mucho menos extender los efectos de una decisión tomada dentro de un expediente al conjunto de la provincia.
“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó Zárate, en una definición que profundizó la controversia.
Una cautelar que alcanza a toda la Provincia
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo. La resolución suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
El argumento utilizado por la magistrada no fue, al menos por ahora, declarar inconstitucional la nueva ley. El eje estuvo puesto en las condiciones materiales para aplicarla: según la jueza, la Provincia no cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para absorber el aumento de adolescentes que podrían ingresar al sistema penal.
El dato vuelve a poner el foco sobre la administración de Axel Kicillof. La pregunta que comenzó a instalarse es inevitable: si la Provincia no está preparada para aplicar una ley nacional que acaba de entrar en vigencia, ¿qué hizo durante todo el tiempo previo para adaptar su sistema?
La discusión adquiere todavía mayor relevancia porque la suspensión no afecta a un municipio o a un expediente puntual. La cautelar alcanza a toda la provincia de Buenos Aires.
El fiscal que decidió no frenar
Zárate cuestionó precisamente ese alcance.
Según explicó, un juez puede analizar la constitucionalidad de una norma dentro de un caso concreto, pero no puede simplemente dejar sin efecto una legislación vigente para todos los habitantes de una jurisdicción.
“Ella como juez penal no puede dejar sin efecto una norma”, sostuvo.
Y agregó que, de acuerdo con su interpretación, un magistrado puede declarar la inconstitucionalidad de una determinada disposición en un expediente específico, pero no transformar esa decisión en una suspensión general.
Por eso, el fiscal fue categórico: en San Isidro seguirá aplicando el nuevo régimen.
“Esta decisión no rige”, sostuvo.
La posición de Zárate genera así un escenario inédito: mientras una decisión judicial ordenó suspender la reforma en toda la Provincia, un fiscal especializado sostiene que esa cautelar no puede impedirle aplicar la legislación vigente dentro de su jurisdicción.
“Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”
Zárate también utilizó un caso ocurrido durante el primer día de vigencia del régimen para defender su posición.
Según relató, un juez que intervenía en la ejecución de una condena vinculada al crimen de Matías Urbani aplicó el principio de ley penal más benigna y dispuso la liberación de uno de los condenados.
Para el fiscal, existe una consecuencia lógica: si una nueva legislación puede utilizarse para beneficiar a una persona condenada, también debe aplicarse frente a nuevos delitos cometidos desde su entrada en vigencia.
“Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”, resumió.
La frase sintetiza el planteo de fondo del fiscal: una ley vigente no puede ser aplicada selectivamente según quién resulte beneficiado por ella.
El debate por los menores de 14 a 16 años
La reforma redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por el régimen penal juvenil. El objetivo es establecer un sistema específico para adolescentes que cometan determinados delitos y evitar que la edad sea utilizada como una barrera absoluta frente a hechos graves.
Zárate aseguró que desde hace años observa en los tribunales bonaerenses la participación de adolescentes de entre 14 y 16 años en delitos violentos.
Mencionó homicidios, robos y organizaciones criminales que utilizan menores junto con adultos.
“Entre los catorce y los dieciséis años se venían cometiendo muchos hechos”, sostuvo.
Para el fiscal, esa realidad justifica la necesidad de contar con herramientas jurídicas adecuadas para intervenir frente a hechos graves.
Kicillof con los delincuentes
La suspensión del Régimen Penal Juvenil terminó convirtiéndose en otro frente de conflicto para el gobierno bonaerense.
Mientras la Justicia debate el alcance de la cautelar, el fiscal de San Isidro decidió marcar distancia y ratificó que continuará aplicando la normativa.
El caso expone además una cuestión política incómoda para la administración de Kicillof: si la Provincia no cuenta con los recursos necesarios para implementar el nuevo sistema, deberá explicar por qué no estaba preparada cuando la reforma nacional comenzó a regir.
En paralelo, la discusión sobre seguridad vuelve a enfrentar dos modelos: uno que reclama endurecer las herramientas contra quienes cometen delitos violentos y otro que defiende a los delincuentes
Mientras tanto, Zárate ya fijó su posición y desafió la suspensión: la ley está vigente y, en San Isidro, piensa aplicarla.
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