El Estado al servicio de la gente: el gobierno eliminó el Día del Empleado Público
Con la publicación del Decreto 502/2024, el gobierno nacional de Javier Milei eliminó el denominado “Día del Trabajador del Estado” como feriado nacional. La norma fue firmada por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior, Guillermo Ferraro, y se inscribe en una lógica coherente con lo que el presidente prometió en campaña: terminar con los privilegios de la casta y devolverle al Estado su verdadero propósito: servir a la gente, no a la política.
El feriado, que había sido instaurado en 2013 durante el kirchnerismo, era celebrado cada 27 de junio y representaba una jornada no laborable exclusiva para los empleados públicos. La nueva medida borra de un plumazo un símbolo más de los beneficios corporativos construidos por décadas de gobiernos que usaron al Estado como botín de guerra para premiar militantes, repartir cargos y construir lealtades políticas con el dinero de todos los argentinos.
Un Estado que funciona mal porque fue creado para funcionar mal
Que se haya eliminado este feriado no es solo un gesto simbólico. Es un acto de coherencia política y de recuperación del sentido original del Estado, hoy distorsionado por capas y capas de burocracia, acomodos y reglas hechas a medida de los empleados… y no de los ciudadanos.
¿Acaso alguien puede decir con seriedad que los organismos públicos brindan un buen servicio? Basta con ver el deterioro del sistema educativo, que nos dejó fuera de las pruebas PISA; el colapso de la salud pública, donde conseguir un turno puede demorar meses; o las oficinas públicas, que cierran por asambleas, paros o celebraciones gremiales, mientras los ciudadanos hacen cola bajo el sol o la lluvia. ¿Quién responde por eso?
La realidad es que la mayoría de los organismos estatales están pensados para proteger al empleado, no al contribuyente. Y por eso sobran los ejemplos de ineficiencia, ausentismo, privilegios absurdos y falta total de productividad.
Vacaciones acumuladas… ¿mientras el país se derrumbaba?
Un ejemplo paradigmático de esta distorsión es lo que ocurrió durante la pandemia. Miles de empleados públicos no asistieron a sus puestos durante más de un año, conectándose (cuando lo hacían) desde sus casas o incluso desde destinos turísticos. Sin embargo, muchos de ellos acumularon vacaciones como si hubieran trabajado normalmente.
Hoy el Estado argentino —y, por supuesto, todos los argentinos que lo financian— aún debe miles de días de vacaciones acumuladas a empleados que no solo no trabajaron en condiciones normales, sino que aprovecharon ese desorden para sumar más beneficios a futuro.
Mientras tanto, el ciudadano común seguía pagando impuestos, recibiendo pésimos servicios y soportando el peso de un sistema injusto que siempre beneficia a los mismos.
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