Chavismo santafesino: Pullaro reedita los «precios cuidados» del kirchnerismo
El gobierno provincial lanzó un programa de cortes de cerdo a precios acordados, emulando las fallidas políticas de control de precios del kirchnerismo. Lejos de proteger al consumidor, la intervención estatal destruye el sistema de precios relativos, anula los incentivos y condena a la economía a la escasez y la ineficiencia.
La historia económica argentina parece estar condenada a un bucle infinito donde los errores del pasado se reciclan bajo nuevos nombres. En los últimos días, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, presentó una nueva etapa del programa «Acuerdo Santa Fe», fijando un precio de $7.900 para cinco cortes de pulpa de cerdo, un valor artificialmente ubicado un 20% por debajo del mercado.
Aunque el gobernador se esfuerce en aclarar que «no hay subsidios» y hable de una virtuosa «articulación público-privada», el paralelismo es ineludible. Estamos ante una reedición provincial de los «Precios Cuidados», «Precios Justos» o «Carne para Todos» que el kirchnerismo implementó durante casi dos décadas. Los resultados de aquellos experimentos a nivel nacional están a la vista de cualquier ciudadano: estantes vacíos, racionamiento en las góndolas, destrucción del stock ganadero y liquidación de empresas productoras.
Un museo de fracasos: más de 70 años de controles
La fascinación de la dirigencia política argentina por controlar los precios no distingue ideologías ni regímenes; es una adicción transversal que sistemáticamente ha terminado en crisis. Un breve repaso histórico, como han documentado centros de estudios económicos, demuestra la terquedad de aplicar una receta que jamás funcionó:
- 1952: Durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se inauguró esta práctica con la creación de la Comisión Nacional de Precios y Salarios.
- 1967: Bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se aplicó un congelamiento enfocado principalmente en productos industriales.
- 1973: Con el Plan Gelbard, se promovió un «pacto social» que postergó negociaciones colectivas e impuso férreos controles de precios que terminaron estallando en el «Rodrigazo».
- 1977: En plena dictadura militar, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz decretó una «tregua de precios» por 120 días.
- 1985: El gobierno de Raúl Alfonsín lanzó el Plan Austral, combinando desindexación con congelamiento de precios y salarios, que derivó años después en la hiperinflación.
- 2006 en adelante: Néstor Kirchner revivió los acuerdos de precios para la canasta básica. Le siguió Cristina Kirchner con la institucionalización de los «Precios Cuidados». Incluso Mauricio Macri, en su último año, claudicó ante esta tentación con los «Productos Esenciales», para finalmente llegar al encierro de la pandemia con los «Precios Máximos» de Alberto Fernández.
Todos estos programas compartieron la misma narrativa («cuidar la mesa de los argentinos») y el mismo destino: inflación reprimida, escasez y destrucción del aparato productivo.
La destrucción del orden espontáneo
El fracaso de estas medidas no es una cuestión de mala suerte; es una consecuencia inevitable de ignorar las leyes básicas de la economía. Como bien advirtió el Premio Nobel Friedrich Hayek, el mercado funciona a través de un orden espontáneo. Los precios no son números arbitrarios fijados por la codicia empresarial, sino el sistema de transmisión de información más perfecto que existe. Indican dónde hay escasez, dónde abunda un recurso, qué demandan los consumidores y qué deben fabricar los productores.
Cuando el Estado interviene y clava un precio por decreto (o por «acuerdos» forzados bajo presión), rompe ese termómetro. Destruye los precios relativos. De repente, al productor de cerdo ya no le resulta rentable mantener su nivel de inversión o faena, porque sus costos reales siguen subiendo, mientras su precio de venta está congelado. El incentivo para producir desaparece. Por otro lado, el consumidor, frente a una carne artificialmente barata, aumenta su demanda.
¿El resultado matemático de estimular la demanda y castigar la oferta? El desabastecimiento. Lo que hoy se celebra como un «alivio para el bolsillo», mañana se traduce en letreros que dictan: «Máximo dos kilos por grupo familiar», hasta que el producto desaparece.
La trampa de la ineficiencia empresarial
El gobierno provincial argumenta que esto se logra porque los frigoríficos y supermercados «resignaron márgenes comerciales» gracias a reuniones de consenso. Aquí reside otro de los grandes daños estructurales del intervencionismo: la degradación del sector privado.
Cuando las empresas operan bajo el ala de los «acuerdos de precios» estatales, dejan de competir por ofrecer el mejor producto al mejor costo. Su rentabilidad pasa a depender de su capacidad de lobby con el burócrata de turno. Se genera un ecosistema de empresas dependientes del favor político, que terminan bajando la calidad del producto (ofreciendo cortes con más grasa o remanentes de menor valor) para poder encajar en la grilla que exige el Estado.
El espejismo del corto plazo
Es llamativo que, en pleno intento de recuperación del entramado productivo santafesino, se recurra a herramientas de probada toxicidad económica. Afirmar que mediante reuniones entre funcionarios y cámaras frigoríficas se puede domar el impacto de la inflación es desconocer siete décadas de historia nacional.
El mercado de la carne, como cualquier otro, requiere de libertad para operar e invertir. Santa Fe tiene un potencial agroindustrial formidable, pero para que sus productores prosperen, necesitan previsibilidad y mercados libres, no que un funcionario decida a qué precio deben vender el fruto de su trabajo. La intervención estatal termina siempre igual: desordenando la economía, castigando a quien produce y dejando al consumidor frente a una góndola vacía.
