Ingresos Brutos: Catamarca avanza para eliminar el impuesto a la industria y reabre el debate fiscal
El gobierno de Raúl Jalil enviará a la Legislatura un proyecto para quitar el gravamen a la actividad fabril. La decisión vuelve a poner en discusión la competencia tributaria entre provincias y el costo que soporta el sector productivo.
En medio de un escenario económico que exige medidas concretas para impulsar la producción, la provincia de Catamarca dio un paso importante: anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a las actividades industriales.
La decisión fue anticipada por el gobernador Raúl Jalil durante un encuentro con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. El alcance definitivo de la medida se conocerá cuando ingrese el texto, especialmente porque Catamarca ya cuenta con regímenes especiales de exención para determinadas actividades.
Más allá de los detalles finales de su implementación, el anuncio representa una señal positiva e introduce un concepto fundamental para el desarrollo del país: la competencia fiscal entre provincias.
La medida contrasta con la postura adoptada hasta el momento por otras jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, la dirigencia industrial propuso aplicar una alícuota del 0% a las micro y pequeñas industrias y elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el límite de facturación para acceder al beneficio.
La administración bonaerense no aceptó implementar inmediatamente el planteo. Desde ARBA reconocieron la necesidad de avanzar hacia un esquema menos distorsivo, pero condicionaron cualquier modificación a los tiempos de una reforma tributaria más amplia y a la preservación de los recursos provinciales.
El peso del Estado en la mesa de los argentinos
El debate sobre Ingresos Brutos vuelve a poner en evidencia una realidad difícil de ignorar: la elevada presión tributaria que soporta el sector productivo argentino. Esta carga no solamente afecta a quienes invierten, producen y generan empleo, sino que también termina incorporada al precio que pagan diariamente los consumidores.
Los alimentos ofrecen uno de los ejemplos más claros. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que la carga impositiva y previsional contenida en el precio de un alimento alcanzado por la alícuota general del IVA —como sucede con los fideos— se ubica entre el 42% y el 43% del valor final.
La composición estimada de ese costo es la siguiente:
- IVA: 17,4% del precio final.
- Aportes a la Seguridad Social: 9,4%.
- Ingresos Brutos: 7,6%.
- Impuesto a las Ganancias: 4,4%.
- Impuesto al cheque: 1,9%.
- Tasas municipales de Seguridad e Higiene: alrededor del 1,5%.
La incidencia puede variar según la actividad, la jurisdicción, el tamaño del comercio y la estructura de cada cadena productiva. Sin embargo, los números muestran que una porción considerable del precio abonado en la góndola no corresponde al costo de fabricar, transportar o comercializar el producto, sino al conjunto de impuestos y contribuciones acumulados durante el proceso.
Una reducción de esta carga no garantiza por sí sola un traslado automático e inmediato a todos los precios. No obstante, crearía mejores condiciones para bajar costos, ampliar inversiones, formalizar actividades y aumentar la competencia entre empresas.
La necesidad de reformar un sistema distorsivo
Ingresos Brutos es considerado uno de los tributos más perjudiciales para la actividad económica debido a su efecto cascada. Como grava la facturación en cada eslabón de la cadena de valor, su impacto se acumula a medida que un producto atraviesa las diferentes etapas de producción y comercialización.
El impuesto se aplica incluso cuando una empresa no obtiene ganancias. Basta con facturar para que se genere la obligación tributaria, una característica que castiga especialmente a las actividades con márgenes reducidos o cadenas extensas de proveedores.
Frente a esta distorsión, tributaristas y analistas fiscales plantean desde hace años la necesidad de reemplazar el régimen. Entre las alternativas debatidas aparece la creación de un IVA dual, que combine una alícuota nacional y otra provincial, tomando como referencia procesos aplicados en otros países.
Otra posibilidad es implementar un impuesto a la última venta, cobrado únicamente sobre la operación realizada con el consumidor final. De esta manera, se evitaría gravar cada una de las etapas productivas intermedias.
Cualquiera de estas reformas requiere coordinación entre la Nación y las provincias, además de una reducción sostenida del gasto público. Bajar un impuesto para reemplazarlo inmediatamente por otra carga, aumentar la deuda o trasladar el costo al déficit solamente cambiaría el nombre del problema.
La simplificación tributaria y la formalización de la economía no deben avanzar mediante la creación de nuevos gravámenes, sino a través de un Estado más austero, eficiente y limitado.
Que una provincia tome la iniciativa de reducir impuestos marca el camino correcto. La competencia fiscal obliga a las jurisdicciones a administrar mejor sus recursos, moderar sus gastos y ofrecer condiciones más atractivas para la inversión.
Catamarca todavía deberá convertir el anuncio en una ley concreta y demostrar que la rebaja puede sostenerse sin trasladar el costo hacia otro sector. Pero la discusión ya quedó abierta: mientras algunas provincias continúan defendiendo sus cajas, otras comienzan a comprender que asfixiar al que produce no constituye una política de desarrollo viable.
