La contradicción de AUNOSA en la Ruta 34: su gerente condujo la obra que ahora impide intervenir
La concesionaria afirmó que no puede actuar sobre el tramo urbano de Sunchales porque continúa bajo ejecución y garantía de Carreteras Centrales de Argentina. Sin embargo, Oscar Terraneo, actual gerente general de AUNOSA, ya encabezaba esa empresa cuando comenzaron los trabajos. Vecinos y frentistas exigen que las nuevas obligaciones arranquen sin más excusas.
A pocos días de asumir la concesión de 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34, la empresa Autovía al Norte S.A. (AUNOSA) quedó envuelta en una incómoda contradicción por las demoras acumuladas en el tramo urbano de Sunchales.
El vocero de la compañía, Mariano Bradanini, sostuvo que la nueva operadora no podrá intervenir sobre ese sector porque la obra todavía se encuentra formalmente en ejecución y bajo la garantía de la contratista encargada de realizarla.
La explicación puede resultar válida desde el punto de vista contractual: una concesionaria no puede modificar trabajos realizados por otra empresa mientras permanezcan bajo garantía sin contar con una autorización expresa. Sin embargo, vecinos y frentistas advirtieron que la exposición omitió un dato central.
La empresa responsable de los trabajos demorados es Carreteras Centrales de Argentina S.A. (CCA) y quien ocupó un lugar determinante dentro de esa firma fue el ingeniero Oscar Terraneo, presentado ahora como gerente general de AUNOSA.
Es decir, la misma persona que estuvo vinculada con la ejecución de la obra que permanece inconclusa tendrá una función jerárquica dentro de la compañía que asumirá la operación y el mantenimiento del corredor durante los próximos 20 años.
Una responsabilidad que no desaparece con el cambio de empresa
El tramo urbano de Sunchales forma parte de una obra iniciada hace más de una década y atravesada por modificaciones técnicas, paralizaciones, reactivaciones y sucesivas extensiones de plazos.
Según el escrito difundido por vecinos y frentistas de la Ruta 34, los trabajos debían haber terminado en junio pasado. No obstante, la contratista solicitó una nueva prórroga que extendería el plazo prácticamente hasta finales de 2026.
Los firmantes remarcaron que el responsable y representante técnico de CCA es Terraneo, quien ya aparecía públicamente como gerente general de esa empresa cuando se anunció el comienzo de los trabajos en la zona urbana de Sunchales.
El señalamiento modifica el enfoque de la discusión. El problema no puede ser presentado solamente como una obra pendiente que restringe la capacidad de acción de AUNOSA ni atribuirse de manera implícita a la Dirección Nacional de Vialidad.
Vialidad Nacional actúa como organismo comitente, supervisor y responsable de controlar el cumplimiento del contrato. Sin embargo, la ejecución material, la organización de los trabajos, la disponibilidad de equipos y el cumplimiento de los plazos corresponden a la empresa contratista.
Esto no elimina la responsabilidad estatal de fiscalizar, exigir resultados y adoptar medidas ante los incumplimientos. Pero tampoco permite borrar el papel desempeñado por la firma privada que debía terminar la obra y ahora aparece vinculada, mediante uno de sus principales responsables, con la nueva etapa de la concesión.
En junio, autoridades del Distrito 7 Santa Fe de Vialidad Nacional recibieron a representantes de instituciones de Sunchales y Rafaela. Durante ese encuentro se comprometieron a avanzar con la habilitación de carriles, demarcación horizontal y trabajos de bacheo destinados a mejorar la circulación y reducir los riesgos.
Por eso, la discusión no debería utilizarse para construir una acusación unilateral contra Vialidad, sino para identificar claramente qué le correspondía cumplir a cada parte y por qué la contratista no terminó los trabajos dentro del plazo previsto.
Sunchales no puede convertirse en una excusa
AUNOSA tomará posesión del corredor el próximo 7 de octubre. Desde ese momento quedará a cargo de los servicios al usuario y del mantenimiento de la traza comprendida entre el empalme con la Ruta Nacional 19, en Angélica, y La Banda, en Santiago del Estero.
La limitación contractual sobre el tramo que permanece bajo garantía no puede convertirse en una justificación para postergar el resto de las obligaciones asumidas.
La empresa deberá desplegar cuadrillas, reparar sectores deteriorados, intervenir sobre las banquinas, corregir problemas de drenaje y avanzar con la señalización, la iluminación, la demarcación y la conservación general del corredor.
El propio Bradanini aseguró que las primeras tareas estarán dirigidas a resolver las situaciones más urgentes y sostuvo que la seguridad será la prioridad de la concesión.
Además, afirmó que “la empresa vino a cumplir, no vino a cobrar un peaje”. Esa declaración deberá ser comprobada sobre la ruta desde el primer día de operaciones.
La concesionaria también tendrá a su cargo obras obligatorias, entre ellas la construcción de una doble calzada de aproximadamente 16 kilómetros entre Rafaela y Ataliva. Aunque el contrato contempla un plazo de cinco años, AUNOSA anunció que los trabajos preliminares comenzarían desde el inicio de la operación.
Los vecinos y usuarios reclaman que ese compromiso no quede reducido a estudios, anuncios o movimientos simbólicos. Los plazos máximos establecidos en el contrato no pueden funcionar como una autorización para permanecer años sin avances visibles.
Primero las obras, después los peajes
El nuevo esquema contempla seis estaciones de peaje a lo largo del corredor. A las actuales de Ceres y Fernández se sumarán otras cuatro en Angélica, Palacios, Herrera y Pinto.
No obstante, las nuevas estaciones no podrán comenzar a cobrar hasta que se cumplan los niveles mínimos de puesta en valor establecidos en el contrato. La secuencia debe ser clara: primero una ruta segura y transitable; después, el peaje.
El modelo de concesiones impulsado por el Gobierno nacional busca reemplazar un sistema vial deficitario por otro basado en inversión, operación y mantenimiento privados. Para que funcione, las empresas deben asumir el riesgo, cumplir las obligaciones y responder con obras concretas antes de trasladar el costo a los usuarios.
En ese contexto, la llegada de AUNOSA debería estar acompañada por un cronograma público que informe las cuadrillas asignadas, los sectores que serán intervenidos, las obras obligatorias, los plazos de ejecución y aquellos tramos sobre los cuales existe alguna restricción contractual.
También deberá aclararse qué gestiones realizará la concesionaria ante Vialidad Nacional para obtener autorización en aquellos sectores donde resulte necesaria una intervención urgente.
La preocupación expresada por los vecinos y frentistas no es infundada. Quien hoy conduce la nueva concesionaria ya tuvo responsabilidades dentro de la empresa vinculada con una obra que acumula años de atrasos.
Por eso, el cambio de razón social no puede borrar los antecedentes. AUNOSA tendrá desde octubre la oportunidad de demostrar que la nueva concesión no será otra administración de barreras y promesas, sino el comienzo efectivo de las obras que la Ruta 34 necesita.
La primera señal deberá llegar rápidamente: menos explicaciones, más cuadrillas y resultados visibles sobre la calzada.
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