Investigan un presunto «rulo» de u$s500 M y vuelve a quedar bajo la lupa Maguitur, la casa de cambio ligada a familiares de Ofelia Fernández
Una denuncia presentada ante la Justicia Federal de Córdoba apunta a una supuesta estructura que habría comprado dólares oficiales durante el cepo para venderlos posteriormente en el mercado paralelo.
Una investigación judicial por una presunta trama financiera de alrededor de u$s500 M volvió a poner el foco sobre una casa de cambio que años atrás había quedado relacionada públicamente con familiares de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández.
La denuncia se tramita en la Justicia Federal de Córdoba y fue impulsada por Guillermo Guiñazú, integrante de la familia fundadora de Maguitur. Según la presentación, habría funcionado una estructura dedicada a obtener dólares al tipo de cambio oficial durante la presidencia de Alberto Fernández y vender posteriormente esas divisas en el mercado paralelo, donde la cotización llegaba a duplicar o superar el valor regulado.
El expediente menciona presuntas maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera no autorizada y fraude informático. Todas esas conductas forman parte de la hipótesis de la denuncia y todavía deberán ser demostradas judicialmente.
Dólares oficiales y una supuesta salida hacia el mercado paralelo
De acuerdo con el planteo llevado a la Justicia, Maguitur habría tenido acceso privilegiado a dólares oficiales durante la vigencia del cepo cambiario mediante operaciones justificadas con una sociedad radicada en Florida, Estados Unidos.
Esas divisas, siempre según la denuncia, habrían terminado posteriormente en circuitos paralelos a un precio considerablemente superior. El monto acumulado de las operaciones sospechadas rondaría los u$s500 M.
La investigación intenta determinar si existieron contactos dentro del Banco Central que facilitaron la operatoria y si las empresas involucradas contaban con las autorizaciones correspondientes para realizar determinadas operaciones financieras.
Maguitur fue liquidada en 2020. Sin embargo, el denunciante sostiene que el cierre formal de la compañía no habría terminado con el negocio, sino que parte de la infraestructura, clientes y operatoria habría continuado de manera clandestina mediante otras sociedades y las denominadas “cuevas”.
La conexión histórica con familiares de Ofelia Fernández
El nombre de la exlegisladora volvió a aparecer públicamente por los antecedentes societarios de la firma, pero es necesario precisar el alcance de esa relación.
Documentación del propio Banco Central identificó a Ana María Mosso de Mortarotti, tía de Ofelia Fernández, como accionista de Maguitur. En una resolución administrativa vinculada con obligaciones informativas de la casa de cambio, el BCRA consignó expresamente su participación societaria.
Mosso también había ocupado la gerencia de la empresa antes de desempeñarse como ministra de Hacienda de Mendoza durante la gobernación de Arturo Lafalla. Fuentes periodísticas mendocinas registraron que integró históricamente la sociedad junto con la familia Guiñazú.
En 2019, una investigación periodística señaló además que Eva María Mosso, madre de Ofelia Fernández, trabajaba en Maguitur. La propia Ofelia respondió entonces públicamente y sostuvo que su madre era simplemente una empleada en relación de dependencia, rechazando cualquier intento de asociarla personalmente con hechos de corrupción.
Lo que la causa actual dice y lo que no dice
La distinción es clave: la nueva denuncia no convierte a Ofelia Fernández en imputada ni demuestra que haya participado de la operatoria bajo investigación.
La presentación conocida menciona específicamente a Gastón Guiñazú Boggetti, Federica Soler, Francisco Javier Lozada, Juan Pablo Mortarotti, Emiliano Guiñazú y Débora Brochero, entre otros nombres y sociedades. Uno de los señalados, Gastón Guiñazú, negó las acusaciones y atribuyó la denuncia a un conflicto familiar relacionado con una sucesión.
Tampoco surge de la información publicada hasta ahora que Eva María Mosso sea una de las personas señaladas en esta nueva causa.
El vínculo con Fernández aparece, por lo tanto, por la historia de Maguitur y por el parentesco con una antigua accionista y una exempleada de la compañía, no porque la exlegisladora figure como acusada dentro del expediente actual.
Sociedades, movimientos de dinero y pedidos de allanamiento
La denuncia describe una estructura con presuntas ramificaciones en Mendoza, Córdoba, Salta, Misiones, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. También menciona sociedades como Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.
Los abogados solicitaron informes patrimoniales, fiscales y societarios, pericias contables e informáticas, datos migratorios y registros de operaciones sospechosas. También pidieron allanamientos, congelamiento de cuentas, intervención de comunicaciones y cooperación judicial con Estados Unidos para reconstruir la titularidad y los movimientos de determinadas sociedades.
El objetivo será establecer si efectivamente existió una estructura destinada a aprovechar la brecha cambiaria mediante acceso irregular al dólar oficial o si, como sostiene al menos uno de los denunciados, las acusaciones no cuentan con respaldo probatorio.
Otra consecuencia del cepo bajo investigación
La causa vuelve además sobre uno de los aspectos más controvertidos del sistema cambiario aplicado durante el gobierno de Alberto Fernández: la coexistencia de un dólar oficial administrado por el Estado con cotizaciones paralelas considerablemente superiores.
Esa diferencia de precios generaba un incentivo económico evidente para quien pudiera acceder a divisas oficiales y revenderlas fuera de los canales autorizados. Precisamente eso es lo que ahora deberá determinar la Justicia en una investigación que calcula movimientos por alrededor de u$s500 M.
El caso recién comienza y todavía no existen condenas ni comprobación judicial de las maniobras denunciadas. Pero la aparición de Maguitur vuelve a traer al presente una empresa con un largo historial en el negocio cambiario y una conexión familiar con Ofelia Fernández que ya había provocado una fuerte polémica pública en 2019.
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