La Oficina de Respuesta Oficial desmiente los despidos de la CNEA
La Oficina de Respuesta Oficial desmontó una nueva campaña de desinformación impulsada por la oposición y amplificada por medios afines. No hubo un recorte del 20% del personal ni se despidió a científicos de alto nivel. La realidad expone el fin de los contratos políticos de 2023 y un intento de toma violenta en la sede central que debió ser neutralizado por la Gendarmería Nacional.
La maquinaria de la desinformación volvió a encender sus motores esta semana, intentando instalar una narrativa de crisis y desmantelamiento en uno de los organismos más prestigiosos del país. Dirigentes del kirchnerismo, gremialistas y un entramado de medios de comunicación que aún añoran los tiempos de la pauta oficial millonaria, orquestaron una operación mediática para denunciar un supuesto «despido intempestivo del 20% del personal» en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas. La Oficina de Respuesta Oficial (ORO) salió a la luz para pulverizar el relato con datos concretos, exponiendo no solo la falsedad de la premisa, sino también la violencia política que intentaron ejercer los sectores desplazados del poder.
La sociedad argentina se enfrenta, una vez más, a la disyuntiva entre la verdad fundamentada en datos de la gestión pública y el relato construido por aquellos que utilizaron el Estado como un botín durante años. La campaña de miedo, diseñada en laboratorios políticos, buscó instalar que el Gobierno Nacional estaba destruyendo la soberanía tecnológica. La realidad, documentada y oficial, demuestra exactamente lo contrario: se está limpiando al Estado de la militancia partidaria para devolverle su excelencia técnica.
La anatomía de una mentira: el falso 20% y el llanto kirchnerista
El libreto fue repetido en coro. Desde el senador Wado de Pedro hasta la diputada y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, el kirchnerismo inundó las redes sociales y los portales afines con una consigna catastrófica: el gobierno del Presidente Javier Milei estaba despidiendo a científicos, técnicos y profesionales altamente capacitados, paralizando proyectos estratégicos como el reactor CAREM y la central Atucha I.
A esta cruzada de desinformación se sumaron rápidamente dirigentes de ATE y APCNEAN, quienes, a través de comunicados y declaraciones alarmistas, afirmaron que laboratorios enteros quedarían sin operadores y que el país estaba frente a un «desguace» inminente. Portales de noticias alineados con la oposición titularon sin ruborizarse: «Despiden al 20% del personal contratado de la CNEA», afirmando que los trabajadores se enteraban de un día para el otro de su destino y pintando un escenario de terror institucional.
¿El objetivo de esta campaña? Generar pánico, desestabilizar la gestión de la CNEA y, sobre todo, proteger los privilegios de un sector que se acostumbró a utilizar los organismos científicos como trincheras ideológicas. Es la mentira de los medios pautados, que reproducen gacetillas sindicales sin chequear un solo dato, traicionando el deber de informar con la verdad.
Los datos duros: el fin del aguantadero militante
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y fue contundente. Es COMPLETAMENTE FALSO lo afirmado por el senador De Pedro y replicado por la usina mediática K. La realidad, expuesta por las autoridades, es diametralmente opuesta al drama relatado.
- No hubo despidos masivos: No se trató de una purga ni de un recorte del 20%. La medida consistió, estrictamente, en la no renovación de 61 contratos a plazo fijo que tenían fecha de vencimiento el 30 de junio de 2026.
- Contrataciones políticas recientes: La totalidad de estos 61 contratos no pertenecían a la planta permanente. Fueron incorporados durante el año 2023, en plena campaña electoral, por la gestión anterior. Una práctica clásica de la vieja política: poblar el Estado de militancia antes de abandonar el poder.
- Falta de calificación técnica: Lejos de ser los «científicos y técnicos altamente capacitados» que llora el kirchnerismo, la mayoría de estos contratos correspondían a analistas y asistentes administrativos. El dato más demoledor es que 42 de los 61 desvinculados tenían únicamente nivel educativo primario o secundario.
- Protección del personal clave: La ORO fue tajante al confirmar que ningún operador licenciado, investigador, ni personal técnico-especializado fue afectado por esta medida. Los laboratorios, el proyecto CAREM y las instalaciones de alta complejidad siguen operando con absoluta normalidad.
Esta decisión no es un ataque a la ciencia, sino un paso fundamental en el proceso de modernización que el Gobierno está llevando adelante. El objetivo es elevar a la CNEA a un nivel superior, hacerla más eficiente y orientarla exclusivamente al mérito y la capacidad técnica. El Estado no puede seguir financiando sueldos que no aportan valor agregado a la soberanía energética y tecnológica del país.
Violencia, caos y la firmeza de la Gendarmería Nacional
La desesperación de los sectores ligados a la vieja política por perder sus privilegios quedó en evidencia con la brutal reacción en la sede central de la CNEA, ubicada en la Avenida del Libertador. Lejos de ser una «protesta pacífica» o una «concentración espontánea» como intentaron vender los medios militantes, el edificio fue escenario de un intento de irrupción violenta.
Un grupo de agitadores, fogoneado por dirigentes políticos y sindicales que buscan sembrar el caos, ingresó de forma ilegal a las instalaciones. La escena fue dantesca: patearon puertas, destrozaron vidrios y amenazaron cobardemente al personal de carrera que se encontraba trabajando en sus puestos. Una verdadera demostración de fascismo sindical.
Por tratarse de una institución estratégica para la seguridad y el desarrollo de la Nación, la sede de la CNEA cuenta con custodia permanente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Ante la escalada de violencia, la agresión desmedida y el desborde provocado por los manifestantes, la fuerza federal debió solicitar refuerzos, lo que incluyó el despliegue de vehículos blindados para disuadir a los violentos. Gracias a la rápida, profesional y decidida intervención de la Gendarmería, se logró normalizar la situación, proteger a los verdaderos trabajadores y evitar daños mayores a la infraestructura del Estado.
El accionar del Gobierno del Presidente Javier Milei demuestra que el tiempo de la impunidad ha terminado. Se aplica y se seguirá aplicando mano dura contra los sectores golpistas que intentan sembrar el caos, promover la violencia política en organismos estratégicos y buscar imponer por la fuerza de los aprietes lo que no les corresponde por ley ni por mérito.
La directiva es innegociable: no se permitirá bajo ninguna circunstancia que los organismos del Estado sean utilizados como aguantaderos de militantes partidarios. Mucho menos se tolerará que facciones violentas pongan en riesgo la seguridad de instalaciones que son verdaderamente críticas para la soberanía de la Argentina.
Pauta
Es imperativo decir basta. Basta de pauta política que financia mentiras para proteger privilegios.
El Gobierno está extirpando el clientelismo que la gestión kirchnerista intentó inocular en sus últimos meses de mandato. Mientras la oposición apuesta al caos, la mentira y el desmantelamiento institucional a través de la violencia, el oficialismo responde con orden, transparencia, datos oficiales y un compromiso inclaudicable con el verdadero desarrollo nacional.
La verdad, finalmente, siempre sale a la luz.
