El Gobierno de Milei cruzó a Irán por declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas
Cancillería rechazó la decisión de Teherán y exigió cooperación judicial por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.
El Gobierno del presidente Javier Milei rechazó categóricamente la decisión del régimen de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, en una nueva escalada de tensión diplomática entre ambos países. La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, calificó la medida como una acusación inadmisible y defendió la legitimidad de las instituciones militares nacionales.
La decisión fue anunciada este miércoles 11 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, como respuesta a la determinación adoptada por la Argentina de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a su listado de organizaciones terroristas.
Teherán fundamentó su anuncio en el principio de reciprocidad y consideró que la medida argentina constituye un acto hostil. La designación iraní alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, sin incluir al Ejército Argentino.
Frente a esa decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino emitió una respuesta oficial en la que sostuvo que la acusación carece de fundamento y resulta incompatible con la naturaleza institucional de las fuerzas señaladas.
La Cancillería remarcó que ambas fuerzas son instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía argentina, cuyos integrantes deben actuar conforme a las leyes nacionales y a los compromisos internacionales asumidos por el país.
Argentina volvió a reclamar justicia por los atentados terroristas
La respuesta del Gobierno nacional también incluyó un firme reclamo a Irán por su falta de cooperación con las investigaciones judiciales vinculadas con los atentados perpetrados en Buenos Aires durante la década de 1990.
El primero de esos ataques ocurrió el 17 de marzo de 1992, cuando una explosión destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, provocando 22 muertos y numerosos heridos.
Dos años después, el 18 de julio de 1994, un atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó 85 personas asesinadas y cientos de heridos, convirtiéndose en el ataque terrorista más mortífero de la historia argentina.
Las investigaciones judiciales argentinas atribuyeron responsabilidad en esos hechos a integrantes y funcionarios vinculados con estructuras del régimen iraní y de Hezbollah. Sin embargo, las causas todavía no culminaron con condenas firmes contra los principales acusados, varios de los cuales permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina.
Desde la Cancillería se recordó que Irán continúa sin cumplir las solicitudes de cooperación y las órdenes internacionales de detención vinculadas con las investigaciones.
La Argentina también cuestionó que personas requeridas por sus tribunales hayan ocupado puestos de relevancia dentro de la estructura estatal iraní, pese a las acusaciones judiciales que pesan sobre ellas.
El reclamo apunta a que Teherán colabore con la Justicia argentina y permita avanzar en el esclarecimiento de ambos atentados, una demanda que se mantiene vigente más de tres décadas después de los ataques.
La política exterior de Milei profundiza la confrontación con Teherán
La respuesta diplomática se produce en el marco de la política exterior impulsada por Javier Milei, caracterizada por un acercamiento estratégico a Estados Unidos e Israel y una posición de confrontación con el régimen iraní en cuestiones vinculadas con el terrorismo internacional.
Durante 2026, el Gobierno argentino adoptó medidas para incorporar a estructuras vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Entre ellas se encuentra la Fuerza Quds, una unidad especializada de la Guardia Revolucionaria que fue incorporada al registro argentino en enero de este año, junto con trece personas vinculadas a su estructura.
Posteriormente, el Ejecutivo amplió las medidas contra organizaciones iraníes, argumentando la necesidad de proteger al sistema financiero argentino y evitar que estructuras vinculadas con actividades terroristas puedan operar mediante recursos económicos o financieros.
La designación anunciada por Irán constituye una respuesta directa a esa política. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní advirtió que la Argentina deberá asumir las consecuencias de su decisión, aunque no especificó qué medidas adicionales podría adoptar.
Por el momento, la controversia se desarrolla principalmente en el terreno diplomático y jurídico, sin que se hayan anunciado nuevas restricciones operativas concretas contra las instituciones militares argentinas.
La posición del Gobierno de Milei es mantener las medidas adoptadas contra las organizaciones incluidas en el registro nacional y exigir que Irán responda a los requerimientos de la Justicia por los atentados de 1992 y 1994.
La decisión de Teherán abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y vuelve a colocar en el centro del debate internacional el reclamo argentino de verdad y justicia por las víctimas de la Embajada de Israel y la AMIA.
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