Javkin acelera con Uber después de años de multas y corralón: ¿el oficialismo ve las elecciones cerca y quiere llevarse el mérito de la legalización?
El Ejecutivo municipal envió al Concejo un proyecto para habilitar Uber, DiDi y otras plataformas después de años de controles sobre los conductores. La decisión llegó en plena ofensiva pública de La Libertad Avanza, que venía reclamando el tratamiento de su propia iniciativa y cuestionando los secuestros de vehículos. Juan Pedro Aleart convirtió el tema en una de sus principales campañas en redes.
Después de años en los que trabajar con Uber, DiDi y otras aplicaciones de movilidad podía terminar con una multa y el auto en el corralón, la Municipalidad de Rosario decidió cambiar el paso. El intendente Pablo Javkin envió este jueves al Concejo Municipal un proyecto para incorporar formalmente las plataformas al sistema de transporte de la ciudad.
La iniciativa crea una nueva modalidad para conductores particulares, establece requisitos de habilitación y seguros y propone un esquema de tarifas flexible para los viajes contratados mediante aplicaciones.
El movimiento se produjo apenas dos días después de que Juan Pedro Aleart, concejal de La Libertad Avanza, volviera a colocar el asunto en el centro de la discusión pública con una fuerte campaña en redes sociales y reclamara que el Palacio Vasallo tratara el proyecto presentado por su bloque.
El martes, El Liberador había contado cómo Aleart utilizó Instagram y X para mostrar controles municipales, cuestionar las multas y reclamar “menos prohibiciones y más libertad para moverse”. El edil libertario sostuvo además que las aplicaciones ya forman parte de la vida cotidiana de Rosario y que el Estado municipal estaba respondiendo a esa realidad con sanciones en lugar de ofrecer un marco legal.
Dos días después, el proyecto llegó desde el Palacio de los Leones. La proximidad temporal alimentó inmediatamente la disputa política sobre quién empujó finalmente una discusión que Rosario arrastra desde hace años.
De los operativos, las multas y el corralón al proyecto de legalización
El contraste es difícil de ignorar. Hasta hoy, los conductores particulares que realizan viajes mediante Uber o DiDi por fuera del régimen municipal se exponen a controles, sanciones y al traslado de sus vehículos al corralón.
El bloque de concejales de La Libertad Avanza viene denunciando esa situación y aseguró esta semana que las multas pueden acercarse a los $2,5 M, impagables para quienes viven del ingreso de su trabajo conduciendo, y que unos 2.000 vehículos por año terminan remitidos. Esas cifras fueron aportadas por el propio concejal y no corresponden a una estadística municipal desagregada publicada junto con sus declaraciones.
El proyecto que ahora impulsa el Ejecutivo plantea precisamente terminar con esas sanciones para quienes cumplan las nuevas condiciones.
Según el texto presentado por la Municipalidad, los conductores deberán contar con licencia profesional, revisión técnica y seguro específico para transporte de pasajeros, mientras que las plataformas tendrán la responsabilidad de controlar que quienes ofrecen viajes dentro de sus sistemas reúnan esos requisitos.
Las aplicaciones podrán fijar libremente el precio de cada viaje, aunque habrá un piso equivalente al valor del boleto de colectivo.
Los taxis conservarán la exclusividad para levantar pasajeros directamente en la calle. Los vehículos particulares sólo podrán hacerlo mediante un viaje previamente solicitado desde una plataforma.
El proyecto deja afuera a las motos para el transporte de pasajeros.
La Libertad Avanza venía presionando por el tratamiento
El bloque libertario no llegó a esta discusión después del anuncio municipal. Los concejales vienen reclamando desde comienzos de año que Rosario modifique su posición frente a las aplicaciones. Ya en marzo había cuestionado públicamente la política de Javkin y pedido que la ciudad avanzara con su legalización.
En los últimos días endurecieron la presión y sostuvieron que el Ejecutivo estaba «dándole la espalda a la realidad» y puso el foco sobre miles de usuarios que eligen estas plataformas y trabajadores que obtienen ingresos mediante ellas.
La campaña tuvo además un fuerte componente audiovisual. Aleart expuso en redes escenas y testimonios relacionados con los operativos y utilizó esos casos para contraponer dos modelos: mantener la lógica de sanciones o establecer reglas que permitan a las aplicaciones operar legalmente.
La consigna escogida por el edil fue directa: «No se trata de defender una aplicación, se trata de defender la libertad de trabajar y la libertad de elegir». Ese planteo pasó a ocupar un lugar cada vez más visible en la agenda política de Rosario durante la última semana.
