Más de 60 líneas telefónicas y un iPhone de $3.5 M bajo sospecha: LLA exige explicaciones al municipio de Villa Constitución
El espacio libertario reclama conocer quiénes utilizan los teléfonos pagados con fondos públicos y bajo qué condiciones fueron asignados. Asegura que el Ejecutivo solamente identificó a tres de los 21 destinatarios de los nuevos equipos.
El manejo de los teléfonos celulares municipales abrió una nueva controversia en Villa Constitución. Desde La Libertad Avanza reclaman información sobre 61 líneas contratadas por el Ejecutivo en menos de dos años y exigen conocer el destino de los dispositivos adquiridos con fondos públicos.
El pedido impulsado por los concejales Matías Tomasi y Marianella De Los Santos busca determinar quiénes recibieron los equipos, qué funciones justificaron su entrega, qué criterios se utilizaron para asignarlos y si existe un inventario patrimonial actualizado que pueda ser controlado por el Concejo Municipal.
La discusión no se limita al número de líneas contratadas ni al precio de los aparatos. El cuestionamiento central apunta a la trazabilidad del gasto: todo bien comprado por el Estado debe tener un responsable identificado, una finalidad específica y un mecanismo de devolución cuando su usuario deja de cumplir la función para la cual le fue entregado.
Una respuesta que dejó más preguntas
Según la información difundida por La Libertad Avanza, ante el pedido de explicaciones el Municipio solamente habría identificado a tres de los 21 destinatarios correspondientes a los nuevos equipos.
El espacio opositor sostiene que tampoco se habría presentado un inventario completo que permita verificar qué dispositivos integran el patrimonio municipal, quiénes los utilizan actualmente y bajo qué modalidad administrativa fueron asignados.
La respuesta resulta especialmente relevante porque las 61 líneas telefónicas mencionadas en el reclamo no necesariamente equivalen a la misma cantidad de dispositivos. Por ese motivo, el Municipio deberá precisar cuántas líneas se encuentran activas, cuántos equipos fueron comprados, cuáles son sus usuarios y qué costo mensual representa el servicio para las cuentas públicas.
Sin esa información, el Concejo no puede determinar si los teléfonos se encuentran destinados a funciones operativas, autoridades políticas, dependencias administrativas o personas que ya no forman parte del Ejecutivo.
Un iPhone de $3.590.400, en el centro de la polémica
Uno de los puntos que mayor repercusión generó fue la adquisición de un iPhone Pro Max por un valor informado de $3.590.400.
Desde el sector denunciante señalan que uno de los dispositivos municipales estaría en poder de Nicolás Rubicini, exsecretario de Finanzas de la gestión del intendente Jorge Berti y actual concejal del bloque Juntos Avancemos.
El dato adquiere una dimensión institucional adicional: Rubicini no solamente integra el órgano encargado de controlar al Ejecutivo, sino que actualmente preside la Comisión de Hacienda, Economía y Desarrollo del Concejo Municipal.
La situación plantea varios interrogantes. Entre ellos, si el teléfono le fue entregado durante su paso por el Ejecutivo, si debía devolverlo al dejar el cargo, si posteriormente fue reasignado para su función como concejal y qué acto administrativo respalda su utilización actual.
La sola tenencia del dispositivo no permite concluir que exista una irregularidad. Para establecerlo será necesario acceder a la orden de compra, la resolución de asignación, el registro patrimonial y las condiciones bajo las cuales fue entregado. Sin embargo, tratándose de un bien adquirido con fondos públicos, su destino debe estar debidamente documentado y ser verificable.
¿Quién controla los bienes municipales?
El reclamo excede el valor de un teléfono. La cuestión de fondo es cómo administra el Municipio sus bienes y qué ocurre con ellos cuando un funcionario cambia de cargo o deja de pertenecer al Ejecutivo.
Un inventario actualizado debería indicar el modelo y número de identificación de cada dispositivo, la dependencia a la cual fue asignado, el agente responsable, la fecha de entrega y su estado actual. También tendría que registrar cualquier devolución, reasignación, baja, pérdida o rotura.
La ausencia de esa documentación —o la imposibilidad de acceder a ella— debilita el control sobre los recursos municipales y dificulta establecer responsabilidades ante eventuales faltantes.
El caso también abre una pregunta política inevitable: ¿puede un concejal controlar plenamente al Ejecutivo mientras utiliza un bien cuya asignación depende de ese mismo gobierno?
La respuesta no puede basarse en versiones ni acusaciones cruzadas. Debe surgir de documentos oficiales: inventarios, órdenes de compra, resoluciones de asignación, registros de responsables patrimoniales y rendiciones de cuentas.
La Libertad Avanza reclama transparencia
Desde La Libertad Avanza anticiparon que continuarán solicitando información para conocer el destino de cada equipo y el costo que representa para los contribuyentes el mantenimiento de las líneas municipales.
El Municipio tiene ahora la posibilidad de despejar los cuestionamientos mediante la publicación de la documentación correspondiente. Identificar a los usuarios, explicar las razones de cada asignación y exhibir el inventario permitiría determinar si los dispositivos fueron utilizados de acuerdo con las necesidades del Estado local.
Hasta que eso ocurra, las 61 líneas contratadas, los 21 nuevos equipos y el iPhone valuado en más de $3,5 millones continuarán bajo la lupa.
