La ruta del ahogo: la gestión de Nolasco Salazar que golpea al IAPOS
El déficit reconocido por el propio director, la controvertida reasignación de $57.000 millones, los reclamos judiciales por prestaciones y sus cuestionados antecedentes en el ENAPRO exponen una forma de administrar que deja al afiliado cautivo pagando las consecuencias.
Las acciones siempre terminan revelando la realidad. En el IAPOS, el relato oficial sobre eficiencia y modernización convive con déficits, reclamos por prestaciones, cobros indebidos de plus y afiliados que deben recurrir a la Justicia para obtener medicamentos o tratamientos.
Al frente del organismo se encuentra Nolasco Arsenio Salazar, un funcionario que llegó a la obra social provincial después de haber ocupado durante años la Gerencia General del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO).
Su recorrido por ambos organismos muestra una constante preocupante: estructuras estatales con recursos millonarios, afiliados sin libertad para elegir y una burocracia que difícilmente asume las consecuencias de sus decisiones.
El agujero del IAPOS y el ajuste sobre el afiliado
En mayo de 2024, el propio Salazar admitió que el IAPOS acumulaba un déficit de $8.000 millones. El funcionario explicó entonces que una parte del rojo se originaba en deudas heredadas de 2023 y en el fuerte aumento de los costos médicos posterior a la devaluación.
Sin embargo, más allá del punto de partida, la gestión quedó obligada a demostrar que podía ordenar las cuentas sin trasladar el costo a quienes sostienen obligatoriamente la obra social con sus aportes.
Los afiliados no solamente padecen el descuento mensual sobre sus salarios. También deben afrontar órdenes, bonos, coseguros, recortes en determinadas prestaciones y, en numerosos casos, el cobro indebido de un plus por parte de profesionales que alegan demoras o insuficiencias en los pagos del IAPOS.
La conducción del organismo anunció herramientas digitales, reintegros y sanciones contra los médicos que cobran adicionales fuera de convenio. No obstante, la persistencia de las denuncias demuestra que el problema continúa afectando a empleados públicos, docentes, jubilados y sus familias.
A este escenario se sumó el Decreto 1878/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que autorizó al IAPOS a transferir hasta $57.000 millones desde la Fuente 216 —Servicios Complementarios— hacia la Fuente 201 —Recursos Propios de libre disponibilidad—.
El dinero no fue enviado al Tesoro provincial, como afirmaron inicialmente algunos sectores de la oposición. Se trata de una reasignación entre dos fuentes internas del propio IAPOS.
Sin embargo, la redacción del decreto sigue planteando interrogantes. La norma califica el movimiento como un “aporte excepcional”, habilita la libre disponibilidad de los recursos y establece que serán devueltos cuando resulte factible y existan fondos suficientes, sin fijar una fecha concreta para su restitución.
La Casa Gris sostiene que se trata de una readecuación contable habitual y que el dinero continuará dentro de la obra social para atender gastos prestacionales. Pero si el movimiento es tan rutinario e inocuo como afirma el Gobierno, debería explicar públicamente cuál será el destino detallado de cada partida y bajo qué condiciones se reintegrarán los recursos.
La Fuente 216 financia prestaciones adicionales que no se encuentran comprendidas en la cobertura universal obligatoria y que son solventadas mediante aportes complementarios de los afiliados. Allí se incluyen servicios de sepelio, prótesis e implantes odontológicos, sillas de ruedas, camas ortopédicas, andadores, audífonos, pañales, internaciones geriátricas, derivaciones a centros de alta complejidad, internación domiciliaria y dispositivos para personas con diabetes, entre otras coberturas de elevado costo.
La reasignación no significa automáticamente que esas prestaciones hayan sido eliminadas. Pero resulta difícil pedir tranquilidad a los afiliados cuando se habilita el uso de hasta $57.000 millones con una promesa de devolución abierta y condicionada a una futura disponibilidad financiera.
La decisión coincidió, además, con el fuerte despliegue presupuestario provincial alrededor de los Juegos Suramericanos. El decreto no establece ninguna relación entre ambas cuestiones, pero la simultaneidad alimentó sospechas que el Gobierno solo podrá despejar con información completa y rendición de cuentas.
Afiliados obligados a recurrir a la Justicia
Los números adquieren otra dimensión cuando se observan las situaciones concretas atravesadas por los afiliados.
Uno de los casos es el de Mariano F., quien denunció que la obra social provincial dejó de pagar desde marzo el geriátrico donde permanece internada su madre, una mujer con certificado de discapacidad, postrada y con demencia.
Según relató, un fallo judicial obtenido un año antes obligaba al IAPOS a cubrir la totalidad de la prestación. Pese a ello, los pagos volvieron a interrumpirse y la familia debió asumir una deuda que no estaba en condiciones económicas de afrontar.
“Estoy endeudado con amigos porque no puedo afrontar este gasto. No tenemos casa ni auto. Soy un simple comerciante y no puedo pagar un geriátrico”, expresó el afiliado. También explicó que la jubilación de su madre se utiliza para pagar el alquiler de otro hijo de la mujer, quien también posee una discapacidad.
Otro episodio involucró a un paciente con colitis ulcerosa crónica que permanecía internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario mientras esperaba la provisión de Infliximab 500 mg.
Ante la falta de cobertura del medicamento indicado, el afiliado presentó una acción de amparo. El IAPOS negó haber actuado arbitrariamente y sostuvo que había ofrecido otra alternativa terapéutica.
El juez en lo Civil y Comercial Ezequiel Zabale, sin embargo, consideró que no estaba suficientemente explicada la causa del rechazo y ordenó entregar el fármaco de acuerdo con la prescripción médica. En su resolución remarcó que “quien determina el tratamiento es el paciente y su médico tratante”, no la obra social.
Estos casos no pueden reducirse a simples inconvenientes administrativos. Cuando una persona con discapacidad pierde la cobertura de un geriátrico o un paciente internado debe iniciar un amparo para recibir un medicamento, la burocracia deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo directo para la salud.
Los cuestionamientos por su paso por el ENAPRO
Antes de llegar al IAPOS, Salazar se desempeñó como gerente general del ENAPRO y fue uno de los principales funcionarios durante la conducción de Ángel Elías.
Su paso por el organismo portuario tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Tras el cambio de autoridades, una auditoría de la Sindicatura General de la Provincia puso bajo observación la elevada estructura salarial del ente, la escasez de inversiones realizadas durante años y gastos vinculados con viajes corporativos.
El informe reveló que algunos cargos gerenciales cobraban remuneraciones superiores al salario del entonces gobernador Omar Perotti. También consignó que tres funcionarios habían gastado alrededor de u$s150.000 en pasajes aéreos durante 2019, en un organismo que, pese a disponer de recursos considerables, arrastraba importantes necesidades de infraestructura.
Las nuevas autoridades del ENAPRO también cuestionaron que Salazar hubiera sido incorporado a la planta permanente antes del cambio de gobierno. Posteriormente fue despedido con causa en medio de una controversia por la permanencia de remolcadores en un muelle sin contrato ni facturación por el servicio, según explicó en aquel momento la conducción del ente.
Estos antecedentes no equivalen por sí mismos a una condena penal contra Salazar. Pero sí integran un historial administrativo que obliga a observar con mayor rigor su desempeño al frente de una de las cajas sociales más importantes de Santa Fe.
La puerta giratoria del Estado
El recorrido de Salazar desde el ENAPRO hasta el IAPOS expone una práctica demasiado habitual en la política provincial: funcionarios que pasan de un organismo público a otro sin que los cuestionamientos sobre sus gestiones anteriores representen un límite para sus nuevas designaciones.
Mientras tanto, los prestadores denuncian demoras, los profesionales trasladan sus reclamos mediante cobros indebidos y los afiliados quedan atrapados en una obra social a la que están obligados a aportar.
Esa afiliación compulsiva debería imponer un nivel de responsabilidad todavía mayor. Cuando una persona puede elegir su cobertura, una mala prestación tiene consecuencias para quien la administra: el cliente se marcha. En el IAPOS, en cambio, el afiliado no dispone de esa libertad. Continúa aportando aunque el servicio se deteriore y debe acudir a la Justicia cuando la administración no responde.
Por eso, lo ocurrido bajo la conducción de Salazar no puede presentarse como una sucesión de episodios aislados. Es la postal de un Estado que se muestra presente para cobrar aportes, manejar partidas y sostener estructuras burocráticas, pero que demasiadas veces desaparece cuando el ciudadano necesita una prestación.
No hacen falta más discursos sobre eficiencia ni nuevas excusas administrativas. Hace falta transparencia sobre los $57.000 millones, plazos concretos de devolución, auditorías públicas, cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales y responsabilidad personal de los funcionarios.
Porque mientras la burocracia conserva los cargos y administra las cajas, la cuenta continúa recayendo sobre los mismos de siempre: los trabajadores, los jubilados, sus familias y su salud.
