Fin a los privilegios de los colegios inmobiliarios: Milei impulsa una reforma para abrir el mercado y bajar costos
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario y eliminar una serie de requisitos que, según la administración de Javier Milei, encarecen las operaciones y restringen la competencia. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y forma parte de un paquete de reformas económicas.
El Gobierno nacional avanza con una nueva ofensiva desreguladora. En las próximas horas ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca transformar el funcionamiento del mercado inmobiliario, eliminando barreras que durante años beneficiaron a corporaciones profesionales y elevaron el costo de las operaciones para compradores, vendedores e inquilinos.
La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea que el corretaje inmobiliario deje de ser considerado una profesión liberal para pasar a ser un servicio de intermediación comercial. Con ese cambio de enfoque, el Ejecutivo pretende ampliar la competencia, reducir costos y facilitar el acceso a la vivienda.
Entre los principales cambios figura la eliminación de la matrícula obligatoria en los colegios profesionales para ejercer como corredor inmobiliario. También desaparecerían los honorarios mínimos obligatorios, los aranceles fijados por las entidades profesionales y la exigencia de contar con un título universitario establecida por la legislación vigente.
Otro punto central de la iniciativa es quitar a los colegios profesionales el monopolio sobre las sanciones disciplinarias. Además, dejarían de existir las penalidades por ejercer sin matrícula y las restricciones territoriales que actualmente limitan la posibilidad de operar en distintas provincias.
Para la administración libertaria, esas regulaciones constituyen barreras artificiales de ingreso que reducen la competencia y terminan trasladando mayores costos a quienes necesitan comprar, vender o alquilar una propiedad.
Sturzenegger ya había anticipado públicamente esta visión al sostener que resulta injustificable que una corporación profesional tenga la facultad de fijar precios mínimos para una actividad comercial. Desde el Gobierno consideran que el mercado debe ser quien determine el valor de los servicios y no estructuras creadas al amparo del Estado.
La reforma forma parte de un paquete más amplio de proyectos que el Ejecutivo enviará antes del receso legislativo. Además de los cambios en el mercado inmobiliario, incluye iniciativas para profundizar la desregulación del mercado de capitales, del cabotaje y de otras actividades económicas que el oficialismo considera excesivamente reguladas. El anuncio será presentado por el vocero presidencial Adrián Ravier.
Como ocurrió con otras medidas impulsadas por la administración Milei, el proyecto ya genera resistencia entre los colegios de martilleros y corredores inmobiliarios, que sostienen que la matrícula garantiza estándares profesionales y protege a los consumidores. Sin embargo, desde la Casa Rosada responden que esas estructuras funcionan como corporaciones que limitan la competencia y elevan artificialmente los costos de acceso al mercado.
El Gobierno apuesta a que una mayor libertad de contratación incentive la competencia entre operadores, reduzca el costo de las comisiones y contribuya a dinamizar un sector que considera clave para la inversión, la construcción y el acceso a la vivienda.
La iniciativa deberá ahora atravesar el debate parlamentario, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las reformas económicas que considera estratégicas dentro de su programa de desregulación del Estado y apertura de los mercados.
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