Perú: asesinaron a tiros a una periodista y candidata durante un acto de campaña
Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue atacada mientras recorría un mercado de Caraz, en la región de Áncash. Había denunciado amenazas de muerte días antes y realizaba investigaciones sobre presuntas irregularidades policiales. La Fiscalía confirmó avances en la causa, que busca determinar quiénes participaron en el crimen y quién lo habría ordenado.
La campaña electoral en Perú quedó sacudida por el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue baleada el sábado 19 de septiembre mientras realizaba una actividad proselitista en la ciudad de Caraz. El crimen ocurrió a menos de un mes de las elecciones regionales, previstas para el 4 de octubre, y generó reclamos de autoridades y organizaciones periodísticas para que se esclarezcan los hechos.
Aponte, de 44 años y conocida públicamente como “La China Polo”, participaba de una recorrida por un mercado junto a integrantes de su equipo y simpatizantes del movimiento regional Socios por Áncash. El ataque se produjo alrededor de las 12.40, en inmediaciones de la avenida Ramón Castilla, cuando la candidata mantenía contacto con personas presentes en el lugar.
Según los primeros reportes, un hombre armado se acercó y le disparó. La mujer recibió impactos de bala y murió como consecuencia de las heridas. El episodio quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales y provocó momentos de desconcierto entre quienes se encontraban en el mercado.
El ataque también dejó cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego, que fueron trasladadas para recibir atención médica. Entre los afectados había menores de edad, según los reportes difundidos por medios peruanos.
Tres detenidos y una investigación para determinar quién ordenó el crimen
La investigación avanzó durante el domingo con la detención de personas presuntamente vinculadas con el homicidio. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que se había detenido al supuesto autor material, a un presunto financista y a otra persona que habría trasladado al atacante antes del asesinato.
“Ya se tiene detenido al sicario”, sostuvo Gálvez en declaraciones a RPP, al explicar que las pesquisas se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
El fiscal aclaró que todavía existen distintas hipótesis para identificar a quienes podrían haber ordenado el ataque y evitó brindar detalles que pudieran perjudicar las diligencias.
Sin embargo, hubo diferencias entre los reportes oficiales sobre la cantidad de detenidos. Mientras Gálvez habló de tres personas bajo custodia, la Fiscalía informó inicialmente que había dos detenidos en flagrancia. La información difundida por medios peruanos indicó que las autoridades continuaban con las actuaciones para precisar la situación procesal de los sospechosos.
Uno de los detenidos fue identificado como Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado preliminarmente como presunto autor material. Durante su intervención, la Policía incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros.
De acuerdo con los reportes policiales, el arma tenía una denuncia por hurto presentada en Lima en noviembre de 2023. Los investigadores buscan establecer cómo llegó a manos del sospechoso y si fue utilizada en el ataque contra la candidata.
Otro de los sospechosos, Ronald José Toro Artila, también de nacionalidad venezolana, fue intervenido en el distrito limeño de Surco. Las autoridades investigan si habría participado en el traslado del presunto ejecutor y en la organización previa del ataque.
Las amenazas que había denunciado antes de morir
Uno de los elementos centrales de la investigación es que Aponte había advertido públicamente que recibía amenazas contra su vida.
La periodista había difundido en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró haber recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Según su denuncia, las personas que se comunicaron con ella le advirtieron sobre un posible atentado.
En esa publicación, Aponte mencionó al general de la Policía Nacional Víctor Revoredo Farfán, entonces director de Investigación Criminal, y afirmó que lo responsabilizaría si algo le ocurría.
La comunicadora vinculó las amenazas con sus denuncias sobre presuntos nexos entre jefes policiales y la organización criminal Los Pulpos. Esas acusaciones forman parte de sus declaraciones públicas y no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad en el asesinato.
La relación entre esas denuncias y el homicidio deberá ser establecida por la investigación judicial. Hasta el momento, no hay una determinación pública que confirme quién ordenó el ataque ni que pruebe la participación de las personas señaladas por Aponte.
La investigación periodística que preparaba para su programa
Además de su actividad política, Aponte conducía el espacio informativo “China Polo Dominical”, desde el que difundía denuncias e investigaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción.
En los días previos al crimen había anunciado que preparaba un informe sobre Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso, el partido vinculado al empresario y exgobernador regional César Acuña.
Aponte había anticipado que revisaría su trayectoria y el papel de la agrupación política en una controversia relacionada con el agua en Áncash. El programa estaba previsto para el domingo por la noche, pero no llegó a emitirse en las condiciones anunciadas.
Tras el asesinato, integrantes de su equipo reclamaron que se investigue tanto a los autores materiales como a quienes pudieron haber financiado u organizado el ataque. También solicitaron garantías de seguridad para quienes trabajaban con ella.
El equipo calificó el homicidio como un atentado contra la prensa, mientras que las autoridades deberán determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística, su candidatura o algún otro motivo.
La Fiscalía busca reconstruir el ataque
El Ministerio Público dispuso una serie de diligencias para reunir pruebas y establecer las circunstancias del asesinato.
Entre las medidas se encuentran la toma de declaraciones a las personas heridas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de pericias, incluida una prueba de absorción atómica. También se ordenó la necropsia de la víctima.
Los investigadores buscan reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque, determinar cómo se organizó el traslado del presunto ejecutor y establecer si hubo una estructura detrás del homicidio.
El fiscal de la Nación señaló que existen otras pistas que podrían derivar en nuevas detenciones, aunque evitó adelantar posibles nombres o responsabilidades.
Condena institucional y reclamos de justicia
El Gobierno Regional de Áncash condenó el asesinato y reclamó una respuesta inmediata del Gobierno nacional. La institución advirtió sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la región y garantizar que la violencia no condicione el proceso electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones también expresó su rechazo al crimen y reafirmó la importancia de que las candidaturas puedan participar en condiciones de seguridad y respeto al Estado de derecho.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana pidió una investigación profunda para esclarecer los móviles del homicidio y determinar todas las responsabilidades.
El asesinato de Susy Aponte Polo abrió así un nuevo foco de preocupación en la campaña regional peruana. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la principal incógnita continúa siendo quién estuvo detrás del ataque y si las amenazas denunciadas por la periodista tuvieron relación directa con su muerte.
