Escándalo institucional: Javkin mintió oficialmente a la DAIA sobre la votación que respaldó su propio partido por Palestina en el Monumento
El intendente de Rosario aseguró que el Concejo Municipal no había acompañado la iniciativa para iluminar el Monumento a la Bandera con los colores de Palestina. Sin embargo, el expediente oficial demuestra que se aprobó un decreto referido al Monumento y una resolución para el Palacio Vasallo. La votación terminó 17 a 4, con el respaldo de ocho concejales de Unidos. Tras la repercusión nacional de la investigación de El Liberador, Javkin intentó despegarse de la decisión y anunció acciones judiciales por supuesta desinformación.
Un grave escándalo institucional compromete al intendente Pablo Javkin, quien, luego de que medios como El Liberador expusieran la votación del Concejo Municipal para iluminar el Monumento Nacional a la Bandera con los colores de Palestina, envió una carta a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ofreciendo una versión que los propios documentos legislativos desmienten.
En su comunicación del 18 de noviembre, Javkin aseguró que «la mayoría del Concejo Municipal decidió no acompañarlo», en referencia al proyecto sobre el Monumento, y sostuvo que la iniciativa había quedado limitada exclusivamente al Palacio Vasallo.
Pero el expediente 283.334-P-2026 demuestra que se aprobaron dos disposiciones diferentes: un decreto dirigido al Ejecutivo para gestionar la iluminación del Monumento Nacional a la Bandera y una resolución para iluminar el Palacio Vasallo.
El tablero electrónico de la sesión del 12 de noviembre es igualmente contundente: 17 votos positivos, cuatro negativos y ninguna abstención.


Los hombres de Javkin votaron a favor
Entre quienes acompañaron la iniciativa aparecen Fabrizio Fiatti y Carolina Labayru, dirigentes de Creo, el partido del intendente.
También votaron favorablemente María Eugenia Schmuck, presidente del Concejo; Pablo Gavira, Alicia Pino, Damián Pullaro, Anahí Schibelbein y Manuel Sciutto, todos pertenecientes a distintos sectores de la coalición Unidos.
Ocho representantes de la coalición gobernante respaldaron la iniciativa que Javkin luego presentó ante la DAIA como rechazada por la mayoría.
Tras el aluvión de críticas y la repercusión nacional de la noticia difundida por El Liberador, el intendente buscó despegarse de la decisión.
Sin embargo, una votación legislativa no desaparece porque cambie el clima de la opinión pública.

El doble discurso del oficialismo ante la DAIA
El episodio adquiere una dimensión política todavía más llamativa por la participación, de Javkin y dirigentes oficialistas en el acto de renovación de autoridades de la DAIA del 17 de noviembre.
Entre los asistentes señalados se encuentran María Eugenia Schmuck, su esposo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y la concejal Carolina Labayru.
La participación de dirigentes que días antes habían respaldado la iniciativa palestina plantea interrogantes sobre la coherencia del oficialismo, especialmente en el contexto posterior a la masacre del 7 de octubre de 2023, perpetrada por Hamás contra la población civil israelí.
Conmemorar la independencia palestina no implica respaldar a Hamás. Pero la diferencia entre la votación de los dirigentes oficialistas y la explicación posterior de Javkin merece una aclaración pública.
El intento de quedar bien con todos los sectores puede terminar exhibiendo una política sin posiciones claras, donde la conveniencia parece prevalecer sobre los principios.

¿Qué hizo Javkin con el decreto que recibió el Ejecutivo?
La pregunta sigue sin respuesta.
Si el Concejo aprobó un decreto que encomendaba gestionar la iluminación del Monumento, ¿por qué Javkin aseguró que la mayoría había rechazado esa iniciativa?
El intendente confirmó que la iluminación nunca se realizó, pero no explicó qué tratamiento administrativo recibió el decreto ni si existió una decisión posterior que modificara lo aprobado.
Podía explicar que el Ejecutivo no había concretado la iluminación. En cambio, afirmó que la mayoría legislativa no había acompañado el proyecto.
Son dos cuestiones completamente diferentes.

La gravedad de acusar de desinformación a quienes publicaron documentos oficiales
La situación se agrava porque Javkin anunció acciones judiciales contra quienes generaron o difundieron información que considera falsa.
El Liberador había publicado el 16 de noviembre la aprobación del proyecto, exponiendo el acompañamiento de dirigentes del oficialismo municipal. La noticia posteriormente alcanzó repercusión nacional.
Este diario informó sobre una decisión legislativa, no sobre una iluminación efectivamente realizada.
Aunque la carta no identifica expresamente a El Liberador como destinatario de las eventuales acciones judiciales, la advertencia merece una respuesta firme: informar sobre el contenido de un expediente y una votación pública forma parte del ejercicio legítimo del periodismo.La mentira institucional que destruye la confianza en la democracia
La máxima autoridad del Poder Ejecutivo rosarino comunicó a una institución nacional una versión que contradice los registros legislativos disponibles.
Para El Liberador, estamos ante una falsedad institucional de enorme gravedad que requiere una explicación inmediata del intendente.
Cuando un jefe del Ejecutivo desconoce públicamente lo que aprobó el Concejo, sin exhibir documentación que respalde su relato, erosiona el respeto entre las instituciones y la confianza de los ciudadanos.
Después, los políticos se preguntan por qué la sociedad se cansa de ellos, por qué crece el rechazo a la dirigencia tradicional y por qué cada vez menos ciudadanos creen en sus palabras.
La respuesta está en episodios como este: gobernantes que cambian su relato frente a la controversia, niegan hechos documentados y luego responsabilizan a otros por la desconfianza que sus propias conductas generan.
Javkin debe explicar por qué afirmó ante la DAIA que el Concejo rechazó una iniciativa cuya aprobación consta en el expediente y en la votación. También debe aclarar qué hizo el Ejecutivo con el decreto.
Porque la democracia no se deteriora cuando un medio publica una votación oficial.
Se deteriora cuando el poder político intenta imponer su versión por encima de los documentos y amenaza con acciones judiciales a quienes informan sobre ellos.
