Audiencia de 5 de junio Crisis institucional: el poder político va por un fiscal de San Jorge que tocó intereses sensibles
Diego Gustavo Rodríguez y Barros, fiscal adjunto con más de tres décadas de trayectoria, fue suspendido por la Legislatura santafesina en medio de un proceso que su defensa califica como “infundado y falaz”. En la zona destacan su trabajo contra delitos complejos y crece la sospecha de que su presencia habría incomodado intereses políticos, judiciales y económicos.
La provincia de Santa Fe vuelve a quedar frente a una escena conocida: cuando un funcionario judicial no responde al libreto del poder, el sistema deja de hablar de Justicia y empieza a hablar de disciplina. Esta vez, el caso tiene nombre propio: Diego Gustavo Rodríguez y Barros, fiscal adjunto con 34 años de trayectoria, que asumió por concurso en San Jorge en septiembre de 2023 y que, según denuncian desde su entorno, terminó bajo una ofensiva institucional luego de haber tocado intereses demasiado sensibles.
Lo que ocurre no parece reducirse a un simple expediente disciplinario. La suspensión preventiva dictada por la Legislatura santafesina, con reducción del salario al 50% y prohibición de ingreso a su lugar de trabajo, expone una pregunta mucho más grave: ¿quién controla a los que dicen controlar la legalidad en Santa Fe?
Porque el problema de fondo no es solo un fiscal suspendido. Es un modelo de poder donde la política conserva resortes decisivos sobre el Poder Judicial y donde las comisiones legislativas pueden transformarse, bajo determinadas mayorías, en tribunales de castigo contra quienes dejan de ser funcionales.
La defensa denuncia una acusación “infundada y falaz”
El abogado defensor de Rodríguez y Barros es Sergio Martyniuk, letrado que representa al fiscal en este proceso ante la Legislatura y que fue contundente al describir la acusación impulsada desde la Comisión de Acuerdos.
Según Martyniuk, la comisión cursó al fiscal adjunto un escrito de acusación disciplinaria “lleno de irregularidades ilegales” y con un “total y llamativo desconocimiento de la causa”. Para el abogado, esto constituye un hecho gravísimo por parte de un órgano legislativo con semejante responsabilidad institucional.
La frase central de su planteo golpea de lleno sobre el corazón del sistema santafesino: “Esto es la reacción del Estado ante la imposibilidad de avanzar en el fuero penal por inexistencia de evidencias objetivas”.
En otras palabras: si no se puede avanzar penalmente porque no hay pruebas suficientes, se activa otro camino. El camino político. El camino disciplinario. El camino donde las mayorías pesan más que las garantías.
Martyniuk lo resumió con una definición que debería encender alarmas mucho más allá de San Jorge: “Hoy la provincia de Santa Fe se halla ante un riesgo institucional silencioso”. Y agregó: “No está en juego solo la situación de un fiscal, sino algo mucho más profundo: la vigencia real del Estado de Derecho”.
Cuando los poderes no se controlan, se encubren
La gravedad del caso radica en el mecanismo. La defensa sostiene que, ante la imposibilidad de sostener una acusación penal con evidencias objetivas, se habría apelado al brazo legislativo para avanzar sobre Rodríguez y Barros. Una maniobra que, de confirmarse, desnudaría la fragilidad republicana de Santa Fe: poderes que deberían limitarse entre sí funcionando como piezas de una misma maquinaria política.
Martyniuk fue aún más directo: “Cuando el poder político utiliza su posición para construir acusaciones sin sustento, cuando se introducen evidencias cuestionables o directamente falsas y cuando además intenta limitar e incluso impedir el ejercicio del derecho de defensa, se cruza un límite peligroso”.
La advertencia es clara. Si se naturaliza que un funcionario pueda ser arrinconado mediante acusaciones débiles, procesos irregulares y castigos preventivos, el problema deja de ser individual. Pasa a ser un precedente.
“Si a cualquier ciudadano o funcionario se le puede impedir defenderse adecuadamente, entonces nadie está verdaderamente protegido”, sostuvo el abogado. Y completó: “Si los poderes del Estado, en lugar de controlarse entre sí, actúan coordinadamente sin límites claros, el sistema deja de ser una garantía y se convierte en una amenaza”.
Un fiscal que había recibido reconocimientos en la zona
El punto que vuelve todavía más llamativo el caso es que Rodríguez y Barros no venía siendo señalado por inacción. Al contrario: en la zona había recibido fuertes reconocimientos por su trabajo operativo y penal. Natalia Sánchez, de El Trébol, destacó que el trabajo con el fiscal “fue muy bueno” y que, desde lo operativo, resultó “excepcional”, al punto de remarcar: “No lo habíamos tenido con otro fiscal”. En la misma línea, el exsenador Esteban Motta sostuvo que Rodríguez y Barros fue “un fiscal que ha sido positivo” y que “ha trabajado muy bien en materia penal” en el departamento, incluso coordinando acciones y dando respuesta en situaciones complejas. Motta, además, pidió prudencia institucional: advirtió que sería injusto que la Legislatura avance en la destitución de un fiscal que luego podría resultar inocente en una causa penal.
Ese dato no es menor. En una provincia donde muchas fiscalías funcionan saturadas, donde los delitos complejos suelen quedar flotando entre expedientes lentos y responsabilidades difusas, la llegada de un fiscal con presencia territorial y capacidad operativa puede alterar equilibrios muy cómodos para demasiados sectores.
En el trasfondo aparece una sospecha que nadie debería minimizar: desde la llegada de Rodríguez y Barros se habrían terminado o reducido delitos complejos en la zona, y entre ellos uno especialmente sensible para cualquier estructura de poder territorial: la libre circulación de droga. En muchas localidades del interior, la convivencia entre delito, negocios informales, política, comisarías, fiscalías y silencios institucionales suele ser mucho más profunda de lo que aparece en los partes oficiales.
Por eso, cuando un fiscal empieza a incomodar esos circuitos, la reacción no siempre llega en forma de amenaza explícita. A veces llega con expedientes. Con comisiones. Con suspensiones. Con descuentos salariales. Con prohibiciones de ingreso. Con desgaste económico y psicológico.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿a quién molestó realmente Rodríguez y Barros en San Jorge?
La audiencia del 5 de junio
La próxima instancia clave será el viernes 5 de junio de 2026, a las 08:30, en la Sala 5 de los tribunales de Santa Fe, ubicada en San Jerónimo 1551, primer piso.
Allí se realizará una audiencia de apelación de medidas cautelares ante el juez de cámara Fernando Marcelo Gentile Bersano. La defensa estará a cargo del Dr. Sergio Martyniuk, frente a los fiscales Carlos Ernesto Arietti y Ezequiel Hernández.
No será una audiencia más. Puede transformarse en el escenario donde quede expuesta la verdadera dimensión del caso: si Santa Fe está frente a un proceso legal legítimo o ante una maniobra institucional para quebrar a un fiscal que no se alineó con los intereses del poder.
El precedente que puede caer sobre cualquiera
El derecho de defensa no es un privilegio corporativo. Es una garantía básica. Y cuando esa garantía se debilita para un fiscal, mañana puede debilitarse para cualquier ciudadano.
Por eso, el caso Rodríguez y Barros excede a San Jorge. También excede al Ministerio Público de la Acusación. Lo que se discute es si Santa Fe todavía tiene instituciones capaces de limitar al poder o si el poder político terminó colonizando los organismos que deberían controlarlo.
Martyniuk lo dijo con claridad: “Santa Fe necesita instituciones fuertes, pero sobre todo necesita instituciones justas. Sin eso, la seguridad jurídica se transforma en una ilusión”.
Y esa es la frase que debería quedar resonando. Porque cuando la Justicia se vuelve una herramienta de disciplinamiento político, el ciudadano común deja de estar protegido por la ley y pasa a quedar a merced de quienes administran el expediente, la comisión y la mayoría circunstancial.
En San Jorge no solo se juega el futuro de un fiscal. Se juega la posibilidad de saber si en Santa Fe todavía existe una Justicia independiente o si ya quedó definitivamente bajo administración del poder político.
