Con Malvinas, no: Rockhopper perdió casi 40% y Navitas cerca de 20% desde la ofensiva de Milei contra Sea Lion
Las dos compañías vinculadas con el proyecto petrolero en el Atlántico Sur sufrieron fuertes retrocesos bursátiles desde el 3 de septiembre. El Gobierno argentino abrió decenas de sumarios, presentó denuncias penales, inició un arbitraje internacional y consiguió que Halliburton se desligara de cualquier participación en el emprendimiento.
La ofensiva jurídica y diplomática del gobierno de Javier Milei contra el proyecto petrolero Sea Lion comenzó a coincidir con un fuerte deterioro bursátil de las compañías que impulsan la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Entre el 3 de septiembre y el 8 de octubre, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron alrededor de un 38% en Londres, mientras que Navitas Petroleum perdió cerca de un 20% en la Bolsa de Tel Aviv.
El punto de partida coincide con el anuncio presidencial del 3 de septiembre, cuando Milei comunicó una batería de medidas destinadas a endurecer las consecuencias para empresas, accionistas, directivos y proveedores que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.
La correlación temporal es clara, aunque las cotizaciones bursátiles pueden responder simultáneamente a múltiples factores y no permite atribuir toda la caída exclusivamente a las decisiones argentinas.
Rockhopper, la más castigada
El retroceso más pronunciado corresponde a Rockhopper Exploration.
El 3 de septiembre, sus acciones terminaron la rueda en alrededor de 78 peniques en la Bolsa de Londres. Este jueves cotizaban cerca de los 48 peniques, después de encadenar varias jornadas de fuertes bajas.
Eso representa una pérdida aproximada del 38% en poco más de un mes.
El movimiento no fue lineal. La compañía atravesó algunos rebotes durante septiembre, pero la tendencia terminó profundizándose durante los últimos días, incluida una caída superior al 15% en la sesión del 5 de octubre según los registros bursátiles. Navitas también mostró un retroceso significativo.
La petrolera israelí cerró el 3 de septiembre en 13.360 agorot y este 8 de octubre terminó en torno de 10.760, lo que implica una baja cercana al 19,5%.
Navitas posee la participación mayoritaria en Sea Lion, mientras Rockhopper mantiene una participación minoritaria relevante en el desarrollo.
El Gobierno abrió decenas de procedimientos
La reacción argentina comenzó formalmente el 3 de septiembre.
Milei dispuso avanzar con un decreto reglamentario y enviar al Congreso una iniciativa destinada a fortalecer el régimen de sanciones contra quienes participen de la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.
Un día después, Cancillería inició procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas alcanzadas por las prohibiciones previstas en la Ley 26.659.
El 8 de septiembre, el Gobierno sumó otros 15 sujetos, llevando inicialmente a 60 la cantidad de personas y empresas alcanzadas por los procedimientos administrativos.
La estrategia incluyó además denuncias penales.
El 7 de septiembre, Cancillería anunció acciones contra distintas sociedades relacionadas con Navitas y otras compañías involucradas en la exploración o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Dos días más tarde, el Ejecutivo adelantó que las denuncias también alcanzarían a directores, gerentes, administradores y representantes que hubieran intervenido en las decisiones de esas empresas.
Argentina llevó el conflicto al plano internacional
La presión no quedó limitada al derecho interno.
El 28 de septiembre, el Gobierno instruyó a Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El objetivo declarado es cuestionar la explotación petrolera de Sea Lion y otras medidas relacionadas con los recursos naturales existentes en la plataforma continental alrededor de las islas.
La Argentina sostiene que esas actividades se desarrollan dentro de un área sobre la que existe una disputa de soberanía reconocida internacionalmente y sin autorización del Estado argentino.
El Reino Unido y las autoridades isleñas rechazan esa interpretación y sostienen que tienen facultades para autorizar el desarrollo.
Halliburton se bajó de Sea Lion
Uno de los resultados concretos que el Gobierno exhibió durante los últimos días fue la decisión de Halliburton de mantenerse completamente al margen del proyecto.
El 2 de octubre, la Casa Rosada informó que la multinacional estadounidense de servicios petroleros confirmó que ninguna de sus filiales prestará servicios de exploración o producción vinculados con Sea Lion.
La decisión tiene especial peso por la dimensión internacional de Halliburton y por el creciente desarrollo de la compañía en otros mercados energéticos, incluida la Argentina.
Las empresas que lideran Sea Lion, por su parte, han sostenido que el proyecto continuará y que las medidas argentinas no modificarán su cronograma general.
Sin embargo, la necesidad de encontrar proveedores que estén dispuestos a participar sin exponerse a sanciones o conflictos regulatorios se convirtió en un nuevo factor de incertidumbre.
Una pérdida bursátil de gran magnitud
La combinación de las bajas de Rockhopper y Navitas implica una reducción significativa en la capitalización bursátil de ambas empresas.
Estimaciones realizadas sobre la variación de sus acciones ubican el retroceso conjunto en el orden de u$s1.280 M desde comienzos de septiembre, aunque el cálculo depende del número de acciones en circulación y de los tipos de cambio utilizados en cada mercado.
El impacto es especialmente sensible para Rockhopper, una compañía de menor tamaño y con una alta exposición económica al desarrollo de Sea Lion.
La empresa británica llegó a cotizar a 80 peniques el 2 de septiembre. Apenas cinco semanas después, sus acciones quedaron por debajo de los 50 peniques.
Milei endureció la política argentina sobre Malvinas
El nuevo enfoque del Gobierno combina instrumentos administrativos, judiciales, diplomáticos y legislativos.
El Decreto 868/2026 reforzó el marco para aplicar sanciones a quienes intervengan en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina alrededor de las islas. El Ejecutivo también busca ampliar el alcance de las normas vigentes mediante legislación adicional.
La estrategia marca uno de los movimientos más duros de los últimos años contra las compañías que participan de la explotación petrolera en la zona disputada.
Todavía es demasiado pronto para determinar hasta qué punto las medidas conseguirán alterar de manera permanente la viabilidad financiera de Sea Lion.
Pero el primer mes dejó dos hechos concretos: varios proveedores internacionales comenzaron a revisar su exposición al proyecto y las dos empresas que lo lideran perdieron una parte considerable de su valor bursátil.
Para la Casa Rosada, la disputa ya no se limita a declaraciones diplomáticas sobre la soberanía: el objetivo declarado es elevar también el costo jurídico y económico de explotar recursos en las Malvinas sin autorización argentina.
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