Feminismo judicial: un nene suplicó no volver con su madre y la Justicia miró para otro lado
El video de un menor aferrado a su padre en Arroyo Seco reabrió el debate sobre el sesgo ideológico en los juzgados de Familia. La causa está en manos de la jueza Silvina García, cuestionada años atrás por un pedido de juicio político tras ser acusada de presionar a una niña de seis años.
Un caso familiar ocurrido en Arroyo Seco volvió a poner bajo análisis el accionar de la Justicia de Familia en Santa Fe. En las últimas horas se viralizó un video en el que un menor aparece llorando, aferrado a su padre y manifestando que no quería irse con su madre, en medio de un operativo dispuesto por una orden judicial. «No me quiero ir. Mamá es mala«, manifestaba el pequeño entre lagrimas y alaridos.
Las imágenes generaron conmoción pública y reflejaron una vez más qué ocurre cuando los chicos expresan miedo, rechazo o angustia frente a una medida judicial, y si los tribunales escuchan realmente a los menores o aplican decisiones automáticas atravesadas por prejuicios ideológicos.
Según documentación aportada por el entorno paterno, el caso tramita ante el Juzgado Unipersonal de Familia N° 2 de Rosario. En una resolución fechada el 17 de junio de 2026, se ordenó el urgente reintegro del menor a su madre, con intervención policial, y se dispuso que la medida se cumpliera aun si el niño no se encontraba en el domicilio denunciado.
La orden también establecía que, al momento del reintegro, debían entregarse los efectos personales del menor, ropa, útiles escolares y elementos de uso cotidiano.
El hecho terminó registrado en videos que se difundieron rápidamente en redes sociales. De acuerdo al testimonio brindado a El Liberador por un familiar directo de las víctimas, las imágenes fueron tomadas el Día del Padre y muestran el momento de tensión en el que los menores se resistían al procedimiento policial.
Los videos del horror:
Denuncias previas y pedidos que no habrían sido escuchados
El entorno paterno sostiene que antes de la viralización ya existían presentaciones, denuncias y pedidos de intervención en distintas dependencias de Arroyo Seco. Entre ellas mencionan actuaciones ante la comisaría local, Desarrollo Social y el área conocida como Punto Violeta.
Según el testimonio familiar, el padre habría intentado advertir distintas situaciones vinculadas al cuidado de los niños, pero no habría recibido una respuesta adecuada. Incluso, el tío de los menores sostuvo que en una dependencia municipal llegaron a minimizar sus planteos bajo el argumento de que ese espacio estaba orientado a mujeres, niños y familias, pero no a reclamos formulados por hombres.
“Lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que presten atención”, señaló el familiar, quien aseguró que después de la viralización del video desde esa área se comunicaron con el padre para pedir disculpas y revisar lo ocurrido.
La documentación aportada también incluye un oficio policial de febrero de 2026, en el marco de actuaciones por presuntas lesiones, donde se solicitaba la realización de un examen médico a uno de los adultos involucrados. El pedido buscaba constatar si presentaba lesiones, determinar mecanismo probable de producción y estimar tiempo de curación.
El padre, según el mismo testimonio, habría pedido la tenencia de los tres menores y presentó documentación ante su abogada para solicitar que se revise la situación.
La jueza bajo la lupa
El punto más sensible del caso es la actuación de la jueza Silvina García, magistrada de Familia de Rosario. Su nombre no aparece por primera vez en una controversia pública vinculada a decisiones sobre niños.
En 2022, García fue cuestionada por un pedido de juicio político presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En aquella causa, organizaciones vinculadas a la infancia y a la asistencia de víctimas denunciaron que la magistrada habría presionado a una niña de seis años para revincularse con su padre, en un expediente atravesado por denuncias de abuso.
Según los antecedentes publicados en ese momento, la jueza fue acusada de entrevistar a la menor sin los mecanismos adecuados y de insistir con una revinculación pese al rechazo de la niña. El caso generó repudio público y abrió un debate sobre el modo en que ciertos juzgados de Familia abordan conflictos complejos con menores de edad.
En el caso de Arroyo Seco, sectores cercanos al padre sostienen que la causa habría sido leída desde una lógica sesgada, donde la palabra del hombre pesa menos y la figura materna aparece, de entrada, como prioridad casi automática. Esa mirada, denuncian, puede terminar ignorando señales de alarma cuando el riesgo no encaja con el libreto dominante.
«En los tribunales de Familia, una mala decisión puede marcar la vida de un chico. Por eso, cuando un niño llora, se aferra a uno de sus padres y dice que no quiere irse, el sistema no puede responder solo con una orden, un patrullero y un expediente cerrado», apuntaron.
El caso de Arroyo Seco se conoce en paralelo a otra tragedia que golpeó al país meses atrás. La muerte de Thiago, un niño de dos años en Salta. Su madre y la pareja de ella quedaron detenidos mientras se investiga el crimen. Según informó la Fiscalía, existían denuncias previas contra la madre por presuntos malos tratos.
El caso salteño dejó sobre la mesa la realidad cuando el Estado no escucha a tiempo, cuando minimiza alertas o cuando antepone una idea preconcebida sobre la realidad, las consecuencias pueden ser irreparables.
La jueza Silvina García tiene en sus manos una causa que exige máxima prudencia, transparencia y escucha real de los chicos. Su antecedente público vuelve inevitable una pregunta incómoda sobre la actuación de algunos tribunales de Familia: ¿se decide caso por caso o se aplica una matriz ideológica que puede poner en riesgo a los menores?
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