Cristina Kirchner pidió frenar el remate de sus bienes: su fortuna y las 25 propiedades bajo la lupa judicial
Tras el vencimiento del plazo para pagar $684.000 millones por el caso Vialidad, la expresidenta insiste en que su patrimonio no es fruto del delito. Sin embargo, los números muestran una fortuna monumental construida a lo largo de dos décadas de poder.
Este miércoles venció el plazo judicial otorgado por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados por la causa Vialidad paguen el monto actualizado del perjuicio al Estado: $684.000 millones, una cifra avalada por peritos de la Corte Suprema y que expone una de las maniobras de corrupción más graves en la historia democrática argentina.
Pero Cristina no pagó. En su lugar, solicitó la suspensión de la ejecución patrimonial y cuestionó la base del cálculo del daño económico, al que tildó de “disparate jurídico”. Según su presentación, sus bienes no provienen del delito y, por ende, no podrían ser objeto de decomiso. Pese a su condena a seis años de prisión, que cumple en su domicilio, la expresidenta insiste en que no tiene «bienes producto del delito».
Las cifras que desmienten a Cristina: 25 propiedades, 4 hoteles y una fortuna que se multiplicó con el poder
Los datos públicos muestran otra realidad. En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, el matrimonio tenía un patrimonio neto de $7 millones. Para 2007, al dejar la presidencia, ese número ya había subido a más de $47 millones, y en 2008 se disparó a $50 millones.
En 2009, el patrimonio declarado era de $67 millones y al cierre de 2015 alcanzaba los $72.189.470, según sus propias declaraciones juradas. En esa fecha, según el gráfico elaborado por Infobae, los Kirchner poseían:
- 5 casas
- 12 departamentos
- 5 terrenos
- 4 locales comerciales
- 4 hoteles (Los Sauces, Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén)
- 3 sociedades comerciales (Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y CO.MA S.A.)
En total, al menos 26 propiedades y un entramado societario clave para los negocios familiares. Todo esto fue donado en 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, una maniobra legal interpretada por muchos como un intento de sortear futuros embargos judiciales.
A pesar de esa cesión, la Justicia aún mantiene cautelados esos bienes porque considera que el traspaso no elimina su conexión con el delito investigado. Las tres sociedades también están embargadas dentro de la causa Hotesur-Los Sauces.
Un patrimonio que se duplicó tras la presidencia y volvió a dispararse
Tras una caída en 2016, coincidiendo con la donación a sus hijos, el patrimonio neto de Cristina Kirchner volvió a crecer. En su última declaración como funcionaria pública, en 2023, registró bienes y activos por $249,4 millones. Aunque formalmente no posee inmuebles, sí declaró el usufructo de dos propiedades históricas: su departamento en Recoleta (160 m²) y su casa de El Calafate (520 m²).
El grueso de su patrimonio actual —unos $170 millones— está invertido en acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Nueva York: Apple, Mercado Libre, Microsoft, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, Visa y otras. También mantiene plazos fijos heredados de Néstor Kirchner.
En 2023, el patrimonio que había caído a $118 millones en 2022, se duplicó en un solo año, trepando a los actuales $249.421.220.
¿$684.000 millones es todo lo que se robó?
La cifra establecida como perjuicio comprobable en la causa Vialidad —$684.000 millones— corresponde exclusivamente a 51 contratos direccionados en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Pero los negocios paralelos del matrimonio Kirchner, que incluyen alquileres, hoteles, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros personales, permiten sospechar que lo comprobado judicialmente podría ser solo una parte menor del total saqueado al Estado argentino.
Una operación emblemática fue la venta de una casa en Río Gallegos a Lázaro Báez: comprada por los Kirchner en 2003 por USD 170.000, fue revendida al empresario por más de USD 900.000. La Justicia considera que esta transacción pudo haber sido un mecanismo para devolver dinero de la obra pública a través de maniobras de lavado.
¿Qué viene ahora?
Cristina Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que suspenda toda actividad patrimonial ejecutiva hasta que haya una sentencia firme sobre el monto a devolver. Sin embargo, con el plazo vencido y sin el pago realizado, el tribunal podría avanzar con el remate de los bienes embargados.
El caso podría llegar a la Corte Suprema, pero más allá del recorrido judicial, los datos ya están sobre la mesa: una fortuna descomunal construida durante 20 años de poder político, con operaciones que hoy enfrentan la lupa de la Justicia y la condena social.
