Facturas truchas del kirchnerismo y saqueo de fondos públicos: un acusado reveló que cobraban hasta en una peluquería
El juicio por la presunta “megausina” de comprobantes apócrifos sumó detalles sobre el circuito utilizado para retirar dinero proveniente de organismos estatales durante la gestión de Jorge Capitanich. La acusación sostiene que la estructura movió cientos de millones de pesos mediante cooperativas, fundaciones y sociedades.
El juicio por la denominada “megausina de facturas truchas” de Chaco continúa revelando detalles sobre el presunto mecanismo utilizado para canalizar fondos públicos durante la gestión del exgobernador kirchnerista Jorge Capitanich. En una nueva audiencia, uno de los acusados describió cómo se retiraba dinero en efectivo y mencionó, entre los lugares utilizados para concretar esas operaciones, hasta una peluquería.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y tiene a once personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal dedicada, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, a emitir comprobantes por operaciones inexistentes, facilitar evasión tributaria y posteriormente lavar los fondos obtenidos.
En el centro del expediente aparecen el contador Walter Antonio Pasko y el exasesor de cooperativas Fernando Adrián Ayala, señalados por la Fiscalía como presuntos jefes de la organización. Ambos llegan detenidos al debate oral. Las responsabilidades individuales, de todos modos, deberán ser determinadas por el tribunal al momento de dictar sentencia.
La investigación describe un entramado mucho más amplio que una simple falsificación de comprobantes. Cooperativas, fundaciones, sociedades y personas físicas habrían sido utilizadas para emitir facturas apócrifas, generar créditos fiscales inexistentes y, en determinados casos, justificar ante organismos públicos salidas de dinero que carecían de respaldo real.
Más de $817 millones facturados a un organismo estatal
Uno de los principales focos está colocado sobre el desaparecido Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo del Gobierno chaqueño durante la administración de Capitanich.
De acuerdo con la acusación fiscal expuesta durante el juicio, solamente entre 2022 y 2023 se detectaron facturas emitidas al IAFEP por más de $817 millones a través de la estructura investigada.
Pero el organismo no habría sido el único destinatario. La investigación también detectó operaciones vinculadas con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de Producción y diferentes municipios chaqueños.
La hipótesis de los investigadores sostiene que coexistían dos mecanismos. Por un lado, se habrían utilizado comprobantes falsos para generar crédito fiscal y reducir irregularmente el pago de impuestos de contribuyentes. Por otro, determinadas facturas habrían servido para dar respaldo documental a desembolsos realizados desde organismos públicos.
El dinero en efectivo y una peluquería
Los testimonios incorporados al juicio comenzaron ahora a reconstruir qué ocurría después de que esos fondos salían del Estado.
Según la declaración recogida por Perfil, uno de los acusados describió retiros de dinero que se realizaban en diferentes puntos y aseguró que parte del efectivo proveniente de operaciones con organismos estatales llegó a cobrarse en una peluquería.
Ese dato encuentra un antecedente dentro del propio expediente: María José Reinau, también procesada en la investigación y esposa de Ayala, aparece vinculada al salón de belleza denominado “Brilla”. La Justicia la acusa de haber integrado la presunta asociación ilícita y de haber participado en distintas fundaciones y cooperativas investigadas.
La acusación sostiene que Ayala habría creado distintas entidades junto con familiares para emitir facturación falsa y extraer fondos públicos. Reinau, por su parte, habría ocupado cargos dentro de varias de esas estructuras.
La Justicia también incorporó imágenes que mostraban a Ayala manipulando grandes cantidades de efectivo. En uno de los videos analizados por los investigadores se lo observa ingresar a su vivienda con una mochila, sacar fajos de dinero y ordenarlos. Al día siguiente, según los registros migratorios citados en la causa, su familia viajó a Brasil con cinco valijas.
Una estructura que involucraba hasta clientes del contador
El origen de la investigación aporta otro elemento llamativo. La causa comenzó después de que contribuyentes detectaran que sus propios CUIT habían sido utilizados para emitir comprobantes correspondientes a operaciones que aseguraban jamás haber realizado.
Varios tenían un elemento en común: Pasko era o había sido su contador.
Uno de los denunciantes, dedicado al comercio de carnes, descubrió facturaciones realizadas con su identificación tributaria por actividades completamente diferentes a la suya, entre ellas operaciones relacionadas con materiales de construcción y alimentos balanceados.
Otro caso involucró a una mujer sin actividad comercial que habría sido inscripta como responsable de IVA y Ganancias y terminó apareciendo asociada a facturaciones superiores a $37 millones.
Según la Fiscalía, Pasko habría aprovechado el acceso a claves fiscales de clientes para emitir comprobantes sin su consentimiento y construir parte del circuito tributario que ahora está siendo juzgado.
El contador rechaza la acusación y, durante su declaración indagatoria, intentó desligarse de la operatoria posterior a septiembre de 2022. Para los fiscales, sin embargo, las pruebas reunidas lo ubican en un papel central dentro del esquema.
Patrimonio, propiedades y vehículos de alta gama
La investigación también puso el foco sobre el crecimiento patrimonial de algunos de los principales acusados.
Entre 2019 y 2022, los registros analizados atribuyeron a Pasko la adquisición de nueve propiedades y vehículos de alta gama, incluidas tres camionetas Toyota y seis inmuebles en distintas localidades chaqueñas. También quedaron registrados viajes a Estados Unidos, Europa, México, Brasil y Paraguay, junto con consumos en dólares.
La Fiscalía detectó asimismo adquisiciones de vehículos y propiedades atribuidas a Ayala y Reinau que, según la acusación, no guardarían relación con los ingresos declarados.
El juicio deberá determinar ahora si ese incremento patrimonial tuvo relación con las maniobras investigadas y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los once acusados.
El expediente, que comenzó siguiendo facturas que algunos contribuyentes aseguraban no haber emitido, terminó exponiendo una estructura mucho más extensa: sociedades y cooperativas bajo sospecha, cientos de millones de pesos provenientes de organismos públicos, movimientos de grandes cantidades de efectivo y ahora hasta el relato de cobros realizados en una peluquería.
El debate oral continuará durante las próximas audiencias y será el Tribunal Oral Federal de Resistencia el encargado de establecer si la presunta usina funcionó como sostiene la Fiscalía y hasta dónde llegó el circuito de fondos públicos durante los años investigados de la gestión de Capitanich.
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