Tragedia evitable: un niño de 4 años murió tras ser entregado a su madre pese a múltiples alertas judiciales
Pese a reiteradas denuncias y alertas que advertían sobre situaciones de riesgo y con el antecedente del Caso Lucio , la justicia decidió entregar el niño a la madre contra su voluntad y hoy Ángel ya no está
Conmoción en Comodoro Rivadavia : la muerte de Ángel, un niño de apenas 4 años, volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema judicial y de protección de la infancia. El caso, atravesado por denuncias previas, advertencias ignoradas y decisiones cuestionadas, expone una cadena de fallas que terminó de la peor manera: con la pérdida de una vida que, según allegados, podría haberse evitado.
De acuerdo con el entorno familiar, el padre del menor había realizado reiteradas denuncias en las que advertía sobre posibles situaciones de riesgo si el niño quedaba bajo el cuidado de su madre. Estas presentaciones incluían señalamientos sobre el estado emocional de la mujer, posibles conductas violentas y un contexto que, a criterio del denunciante, no garantizaba la seguridad del menor.
Sin embargo, pese a estas alertas, la Justicia resolvió otorgar la custodia a la madre. La decisión, que hoy genera fuertes cuestionamientos, habría desestimado informes y advertencias previas, priorizando otros criterios que ahora son objeto de revisión pública.
El desenlace fue trágico. Ángel murió en circunstancias que aún son materia de investigación, pero que, según las primeras reconstrucciones, estarían vinculadas directamente al entorno en el que había sido ubicado por orden judicial, aseguran haber tenido múltiples golpes internos.
La madrastra del niño, Lorena Andrade, realizó fuertes declaraciones y apuntó directamente contra la madre biológica y su entorno. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”, afirmó.
El caso generó conmoción y reavivó críticas hacia los organismos encargados de proteger a niños, niñas y adolescentes. Especialistas en derecho de familia advierten que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática estructural donde muchas veces las señales de alerta no son correctamente evaluadas o no se actúa con la celeridad necesaria.
“Cuando hay denuncias reiteradas, informes y antecedentes, el principio de prevención debería ser central. El sistema no puede permitirse errores en estos casos”, señaló una fuente vinculada al ámbito judicial.
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia también se pronunciaron, exigiendo una revisión profunda de los protocolos y responsabilidades. Reclaman que se determinen posibles negligencias y que se implementen cambios concretos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En paralelo, el dolor de una familia y la indignación social crecen ante una pregunta que resuena con fuerza: ¿se podría haber evitado? ¿las politicas de perspectiva de género están por encima de la justicia?
La historia de Ángel no solo deja una tragedia irreparable, sino también un llamado urgente a revisar un sistema que, en este caso, falló en su función más básica: proteger la vida de un niño.
