Causa Cuadernos: un exfuncionario «K» admitió que usaron fondos de un gasoducto para contratar a Ricky Martin
Anticipos millonarios para una obra estratégica, retiros en efectivo sin explicación y un show internacional: los detalles que volvieron a sacudir el juicio Cuadernos
La escena parece extraída de una serie de ficción. Mientras una obra energética considerada estratégica para el norte argentino acumulaba demoras y terminaba inconclusa, parte de los fondos entregados por el Estado a una empresa contratista quedaron bajo sospecha de haber sido desviados hacia operaciones ajenas al proyecto original. Entre los elementos que surgieron en la investigación aparece un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: la contratación del cantante puertorriqueño Ricky Martin para un evento promocional de un emprendimiento inmobiliario vinculado al empresario beneficiado con los fondos.
La revelación volvió a cobrar fuerza durante una audiencia del juicio por la causa Cuadernos, donde un exfuncionario de la AFIP confirmó haber tomado conocimiento, tanto por vías institucionales como mediáticas, de que el desarrollo inmobiliario relacionado con Raúl Vertúa había organizado un espectáculo cuya principal figura fue el artista internacional.
Detrás de ese episodio aparece una trama mucho más amplia que involucra anticipos financieros multimillonarios, una obra pública inconclusa, inversiones cuestionadas y retiros de efectivo por más de cinco millones de dólares cuyo destino nunca pudo ser determinado.
«Tuve conocimiento no sólo mediático, sino institucional»
Durante su declaración en el juicio por la causa Cuadernos, un exfuncionario de la AFIP aportó uno de los testimonios más llamativos de la jornada al referirse a la contratación de Ricky Martin por parte del emprendimiento inmobiliario vinculado a Raúl Vertúa.
Consultado sobre si recordaba haber tomado conocimiento de ese episodio, el testigo respondió afirmativamente.
«Sí, en el expediente», comenzó señalando. Luego explicó que el caso había llegado originalmente a su área a partir de una fiscalización y que, durante el desarrollo de esa inspección, recibieron antecedentes remitidos desde la región Mar del Plata.
Según relató, la información indicaba que el emprendimiento inmobiliario había contratado a Ricky Martin como parte de una estrategia comercial y promocional.
«Este emprendimiento inmobiliario había contratado a Ricky Martin y había hecho un espectáculo, un tema promocional», declaró ante el tribunal.
El exfuncionario explicó que, a partir de esa información, los inspectores comenzaron a analizar si ese gasto podía considerarse relacionado con la actividad económica declarada por la empresa.
«Se le objetó a la empresa técnicamente hablando si esa actividad era relacionada con la empresa para sostener y mantener la fuente».
Según recordó, esa observación derivó en ajustes realizados durante la fiscalización.
«Se le dedujo unos gastos que la empresa accedió»
La frase más contundente llegó cuando le preguntaron específicamente por el conocimiento que tenía sobre la contratación del artista puertorriqueño.
«Tuve conocimiento no sólo mediático, sino institucional»
La declaración adquirió especial relevancia porque ubica formalmente dentro de una investigación fiscal el episodio de la contratación de Ricky Martin, que hasta ahora era recordado principalmente por la repercusión pública que había generado.
El testimonio se incorporó en una audiencia donde también se analizaron los movimientos financieros de Servicios Vertúa, los anticipos millonarios recibidos para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y el presunto destino de parte de esos fondos hacia negocios inmobiliarios vinculados al empresario.
El gasoducto que nunca se terminó
En el centro del caso se encuentra una obra correspondiente al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), uno de los proyectos energéticos más ambiciosos impulsados durante los gobiernos kirchneristas.
La empresa Servicios Vertúa, propiedad de Raúl Vertúa, recibió en 2014 un anticipo financiero de aproximadamente 86 millones de pesos para ejecutar un tramo de alrededor de 230 kilómetros en la provincia de Salta.
Los anticipos financieros tienen una finalidad específica: permitir que las empresas contratistas afronten gastos iniciales para la ejecución de la obra adjudicada. En otras palabras, son recursos públicos entregados para garantizar que los trabajos avancen.
Sin embargo, según la documentación incorporada a la causa, la obra jamás fue concluida.
Finalmente, ENARSA rescindió el contrato en 2017. Para ese momento, el avance físico informado rondaba apenas el 53,92%.
La consecuencia fue doble: por un lado, una infraestructura estratégica quedó inconclusa; por otro, comenzaron los interrogantes sobre qué había ocurrido con los recursos públicos entregados a la contratista.
Más de cinco millones de dólares retirados en efectivo
Uno de los capítulos más impactantes de la investigación involucra movimientos de dinero en efectivo.
De acuerdo con la acusación, entre septiembre de 2014 y abril de 2015 Raúl Vertúa realizó extracciones por un total de 5.224.466 dólares.
La magnitud de la cifra ya resulta llamativa por sí sola.
Pero lo que terminó despertando aún más sospechas fue que nunca pudo establecerse con precisión cuál fue el destino final de esos fondos.
Durante años, la Justicia intentó reconstruir el recorrido del dinero.
Sin embargo, según surge de la acusación, el destino concreto de esos millones retirados en efectivo continúa sin una explicación satisfactoria.
En cualquier investigación sobre corrupción o administración irregular de fondos públicos, los movimientos de efectivo suelen constituir uno de los puntos de mayor interés para fiscales y jueces debido a las dificultades que presentan para rastrear el recorrido posterior del dinero.
El emprendimiento inmobiliario y el show de Ricky Martin
La investigación también puso el foco sobre el desarrollo inmobiliario Villarobles, un emprendimiento ubicado en la Costa Atlántica.
Según la fiscalía, parte de los recursos habría terminado vinculada a ese proyecto.
Fue en ese contexto donde apareció uno de los episodios más llamativos del expediente: la contratación de Ricky Martin para un evento promocional.
Durante su declaración en el juicio, un exfuncionario de la AFIP recordó que la información llegó inicialmente a través de antecedentes remitidos desde la región Mar del Plata.
Según explicó, el emprendimiento inmobiliario había organizado una acción promocional de gran magnitud cuyo principal atractivo fue la presencia del artista internacional.
El testigo relató que la situación generó cuestionamientos durante la fiscalización.
La preocupación giraba alrededor de una pregunta concreta: si esos gastos guardaban una relación real con la actividad empresarial que justificaba determinadas deducciones impositivas.
En su declaración señaló que la inspección terminó observando técnicamente esos gastos y que la propia empresa aceptó ajustes derivados de esa revisión.
Además, destacó que tuvo conocimiento del episodio «no sólo mediático, sino institucional».
La frase quedó registrada en la audiencia y volvió a instalar una imagen que resulta difícil de ignorar: mientras una obra pública clave para millones de argentinos permanecía inconclusa, un emprendimiento vinculado al empresario investigado realizaba eventos promocionales con figuras internacionales.
Una postal que alimenta la indignación
La contratación de Ricky Martin no constituye, por sí misma, un delito.
Sin embargo, el episodio adquiere otra dimensión cuando aparece mencionado dentro de una investigación que analiza el uso de fondos originalmente destinados a una obra pública.
Es precisamente esa combinación la que genera impacto.
Porque la discusión ya no gira únicamente en torno a un espectáculo artístico.
La pregunta que surge es mucho más profunda: qué ocurrió con recursos que tenían como objetivo financiar infraestructura energética para una región históricamente postergada. Mientras el gasoducto quedó sin terminar, los expedientes judiciales comenzaron a describir inversiones inmobiliarias, fideicomisos cuestionados, movimientos financieros complejos y retiros millonarios de efectivo.
El contraste resulta inevitable. De un lado aparece una obra pública estratégica que nunca llegó a completarse. Del otro, un entramado de negocios privados que terminó bajo la lupa de la Justicia.
El símbolo de una época
Más allá de cuál sea el desenlace judicial definitivo, el caso se convirtió en un símbolo de los cuestionamientos que durante los años kirchneristas rodearon a numerosos proyectos de obra pública en la Argentina.
La combinación de anticipos multimillonarios, controles insuficientes, contratos rescindidos y fondos cuyo destino final continúa siendo materia de investigación alimentó durante años las denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de recursos estatales.
El episodio de Ricky Martin sobresale porque resume visualmente ese contraste. La imagen de un espectáculo internacional asociado a un emprendimiento privado aparece en las antípodas de la finalidad original para la que habían sido otorgados los fondos públicos investigados.
Por eso el dato sigue generando repercusión cada vez que vuelve a mencionarse en los tribunales. Porque detrás de la anécdota del cantante internacional hay una discusión mucho más importante: la utilización de recursos que debían destinarse a una obra energética fundamental para el desarrollo del país.
Y porque, mientras el gasoducto quedó a medio hacer, las preguntas sobre el destino del dinero todavía siguen esperando respuestas definitivas.
