Fiel a su estilo kirchnerista, Kicillof calificó de «marketinero» el debate por la ley penal juvenil en plena disputa por su aplicación

El gobernador bonaerense cuestionó el enfoque del Gobierno nacional y reclamó una discusión más profunda sobre la delincuencia juvenil. Sus declaraciones llegan después de que la Justicia revocara la suspensión del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires.

Jueza Marta Sanchez Axel Kiciloff

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la discusión pública sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei y la calificó como “marketinera”, en medio de la controversia por la aplicación de la norma que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el operador ultrakirchnerista Gustavo Sylvestre en C5N, donde el mandatario bonaerense sostuvo que el debate debe centrarse en las causas y las respuestas concretas frente a la delincuencia juvenil.

“Son discusiones marketineras, sin resolver los problemas, sin buscar las realidades”, afirmó Kicillof. El gobernador reclamó que este tipo de cuestiones se aborden con mayor profundidad, aunque en esa respuesta no desarrolló una propuesta específica de modificación del nuevo régimen.

La controversia se produce pocas semanas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.

La legislación reemplazó el régimen anterior y estableció un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos. Incluye medidas educativas, programas de reinserción, sanciones alternativas y penas privativas de la libertad en establecimientos especializados, con un máximo de 15 años de prisión.

La aplicación de la ley en territorio bonaerense estuvo atravesada por una disputa judicial. La jueza Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, había dispuesto su suspensión durante 60 días al considerar que la provincia no contaba con infraestructura suficiente para incorporar a los adolescentes alcanzados por el nuevo sistema.

Sin embargo, el 15 de septiembre, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esa medida y habilitó nuevamente la aplicación de la legislación nacional.

El tribunal sostuvo que una medida cautelar no puede suspender con alcance general una ley sancionada por el Congreso. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que los jueces intervengan en casos concretos cuando las condiciones de detención vulneren derechos fundamentales.

La Libertad Avanza reclamó a la administración provincial los recursos necesarios para implementar el régimen, mientras que las objeciones a la norma se concentraron en las condiciones de los establecimientos y la disponibilidad de personal especializado.

Con la suspensión judicial revocada, la discusión se trasladó a la capacidad de las provincias para ejecutar el nuevo sistema, garantizar los derechos de las víctimas y asegurar las condiciones exigidas por la legislación para los adolescentes sometidos a procesos penales.

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