Pullaro VS abogados y contadores: el Colegio salió al cruce y pidió no estigmatizar a las profesiones
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió un nuevo frente de discusión al apuntar contra abogados, contadores y escribanos que, según sostuvo, forman parte de organizaciones criminales.
Durante la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, realizadas en Rosario, Pullaro planteó que la próxima etapa de la lucha contra el crimen organizado debe concentrarse no solamente en quienes ejecutan los delitos, sino también en las estructuras económicas que permiten sostenerlos.
“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, afirmó Pullaro. Fue todavía más lejos al responder a las críticas surgidas desde el ámbito de los abogados penalistas. “Que no se hagan los zonzos”, lanzó.
El problema aparece justamente ahí: una cosa es investigar a un profesional que efectivamente participa de una organización criminal y otra muy distinta es instalar sospechas sobre una actividad profesional completa a partir de casos particulares como está haciendo el gobernador.
El Colegio de Abogados no se quedó en silencio
Desde el ámbito de la abogacía se cuestionó el tono de las declaraciones y se reivindicó el rol de los defensores dentro del proceso penal.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario sostuvo que las generalizaciones resultan inapropiadas y que los profesionales del derecho actúan dentro de procesos regulados por la Constitución y las leyes. Su presidente, José Nanni, remarcó que existen mecanismos judiciales para investigar y determinar responsabilidades individuales.
La posición institucional del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe también tiene antecedentes claros sobre este tipo de discusiones. En 2025, frente al uso de la expresión “industria del juicio”, la entidad rechazó las caracterizaciones generales y reclamó que, ante supuestas malas prácticas concretas, se presenten las denuncias correspondientes ante los organismos disciplinarios para que sean investigadas.
El estatuto del propio Colegio establece entre sus funciones defender la jerarquía de la abogacía, velar por la libertad en el ejercicio profesional y combatir el ejercicio ilegal y la práctica desleal de la profesión.
Si un abogado, contador o escribano participa de una organización criminal, existen herramientas para investigarlo, imputarlo, juzgarlo y, si corresponde, condenarlo. Pero esa responsabilidad debe surgir de una investigación y de pruebas concretas, no de la pertenencia a una determinada profesión.
La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se gana con generalizaciones. Se gana identificando a quienes delinquen y llevando cada caso hasta las últimas consecuencias dentro de la ley.
