Una profesional denunció por acoso y presunta corrupción al director del SAMCo de San Justo

La presentación fue radicada ante el Ministerio Público de la Acusación y señala al presidente del Consejo de Administración del hospital. La trabajadora afirma que sufrió hostigamiento, represalias y trabas administrativas desde 2021, y pidió la intervención del establecimiento.

SAMCO San Justo

Un caso profesional de la salud denunció formalmente a José Herrera, presidente del Consejo de Administración del SAMCo de San Justo, por presunto acoso laboral y supuestos hechos de corrupción dentro del establecimiento.

Según la presentación a la que accedió El Liberador la denuncia fue formalizada el 12 de julio pasado mediante el sistema de denuncias del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Allí, la trabajadora describió una sucesión de episodios que, según sostuvo, comenzaron en 2021 y continuaron hasta la actualidad.

En el escrito presentado ante el MPA, la profesional identificó directamente a José Herrera y lo señaló como responsable de una continuidad de situaciones de hostigamiento, represalias administrativas y presuntas irregularidades en el funcionamiento del hospital.

Herrera se desempeña como presidente del Consejo de Administración del SAMCo de San Justo. En la denuncia también es mencionado como empleado municipal y vinculado a áreas provinciales relacionadas con municipios y comunas.

La presentación actual no constituye una condena ni acredita por sí sola la comisión de delitos. Las acusaciones deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades competentes.

Un conflicto que comenzó varios años atrás

Los documentos aportados a este medio muestran que el conflicto cuenta con antecedentes administrativos. En 2021 se abrió el expediente provincial 00501-0181257-0, integrado inicialmente por 19 folios y caratulado como una denuncia por violencia laboral dentro del SAMCo.

El reclamo original se remontaba a una reunión de trabajo realizada el 5 de junio de 2020, en la que participaban integrantes de la Junta Evaluadora de Discapacidad y autoridades del hospital. La profesional sostuvo que fue increpada en un ambiente “hostil, burlón y descalificativo” y que recibió expresiones ofensivas delante de sus compañeros.

El expediente también contiene descargos de otros trabajadores administrativos que rechazaron las acusaciones y ofrecieron una versión diferente de algunos episodios. Esas respuestas corresponden a los hechos denunciados entre 2020 y 2021 y no constituyen un descargo de Herrera frente a la presentación realizada ante el MPA en julio de 2026.

La profesional aseguró que, con el paso del tiempo, el conflicto se trasladó al terreno administrativo. Según su relato, le cortaron licencias, demoraron la autorización de vacaciones, le exigieron recuperar horas destinadas a capacitaciones y obstaculizaron una comisión de servicio mediante la cual buscaba ser trasladada.

También afirmó que existió una resolución del Ministerio de Salud que recomendaba su reubicación en otro efector o centro de atención primaria, pero que esa medida nunca se concretó.

Frente a esas condiciones, solicitó una licencia sin goce de sueldo durante un año. La denunciante sostuvo que la tramitación fue demorada y que recibió información contradictoria sobre la fecha en que comenzaba a regir. Como consecuencia, habría percibido haberes que posteriormente debió reintegrar.

Uno de los episodios más delicados relatados por la trabajadora ocurrió mientras se encontraba de licencia en el hospital y desempeñaba funciones en otra institución.

Según contó, sus superiores le solicitaron información académica sobre una alumna que trabajaba en el SAMCo. La profesional interpretó que se pretendía avanzar con la entrega de un título pese a que la estudiante todavía adeudaba materias y se negó a realizar el trámite.

La denunciante afirmó que, aproximadamente dos semanas después, recibió una presentación del Ministerio de Salud por una supuesta incompatibilidad laboral. Sostuvo que la acusación carecía de fundamento porque en ese momento no percibía su salario hospitalario debido a la licencia sin goce de sueldo.

Como consecuencia, dijo que perdió uno de sus trabajos y debió regresar al SAMCo. Al reincorporarse, aseguró que le comunicaron que no existía un lugar disponible para ella y que desde entonces trabaja con horarios reducidos y sin un espacio fijo para atender.

La profesional interpreta esa secuencia como una represalia por haberse negado a facilitar un procedimiento que consideraba irregular. Esa vinculación forma parte de su versión y deberá ser verificada durante la investigación.

Acusaciones por manejo político del hospital

En su testimonio, la denunciante también sostuvo que el SAMCo sería utilizado como una estructura de influencia partidaria por parte de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, mediante el ingreso de personas vinculadas políticamente y el control de los representantes de instituciones que integran el Consejo de Administración.

“El hospital está manejado por la política y lo utilizan como un búnker político”, afirmó.

También relató que fue propuesta por una institución intermedia para integrarse al Consejo de Administración, pero que José Herrera rechazó su incorporación por una presunta incompatibilidad. La trabajadora considera que la decisión buscó impedir que tuviera acceso a información interna y pudiera exponer supuestas irregularidades.

La presentación ante el MPA incluye, además, referencias a presuntos casos de acoso sexual contra trabajadoras del hospital. La denunciante pidió que las autoridades provinciales intervengan el SAMCo de San Justo, no obteniendo respuesta alguna por la supuesta connivencia política. Aseguró, asimismo, que el conflicto le provocó consecuencias psicológicas, profesionales, económicas y familiares, especialmente durante el año en el que permaneció sin percibir su sueldo.

“Yo volvía llorando a mi casa. No quería renunciar, pero sentía que pretendían que me fuera”, expresó.

La acusación se encuentra ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán analizar la documentación, los expedientes administrativos, los mensajes y los testimonios ofrecidos para determinar si existieron responsabilidades.

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