Dirigentes de ATE condenados por estafa en Tierra del Fuego: el negocio sindical
Carlos Córdoba y Miguel Ángel Arana recibieron cinco años de prisión por maniobras fraudulentas vinculadas a un plan de viviendas en Ushuaia. El caso vuelve a exhibir el costado más oscuro de cierta dirigencia sindical: poder, privilegios, victimización política y denuncias graves que se acumulan alrededor de los mismos nombres.
El secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y el dirigente Miguel Ángel Arana fueron condenados a cinco años de prisión por una causa de estafa vinculada al manejo de un plan de viviendas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.
La Justicia provincial los consideró penalmente responsables por maniobras fraudulentas cometidas entre diciembre de 2013 y fines de 2017, en el marco de un programa habitacional que terminó dejando como víctimas a 22 personas. Lo que en el discurso gremial aparecía como una bandera social —el acceso a la vivienda— terminó convertido, según la sentencia, en una trama de defraudación contra particulares que confiaron en la estructura sindical.
Córdoba, histórico referente de ATE en Tierra del Fuego, rechazó la acusación ante el tribunal. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó. Sin embargo, la condena fue dictada y ambos quedaron a disposición del Servicio Penitenciario.
Según se informó en medios fueguinos, Córdoba fue alojado en el pabellón 2 de la Alcaidía Central de Ushuaia, mientras que Arana fue derivado al pabellón 3, donde comenzaron a transitar sus primeras horas privados de la libertad. ATE, lejos de poner el foco en las víctimas de la estafa, salió a respaldar a su dirigente y a responsabilizar al Gobierno provincial por cualquier situación que pudiera afectar su integridad física, moral o institucional.
La reacción gremial expone una mecánica conocida: cuando el poder sindical es señalado por la Justicia, la respuesta no suele ser autocrítica ni reparación hacia los damnificados, sino cierre corporativo, victimización y construcción de una épica persecutoria. El “compañero” aparece por encima de las víctimas, por encima de los hechos y, muchas veces, por encima de la propia Justicia.
Pero el caso Córdoba no se agota en la condena por estafa. El dirigente ya había quedado envuelto en una grave denuncia por acoso, hostigamiento, violencia psicológica y pedido de favores sexuales contra una mujer de 30 años. Según la denuncia publicada en agosto de 2024, la mujer sostuvo que habría sido condicionada por una promesa laboral dentro del sindicato y que luego denunció sentirse amenazada. La Justicia de Familia de Ushuaia llegó a dictar una prohibición de acercamiento contra Córdoba.
La combinación de poder político, poder sindical, promesas laborales, dependencia económica y presuntas exigencias sexuales refleja una escena demasiado repetida en la Argentina: dirigentes que hablan en nombre de los trabajadores, de las mujeres, de los vulnerables y de la justicia social, pero que en la práctica terminan acumulando denuncias por abuso de poder.
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