Avance de Milei por Malvinas: el Tribunal del Mar puso fecha al reclamo contra el proyecto Sea Lion
El organismo internacional convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido. El Gobierno busca impedir el avance de la explotación petrolera en áreas marítimas en disputa.
La ofensiva jurídica impulsada por el Gobierno de Javier Milei contra la explotación unilateral de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas avanzó un nuevo casillero. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas en las que analizará las medidas provisionales solicitadas por la Argentina contra el Reino Unido.
La decisión fue adoptada por el presidente del tribunal, Maurice K. Kamga, dentro del caso sobre explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental iniciado por Buenos Aires.
Argentina había presentado formalmente el pedido el 13 de octubre, luego de iniciar un procedimiento arbitral contra el Reino Unido. La estrategia apunta directamente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino reclama que Londres impida el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos vinculada a Sea Lion mientras permanece abierta la controversia entre ambos países.
También pidió que el Reino Unido se abstenga de utilizar información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos, que no adopte nuevas decisiones capaces de agravar la disputa y que no impida a la Argentina ejercer las obligaciones que invoca en materia de protección del ambiente marino.
La presentación se realizó bajo el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mecanismo que permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia.
La convocatoria representa un avance procesal importante para la Casa Rosada, aunque todavía no implica que el Tribunal haya dado la razón a la Argentina ni que haya ordenado suspender las operaciones. Esa discusión comenzará precisamente con las audiencias previstas para noviembre.
El caso supone, además, una nueva demostración de la política exterior adoptada por Milei respecto de Malvinas: mantener el reclamo histórico de soberanía argentino mientras se utilizan herramientas diplomáticas y jurídicas concretas para cuestionar decisiones unilaterales británicas sobre los recursos naturales de la zona.
El planteo argentino sostiene que Londres no puede avanzar unilateralmente sobre recursos hidrocarburíferos localizados en espacios marítimos alcanzados por una disputa internacional.
Las audiencias serán públicas y se desarrollarán en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania. Tras escuchar los argumentos de las partes, los jueces deberán resolver si corresponde aplicar las medidas provisionales reclamadas por la Argentina.
El proceso no resolverá por sí mismo la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero podría tener consecuencias concretas sobre el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur.
Para el Gobierno libertario, conseguir una medida que limite el proyecto Sea Lion significaría un fuerte triunfo diplomático frente a Londres y reforzaría la posición argentina respecto de que ningún desarrollo económico en las áreas disputadas puede realizarse ignorando los derechos reclamados por el país.
Milei lleva así el reclamo argentino por Malvinas a un terreno en el que la defensa de la soberanía se combina con presión diplomática, argumentos jurídicos y protección de los recursos naturales.
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