La Justicia embargó el departamento de San José 1111 y decenas de propiedades a Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal N° 2 acorrala el patrimonio del entramado kirchnerista. La contundente medida judicial echa por tierra el relato de la «persecución política»: la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa Vialidad, enfrenta el congelamiento masivo de activos de su familia y testaferros para resarcir los $685.000 millones saqueados al Estado nacional.
En un fallo histórico que marca un paso decisivo hacia la restitución del dinero arrebatado a los contribuyentes argentinos, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el embargo preventivo de un masivo conjunto de bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y sus principales socios comerciales.
La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responde a la solicitud impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el marco de la ejecución de la condena de la causa Vialidad. La medida busca resguardar los activos para hacer efectivo el decomiso de 685.000 millones de pesos, fijados judicialmente como el perjuicio patrimonial directo provocado al Estado mediante la corrupción en la obra pública.
Ni persecución ni «lawfare»: condena a una red que robó al país
Durante años, la narrativa kirchnerista intentó disfrazar las investigaciones judiciales bajo el ropaje de una presunta «persecución ideológica» o «lawfare». Sin embargo, el fallo judicial deja al descubierto la realidad: no hay persecución política, hay justicia contra el delito masivo y sistemático.
Cristina Kirchner no está detenida por sus ideas ni por su afiliación partidaria; cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por ladrona, tras haberse probado fehacientemente en juicio oral y público que lideró una red de defraudación al Estado que enriqueció a su círculo íntimo a expensas de la infraestructura básica de los argentinos.
«La pretensión cautelar no se apoya en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada (…) Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha», fundamentó con severidad el Tribunal.
El embargo abarca de manera emblemática el departamento ubicado en San José 1111 (piso 2, departamento D), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde la expresidenta cumple actualmente su arresto domiciliario. La medida no altera de inmediato su residencia pero bloquea jurídicamente cualquier intento de venta, transferencia o gravamen, asegurando que el inmueble quede a disposición de la liquidación final a favor de las arcas públicas.
El mapa del saqueo: el listado completo de los bienes embargados
A continuación se detalla, de manera exhaustiva, la totalidad de las propiedades, vehículos, embarcaciones y activos alcanzados por esta nueva batería de cautelares ordenada por la Justicia:
I. Inmuebles de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
(Sociedades comerciales de la familia Kirchner utilizadas para canalizar retornos del esquema corrupto)
- Departamento en San José 1111, Piso 2, Dpto. D, CABA (Matrícula FRE 12-759/05).
- Dúplex en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/440).
- Siete cocheras en el Complejo Madero Center, CABA.
- Departamento en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/126).
- Baulera en el Complejo Madero Center, CABA (Unidad complementaria CCCXCIII).
- Terreno en Calle 3850, Manzana 670, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3312).
- Inmueble en Alvear 395, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 1574).
- Inmueble en Moreno 882, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 5026).
- Terreno de 1.961,80 m² donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, El Chaltén, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3645).
- Inmueble (chalet) en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3369).
- Inmueble en Calle 25 de Mayo 66, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 6733).
- Inmueble en Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 7071).
- Tres departamentos/unidades en el Departamento III, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz.
II. Inmuebles de la empresa constructora Kank y Costilla S.A.
(Firma vinculada al entramado de Lázaro Báez)
- Inmueble adquirido el 16 de abril de 2005 (Matrícula 83.713).
- Inmueble en Barrio Humberto Beghin 4383, Menéndez Belarmino, Provincia del Chubut (Matrícula [03-6] 33.169).
- Inmueble en Manzana 137, Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 13.153).
- Inmueble en Manzana 633 A, Parcela 1, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 29.741).
III. Inmuebles de la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L.
(Otra constructora satélite utilizada en el direccionamiento vial)
- Inmueble en Manzana 116, Solar A, Parcela 10, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 9.585).
- Inmueble en Manzana 86, Parcela 14-e, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 28.475).
IV. Propiedades a nombre de Lázaro Antonio Báez
- Inmueble en calle Asturias 527, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 10.248).
- Inmueble en Lote 20 “f”, Sección G-3, Fracción A, Alto Río Senguer, Provincia del Chubut (Matrícula [05-02] 94.619).
- Inmueble en Río Gallegos, adquirido a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.
V. Propiedades del exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López
- Inmueble en Chicligasta, Los Gucheas, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-03383).
- Inmueble en Chicligasta, Concepción, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-10848).
VI. Inmuebles pertenecientes a otros imputados condenados
- Inmueble en Barrio Paso de los Andes, Lote 4, Manzana 18, Departamento Capital, Provincia de Córdoba (Matrícula 223.361).
- Cochera en la calle Bolívar 380/384, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Matrícula 15119/273).
VII. Parque automotor, vehículos de lujo y embarcaciones
La medida judicial dispuso la reinscripción formal de embargos sobre una flotilla de vehículos particulares perteneciente a los condenados:
Titular |
Vehículo / Embarcación |
Dominio / Matrícula |
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner |
Honda CR-V EXL |
Dominio IFU 999 |
Lázaro Antonio Báez |
Ford Mondeo Titanium 2.0L |
Dominio LSJ 212 |
Lázaro Antonio Báez |
BMW 630 CS |
Dominio SZN 360 |
Lázaro Antonio Báez |
Chrysler Coupe GTX |
Dominio WJO 725 |
Lázaro Antonio Báez |
Torino GS (Auto de colección) |
Dominio XIW 830 |
José Francisco López |
Chevrolet Meriva GLS 1.8 |
Dominio FEI 444 |
José Francisco López |
Bote a motor “ARAMAR” (Motor Yamaha) |
Matrícula 050622 REY |
Mauricio Collareda |
Land Rover Defender 110 |
Dominio DDJ 713 |
José Raúl Santibáñez |
Dodge Journey SXT 2.4 |
Dominio OLS 772 |
Nelson Guillermo Periotti |
Fiat 600 |
Dominio C0591079 |
Ultimátum al Banco Galicia por los millones de Florencia Kirchner
En la misma resolución, el Tribunal Oral Federal N° 2 lanzó un duro apercibimiento legal contra el Banco Galicia, intimando a la entidad financiera a responder en un plazo perentorio de 24 horas sobre la situación actual de:
- Una caja de seguridad registrada a nombre de Florencia Kirchner.
- Una caja de ahorro en pesos.
- Una caja de ahorro en dólares, donde se encuentran congelados USD 5.656.134 cuyo origen lícito la familia Kirchner jamás pudo justificar.
El fiscal Diego Luciani exigió formalmente que la totalidad de esa suma millonaria en dólares sea incluida de forma inmediata en la nómina de activos a subastar para reparar las pérdidas fiscales provocadas por el saqueo de la obra pública.
Un avance hacia la justicia patrimonial
Con este despliegue de medidas cautelares, la Justicia argentina avanza sin concesiones para garantizar que la condena por corrupción no quede únicamente en papel firmado o en el cumplimiento de penas de arresto. El mensaje institucional es tajante: quienes usaron el poder del Estado para saquear los fondos públicos deberán devolver hasta el último peso robado al pueblo argentino.
