Milei logró una victoria clave en Diputados: avanzó el Súper RIGI y cerró el acuerdo con bonistas

El oficialismo consiguió aprobar el pago a holdouts por u$s171 millones y le dio media sanción al Súper RIGI, el régimen que busca atraer inversiones tecnológicas de gran escala. La Libertad Avanza reunió votos propios, aliados y bloques dialoguistas.

SUPER RIGI

El Gobierno de Javier Milei consiguió una victoria legislativa clave en la Cámara de Diputados. Con apoyo de aliados y sectores dialoguistas, La Libertad Avanza logró aprobar el acuerdo con bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda tras el default de 2001 y, además, le dio media sanción al denominado Súper RIGI.

La sesión fue una prueba de gobernabilidad para el oficialismo. Pese a tener una bancada minoritaria, LLA logró ordenar voluntades, reunir quórum y avanzar con dos proyectos económicos sensibles para la Casa Rosada.

El primero fue el acuerdo con los holdouts, que ya contaba con media sanción del Senado. La Cámara baja lo convirtió en ley con 139 votos a favor y 97 en contra. La norma autoriza el pago de u$s171 millones a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, acreedores que arrastraban sentencias firmes vinculadas a la deuda defaulteada en 2001.

Para el Gobierno, cerrar ese frente judicial permite reducir litigios heredados, ordenar pasivos pendientes y mejorar la posición argentina frente a los mercados internacionales. Es otro capítulo del intento oficial por normalizar la relación financiera del país después de años de incumplimientos, cepos y desconfianza.

El segundo proyecto central fue el Súper RIGI, que obtuvo media sanción con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

La iniciativa crea un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso mínimo de u$s1.000 millones. A diferencia del RIGI original, orientado a sectores como energía, minería o infraestructura, esta nueva herramienta apunta a actividades tecnológicas y productivas que todavía no tienen desarrollo significativo en la Argentina.

El proyecto incluye rubros como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos asociados a la cadena de valor del uranio.

El objetivo oficial es claro: transformar a la Argentina en un destino posible para capitales globales de largo plazo. Para eso, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por hasta 30 años.

Entre los incentivos previstos se destacan una reducción de la carga tributaria sobre Ganancias, mecanismos de amortización acelerada, exenciones arancelarias, contribuciones patronales reducidas y una liberación progresiva del acceso a divisas generadas por exportaciones.

Según el texto, luego de tres años dentro del régimen, las compañías podrán disponer libremente del 100% de los dólares obtenidos por sus ventas al exterior. Para un país que todavía arrastra restricciones cambiarias, ese punto es uno de los más relevantes para atraer inversiones.

El respaldo al proyecto llegó desde el oficialismo, el PRO, sectores de la UCR, el MID, legisladores vinculados a gobernadores y bloques provinciales. También acompañaron diputados referenciados en mandatarios como Marcelo Orrego, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Claudio Vidal y Rolando Figueroa.

La oposición kirchnerista rechazó el paquete y volvió a cuestionar los beneficios para grandes inversiones. También hubo críticas de sectores provinciales que sostienen que el régimen favorece a grandes corporaciones. Desde el oficialismo responden que, sin reglas claras y beneficios competitivos, las inversiones directamente no llegan.

La discusión volvió a exponer dos modelos. De un lado, el Gobierno apuesta por seguridad jurídica, baja de trabas, apertura al capital y normalización financiera. Del otro, el kirchnerismo y parte de la oposición insisten con una mirada de sospecha sobre el sector privado y los mercados.

Además del Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts, Diputados aprobó una serie de convenios internacionales en materia tributaria, previsional y de cooperación. Entre ellos, acuerdos para evitar la doble imposición con Francia, tratados de seguridad social con Suiza y San Marino, y un entendimiento con Italia para combatir la pesca ilegal.

La sesión dejó una señal política importante para la Casa Rosada. Después de semanas de tensión en el Congreso, el oficialismo logró pasar de la defensa a la ofensiva legislativa y ordenar una mayoría para proyectos económicos de fondo.

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