Primer efecto del endurecimiento de Milei: un gigante petrolero le cerró la puerta a cualquier proyecto en Malvinas
SLB, anteriormente conocida como Schlumberger y considerada una de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo, descartó participar en actividades de exploración o explotación alrededor del archipiélago. La decisión llegó después del decreto que amplió las sanciones contra quienes intervengan en operaciones sin autorización argentina.
La ofensiva del Gobierno nacional contra la explotación ilegal de los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas comenzó a generar sus primeras repercusiones empresariales.
SLB, una de las principales compañías mundiales de servicios para la industria petrolera, comunicó que no participará en ningún proyecto hidrocarburífero desarrollado en el archipiélago ni en los espacios marítimos circundantes.
La empresa, anteriormente conocida como Schlumberger, confirmó que tampoco se presentará en licitaciones destinadas a contratar proveedores para emprendimientos de exploración o explotación en la zona.
El pronunciamiento se conoció después de que el presidente Javier Milei firmara el Decreto 868/2026, mediante el cual el Gobierno agilizó y fortaleció la aplicación de sanciones contra empresas vinculadas directa o indirectamente con actividades petroleras realizadas sin autorización argentina.
SLB explicó que “no está participando ni tiene previsto participar” en procesos relacionados con proyectos en Malvinas y aseguró que mantendrá su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.
La decisión resulta especialmente significativa por la dimensión internacional de la compañía. SLB tiene sede en Estados Unidos, presencia en alrededor de 100 países y presta tecnología y servicios indispensables para perforar, evaluar y poner en producción yacimientos de petróleo y gas.
Su posición también tiene una lectura comercial. La multinacional mantiene intereses en la Argentina y participa del desarrollo de la industria energética nacional, particularmente en la cuenca neuquina.
En noviembre de 2024, la compañía confirmó su regreso a la actividad mediante un acuerdo de colaboración técnica con Capex para trabajar sobre un grupo de pozos en el área Agua del Cajón, ubicada cerca de la ciudad de Neuquén.
Involucrarse en proyectos petroleros impulsados unilateralmente desde las islas podría haberla expuesto a sanciones, inhabilitaciones y a la pérdida de oportunidades dentro del mercado argentino.
El nuevo esquema dispuesto por Milei amplía el alcance de las medidas y permite avanzar no solamente contra las empresas que exploten directamente los recursos, sino también contra sus accionistas, directivos y proveedores.
Además, quienes infrinjan la legislación quedarán excluidos de los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y podrán enfrentar restricciones para obtener permisos, concesiones y habilitaciones en el país.
Las compañías interesadas en acceder a esos instrumentos deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de las normas argentinas sobre las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
Milei endureció la estrategia por las islas
Durante la cadena nacional del jueves, el Presidente ratificó el reclamo soberano y advirtió que la Argentina utilizará todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas disponibles para impedir el avance extranjero sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, afirmó Milei al comienzo de su mensaje.
El mandatario anunció el endurecimiento de las sanciones, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto para reforzar la defensa de la soberanía nacional.
Un día después, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas investigadas por su presunta intervención en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Los expedientes también alcanzan a accionistas y empresas proveedoras que habrían facilitado esas operaciones.
Desde la Oficina del Presidente remarcaron que la Argentina no resignará su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La principal preocupación del Gobierno es Sea Lion, un proyecto petrolero offshore ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El emprendimiento está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que controla el 65%, y por la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.
Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 una inversión inicial cercana a los US$1.800 millones para desarrollar la primera etapa. El comienzo de la producción está proyectado para el primer trimestre de 2028.
Navitas y Rockhopper sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración británica instalada en las islas. También afirmaron que las medidas anunciadas por Milei no modificarán el cronograma previsto.
La Argentina, en cambio, considera ilegítima cualquier actividad económica realizada en el área en disputa sin autorización de sus autoridades. En 2022, la Secretaría de Energía declaró clandestinas las operaciones de Navitas y la inhabilitó durante 20 años para desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio nacional.
Rockhopper había recibido una sanción similar en 2013.
La Ley 26.659 establece restricciones para las empresas que participen directa o indirectamente en la exploración y explotación de hidrocarburos sobre la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El comunicado de SLB muestra el poder disuasorio de las medidas adoptadas por el Gobierno. Las grandes multinacionales deben elegir entre involucrarse en negocios cuestionados por la Argentina o conservar el acceso a uno de los mercados energéticos con mayor potencial del mundo.
La explotación de Vaca Muerta, el crecimiento de la producción y los incentivos para nuevas inversiones convirtieron al país en una plaza demasiado relevante como para quedar afuera por participar en operaciones ilegales alrededor de Malvinas.
La posición de SLB envía una señal directa al resto de los proveedores internacionales: colaborar con proyectos impulsados bajo la ocupación británica puede tener consecuencias concretas sobre sus negocios en territorio argentino.
Mientras Navitas y Rockhopper aseguran que continuarán con Sea Lion, una de las mayores empresas de servicios petroleros del planeta ya tomó una decisión: no arriesgará su presencia en la Argentina por participar del avance británico sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas.
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