Italia se acerca a recuperar el cumplimiento de las normas fiscales de la UE tras una drástica reducción de su déficit
Italia reduce con fuerza su déficit y se acerca al límite fiscal exigido por la UE, en una mejora que fortalece sus cuentas públicas y la acerca a salir del Procedimiento de Déficit Excesivo.
Italia está a punto de alcanzar un hito fiscal que hace apenas unos años parecía política y económicamente improbable. Tras heredar uno de los mayores déficits presupuestarios de la eurozona, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha supervisado una rápida consolidación fiscal, acercando las finanzas públicas del país al histórico límite del 3% del déficit establecido por la Unión Europea. La mejora ha sido considerable.
El déficit presupuestario de Italia cayó del 7,2% del PIB en 2023 al 3,4% en 2024, para reducirse aún más hasta el 3,1 % en 2025, según datos oficiales. Tanto el Gobierno como la Comisión Europea prevén ahora que el déficit descienda por debajo del umbral fijado por la UE en 2026, con proyecciones que oscilan entre el 2,8% y el 2,9% del PIB. Este avance constituye uno de los ajustes fiscales más significativos realizados por una gran economía de la eurozona en los últimos años, contribuyendo a restablecer la confianza de los inversores y acercando a Italia a la salida del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea, el mecanismo disciplinario aplicado a los Estados miembros cuyos déficits superan los límites establecidos por las normas fiscales del bloque.
Sin embargo, la historia detrás de la recuperación fiscal italiana es más compleja que un simple relato de recortes del gasto público. Gran parte del deterioro de la posición fiscal del país no fue consecuencia de las políticas del actual gobierno, sino del persistente costo del programa Superbonus 110 %, un incentivo fiscal introducido durante la pandemia de COVID-19 para estimular las renovaciones residenciales destinadas a mejorar la eficiencia energética.
Dado que el programa permitía créditos fiscales muy generosos que podían transferirse y monetizarse, la medida generó obligaciones financieras muy superiores a las estimaciones iniciales del Gobierno. Esos costos continuaron pesando de manera significativa sobre las cuentas públicas italianas mucho tiempo después de la implementación del programa. La administración Meloni ha sostenido de forma constante que estas obligaciones heredadas explican en gran medida los elevados déficits registrados en los últimos años.
Desde que asumió el poder a finales de 2022, el Gobierno ha desmantelado progresivamente el programa, endureciendo al mismo tiempo los requisitos de acceso y limitando su impacto fiscal futuro. El ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, ha afirmado que, de no ser por los efectos contables residuales del Superbonus, Italia ya habría logrado situar su déficit por debajo del límite del 3% establecido por la Unión Europea. Actualmente, el Gobierno espera una actualización de las estadísticas de Eurostat que podría revisar el déficit de 2025 desde el 3,1% hasta una cifra inferior al 3%, lo que permitiría a Roma abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo antes de lo previsto.
Además de reducir progresivamente el Superbonus, la consolidación fiscal del Gobierno se ha apoyado en una combinación de ingresos tributarios superiores a los previstos, un sólido crecimiento del empleo, la expiración de las medidas temporales de apoyo implementadas durante la pandemia y un gasto público relativamente contenido.
A diferencia de los amplios programas de austeridad que caracterizaron parte de la crisis de deuda de la eurozona hace una década, el ajuste italiano ha evitado en gran medida profundos recortes generalizados en los servicios públicos. Los mercados financieros han respondido favorablemente. A pesar de las preocupaciones iniciales en torno a la coalición de derecha encabezada por Meloni, los costos de financiamiento de la deuda soberana italiana se han mantenido relativamente estables, mientras que el diferencial de los bonos italianos frente a los alemanes se ha reducido de manera significativa respecto de los niveles que muchos analistas temían cuando su gobierno asumió el poder. No obstante, los desafíos fiscales de Italia están lejos de haberse resuelto. El país continúa soportando una de las mayores cargas de deuda pública del mundo desarrollado, con una deuda estimada entre el 137% y el 139% del PIB, solo superada por la de Grecia dentro de la eurozona.
El débil crecimiento económico de largo plazo y las tendencias demográficas adversas continúan ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, limitando el margen de maniobra del Gobierno. Al mismo tiempo, las nuevas realidades geopolíticas están generando nuevas presiones presupuestarias. Roma se ha sumado a varios gobiernos europeos en la petición de una mayor flexibilidad fiscal por parte de Bruselas para financiar el aumento del gasto en defensa, iniciativas de seguridad energética e inversiones estratégicas en la industria.
El marco fiscal revisado de la Unión Europea ofrece cierta flexibilidad adicional para estos objetivos, aunque los economistas advierten que un incremento del gasto podría dificultar los esfuerzos de Italia por mantener el déficit por debajo del umbral del 3% en el mediano plazo. Por el momento, sin embargo, la dirección es clara.
Tras años en los que las finanzas públicas italianas eran consideradas una de las principales vulnerabilidades de la eurozona, el país ha dado pasos importantes para volver a cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea. Asimismo, ha logrado mantener sus niveles de deuda relativamente estables, especialmente en comparación con otros países como Francia, cuya relación deuda/PIB ha aumentado significativamente en los últimos años.
Que este progreso resulte duradero dependerá no solo de mantener la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad de Italia para reactivar el crecimiento económico de largo plazo, un objetivo que ha eludido a sucesivos gobiernos durante más de dos décadas.
