Milei logró aprobar la Ley de Propiedad Privada: desalojos más rápidos y mayores límites a las expropiaciones

El Senado sancionó la reforma con 42 votos a favor y 26 en contra. También se restituyeron las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.

Ley de Propiedad Privada

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves una nueva sanción legislativa con la aprobación definitiva de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una reforma que modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los procedimientos de desalojo y establece nuevas herramientas para la protección jurídica de los inmuebles.

La iniciativa fue aprobada por el Senado de la Nación con 42 votos afirmativos y 26 negativos, después de que la Cámara de Diputados introdujera modificaciones al texto originalmente impulsado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto había ingresado al Congreso en marzo y obtuvo su primera aprobación en la Cámara alta durante agosto. Posteriormente, Diputados incorporó cambios que obligaron a devolverlo al Senado para su sanción definitiva.

La norma forma parte de la agenda de reformas institucionales promovidas por la administración libertaria, que sostiene que la seguridad jurídica y el respeto por la propiedad privada constituyen condiciones necesarias para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico.

Desalojos más rápidos y nuevas garantías para los propietarios

Uno de los principales cambios apunta a reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente o afectados por conflictos de alquiler.

La reforma contempla procedimientos más breves y facilita la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de una propiedad, bajo control judicial, sin tener que esperar necesariamente la finalización de todo el proceso.

En los casos de usurpación, la Justicia podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Para los alquileres con falta de pago, en tanto, se mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda.

La ley también establece mayores exigencias para las expropiaciones realizadas por el Estado. La declaración de utilidad pública deberá identificar de manera concreta la finalidad perseguida y justificar que la medida resulta necesaria y proporcional.

Además, las indemnizaciones deberán contemplar el valor objetivo de mercado del inmueble y determinados perjuicios económicos, incluido el lucro cesante cuando corresponda.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es impedir que el Estado disponga de propiedades privadas sin compensaciones adecuadas y reducir la incertidumbre que enfrentan sus titulares.

El Congreso mantuvo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Uno de los principales cambios introducidos durante el tratamiento legislativo fue la restitución de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión significó una modificación respecto de la propuesta original del Gobierno, que había impulsado la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros mediante el DNU 70/2023.

Con el texto finalmente aprobado, se restablecen los límites previstos por aquella legislación, entre ellos el porcentaje máximo de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.

La inclusión de ese capítulo permitió destrabar las negociaciones y conseguir los votos necesarios para completar la sanción de la reforma.

De esta manera, Milei consiguió convertir en ley una parte sustancial de su propuesta de protección de la propiedad privada, aunque debió aceptar modificaciones respecto de la liberalización del mercado de tierras rurales.

La nueva legislación deberá completar ahora los pasos de promulgación y publicación oficial antes de su entrada en vigencia, según las disposiciones correspondientes.

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