Condenaron al padre del presidente kirchnerista del Concejo de Villa Gobernador Gálvez por estafar a una jubilada

Walter Ramírez y su esposa recibieron tres años de prisión condicional por maniobras contra una mujer de 83 años. Deberán reparar el daño con $45 M.

Padres Nicolas Ramirez detenidos

La Justicia santafesina condenó a Walter Oscar Ramírez, padre del dirigente kirchnerista Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, por participar en una maniobra de estafa y administración fraudulenta contra una jubilada de 83 años. La sentencia también alcanzó a su esposa, Marilina Verónica Díaz, quien intervino en las operaciones que terminaron comprometiendo los ahorros, ingresos y bienes de la víctima.

El fallo fue dictado el 17 de noviembre por el juez Facundo Rodrigo Becerra, quien homologó un procedimiento abreviado en el que ambos acusados reconocieron su responsabilidad penal. La pareja recibió tres años de prisión de ejecución condicional y acordó una reparación económica de $45 millones, monto que ya fue depositado a favor de la damnificada.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Mónica Brindisi, quien reconstruyó cómo los condenados aprovecharon la confianza de la mujer para hacerse cargo de su patrimonio y disponer de sus recursos mientras permanecía alojada en diferentes establecimientos geriátricos.

De la confianza al vaciamiento de sus cuentas

La maniobra comenzó a principios de 2023, cuando Walter Ramírez y Marilina Díaz establecieron un vínculo con Mariselda Lucía Angeli, una mujer de avanzada edad que atravesaba una situación de vulnerabilidad.

Según la acusación, con el paso de los meses la pareja comenzó a manejar sus tarjetas bancarias, cobrar sus ingresos y tomar decisiones sobre sus pertenencias. También se produjo un progresivo distanciamiento entre la jubilada y sus familiares.

En enero de 2024, los acusados consiguieron que la mujer transfiriera su automóvil Renault Sandero a un tercero. Para justificar la operación, le hicieron creer que era necesario proteger el vehículo frente a un supuesto conflicto laboral.

Tres meses después, la trasladaron ante una escribana para que firmara un poder general de administración y disposición de bienes. La Fiscalía sostuvo que la jubilada desconocía las verdaderas consecuencias del documento y que se le había presentado como un trámite necesario para facilitar su cuidado.

La investigación también alcanzó las operaciones realizadas con el departamento que alquilaba en Villa Gobernador Gálvez y la desaparición de algunas de sus pertenencias.

El perjuicio económico quedó reflejado en los movimientos bancarios. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, la víctima percibió ingresos por $60.946.255, mientras que los egresos de sus cuentas alcanzaron $61.346.512.

Al finalizar agosto de este año, su caja de ahorro registraba un saldo de apenas $1.578. Además, los investigadores detectaron cuatro préstamos bancarios por $5.410.000 gestionados a su nombre sin su autorización.

Una condena que golpea al entorno del poder político local

La sentencia estableció que Ramírez y Díaz deberán mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la víctima y de sus familiares, abstenerse de establecer contacto con ellos y presentarse periódicamente ante el organismo encargado de supervisar las penas no privativas de la libertad.

También tendrán que conservar un domicilio fijo y cumplir las restantes condiciones judiciales durante los próximos tres años. Si incumplen esas obligaciones, la Justicia podrá revisar el beneficio de la ejecución condicional.

La causa había adquirido notoriedad pública en septiembre, cuando se realizaron allanamientos en Villa Gobernador Gálvez y se ordenó la detención de los acusados.

La condena adquiere relevancia política por el vínculo familiar de Walter Ramírez con Nicolás Ramírez, dirigente del Movimiento Evita y presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, el concejal no fue imputado en esta causa, por lo que la responsabilidad penal establecida por la sentencia corresponde a su padre y a Marilina Díaz.

Lo que comenzó como una investigación por el presunto abuso de confianza contra una mujer mayor terminó con dos condenas penales, una reparación millonaria y la confirmación judicial de una maniobra que afectó gravemente el patrimonio de la víctima.

icono
el.liberador.diario@gmail.com | + posts
Compartí esta noticia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *