El Gobierno de Trump investiga a cinco cadenas de TV por el boicot de cobertura a la Casa Blanca
El Departamento de Justicia analiza si ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News coordinaron ilegalmente la suspensión de las transmisiones presidenciales después de que la administración retirara acreditaciones a tres medios. La investigación deberá determinar dónde termina una protesta editorial protegida y dónde podría comenzar una conducta anticompetitiva.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si cinco de las principales cadenas televisivas del país violaron las leyes antimonopolio al coordinar la suspensión temporal de la cobertura audiovisual de la Casa Blanca.
Las empresas bajo análisis son ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News, integrantes del principal pool televisivo que cubre las actividades del presidente Donald Trump.
La pesquisa se concentra en una decisión adoptada conjuntamente durante septiembre, cuando las cinco compañías dejaron temporalmente de proporcionar imágenes del mandatario después de que la Casa Blanca retirara las acreditaciones de periodistas de CNN, Politico y MS NOW.
Cómo comenzó el conflicto
El 19 de septiembre, la administración Trump bloqueó el acceso a la Casa Blanca de periodistas pertenecientes a esos tres medios.
Las organizaciones afectadas acudieron a la Justicia y denunciaron que la medida constituía una represalia por su cobertura, además de una vulneración de la Primera Enmienda.
En solidaridad, las cinco cadenas que integran el pool televisivo suspendieron conjuntamente la cobertura y se negaron a proporcionar reemplazos para las transmisiones presidenciales.
La situación cambió cinco días más tarde. El juez federal Timothy Kelly consideró que la exclusión de los periodistas probablemente era inconstitucional y ordenó restituir las credenciales. El Gobierno cumplió con esa decisión el 24 de septiembre, aunque las tensiones por el acceso a determinados actos continuaron.
El Departamento de Justicia mira ahora la coordinación entre competidores
El punto que analiza el Gobierno no es si cada cadena tenía derecho a protestar por separado.
La División Antimonopolio intenta determinar si empresas que compiten entre sí acordaron colectivamente suspender un servicio que normalmente prestan y si esa coordinación puede encuadrarse como un boicot grupal prohibido por la Ley Sherman.
“Los boicots grupales entre competidores comerciales pueden violar” las normas antimonopolio, explicó la vocera del Departamento de Justicia Emily Covington. La funcionaria aclaró que por el momento se trata de una investigación destinada a determinar si efectivamente existió una infracción.
No hubo hasta ahora una acusación formal ni una determinación de responsabilidad contra las cadenas.
Antimonopolio versus libertad de prensa
El caso abre una discusión jurídicamente compleja porque se cruzan dos principios.
Por un lado, las grandes cadenas son empresas privadas competidoras y, como cualquier otra compañía, están sujetas a las leyes que prohíben acuerdos destinados a restringir la competencia.
Por otro, la decisión que originó la investigación estuvo directamente relacionada con la actividad periodística y con una protesta frente a restricciones impuestas por el Gobierno al acceso de la prensa.
Organizaciones como el Committee to Protect Journalists cuestionaron la investigación y advirtieron que puede producir un efecto intimidatorio sobre medios que ejercen colectivamente reclamos por libertad de prensa.
La Casa Blanca, en cambio, ha mantenido durante toda la administración Trump un fuerte enfrentamiento con parte de los grandes medios estadounidenses, a los que el Presidente acusa regularmente de parcialidad y difusión de información falsa.
El desenlace dependerá ahora de una pregunta específica: si las cadenas tomaron decisiones editoriales protegidas constitucionalmente o si coordinaron entre competidores una conducta comercial alcanzada por la legislación antitrust.
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