Justicia: piden indagar a Verbitsky, Taiana y Duhalde por el Vacunatorio VIP del kirchnerismo
A más de cinco años del mayor desfalco moral de la historia sanitaria argentina, la Justicia avanza sobre los privilegiados del poder. Mientras el gobierno de Alberto Fernández encerraba a los ciudadanos y arrastraba al país a más de 100 mil muertes, la casta política usaba al Estado como salvavidas personal.
El tiempo pasa, pero la memoria de una sociedad profundamente lastimada no perdona ni olvida. En lo que representa un avance fundamental para terminar con la impunidad del caso más indignante y cruel de la gestión de Alberto Fernández, la Justicia federal ha dado un paso firme. El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un dictamen contundente en el que solicita que se cite a declaración indagatoria a 34 personas por el escandaloso «Vacunatorio VIP» durante la pandemia.
Entre los nombres que ahora deberán dar explicaciones frente a la Justicia destacan figuras centrales del esquema de poder de aquellos años: el periodista militante Horacio Verbitsky, el exministro de Defensa y excanciller Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda «Chiche» Duhalde. La lista se completa con legisladores, sindicalistas, empresarios amigos del poder y familiares directos de funcionarios que, en el peor momento de la pandemia, decidieron que sus vidas valían más que las del resto de los argentinos.
La decisión final sobre el futuro procesal de este grupo de privilegiados está ahora en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Ella es quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal Taiano y obliga a estos referentes a sentarse en el banquillo de los acusados.
Esta medida judicial no es un capricho aislado, sino que responde a una directiva previa y taxativa de la Cámara Federal (con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens). En 2024, el tribunal de alzada ordenó profundizar la causa para «aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales». Es decir, la Justicia determinó que no solo deben pagar los exfuncionarios que organizaron el desvío de las dosis, sino también los particulares que pusieron el brazo. Esa primera parte de la causa ya fue elevada a juicio oral y público contra Marcelo Guille, Alejandro Costa y Alejandro Maceira (mientras que el exministro Ginés González García falleció recientemente tras ser procesado).
El delito de peculado
El relato del «ofrecimiento de buena fe» ha llegado a su fin. Durante años, el oficialismo y los propios implicados intentaron instalar en la opinión pública que ellos simplemente fueron víctimas de una desorganización o que recibieron una invitación que aceptaron sin mala intención. El fiscal Eduardo Taiano destruyó esta coartada con argumentos jurídicos lapidarios.
En su resolución, el fiscal imputa a los 34 beneficiados bajo la figura de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, un cargo gravísimo contra la administración pública que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.
Para la fiscalía, estas figuras no fueron meros receptores pasivos de un favor estatal. Su decisión de aceptar la vacuna Sputnik V —cuando el fármaco escaseaba a nivel mundial y los ciudadanos de a pie morían asfixiados en las terapias intensivas— fue un aporte indispensable y sustancial para consumar la maniobra ilegal. Sin la complicidad de quienes aceptaron recibir el suero robado al sistema de salud, el delito no se habría materializado.
El dictamen remarca un punto clave que destruye cualquier defensa: el orden de prioridades sanitarias era de conocimiento público y masivo. Nadie en la República Argentina, y mucho menos un expresidente, un ministro, un diputado o un periodista ultra informado, podía alegar ignorancia. Las reglas «resultaban razonablemente conocidas por la ciudadanía». Los implicados sabían perfectamente que las vacunas estaban reservadas para el personal de salud de la primera línea. Sabían que se estaban saltando la fila de manera indebida. Sabían que, al hacerlo, le estaban robando la oportunidad de vivir a quienes verdaderamente lo necesitaban.
Los tres escenarios de la infamia
La investigación judicial detalla con precisión quirúrgica cómo operó esta red de salvataje VIP en tres escenarios distintos y bochornosos:
- El «Salón VIP» en el Ministerio de Salud: El 18 de febrero de 2021, diez dosis que debían estar salvando vidas en el Hospital Posadas fueron retiradas irregularmente y trasladadas al segundo piso del Ministerio de Salud. En la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García, se montó un vacunatorio exclusivo. Allí desfilaron Horacio Verbitsky, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, el empresario marplatense Seza Manukian, y el dueño del diario La Capital, Florencio Aldrey, junto a varios de sus familiares. Para encubrir el delito y burlar los controles, nueve de estos beneficiados fueron inscriptos falsamente en el sistema oficial (NOMIVAC) bajo la categoría de «Personal Estratégico», una etiqueta que de ninguna manera les correspondía.
- Delivery de vacunas para la familia Duhalde: El cinismo alcanzó niveles inéditos el 1° de febrero de 2021. Ese día, el Estado nacional funcionó como un servicio de mensajería médica para la casta. Un vial con cinco dosis fue trasladado hasta la lujosa residencia del expresidente Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. Allí, el mismísimo subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, ofició de enfermero personal para inocular a Duhalde, a su esposa «Chiche», a sus dos hijas (María Eva y Juliana) y a su secretario privado. El fiscal Taiano fue tajante: la vacunación domiciliaria era un recurso logístico escaso, reservado estrictamente para personas con imposibilidad física de movilizarse. Duhalde no presentaba ningún impedimento. No existía para él un «régimen sanitario privilegiado». Simplemente, usó sus contactos políticos.
- El saqueo interno en el Hospital Posadas: Mientras el propio personal de salud del Hospital Posadas no había completado su esquema de vacunación, las autoridades desviaron 36 dosis adicionales para aplicarlas dentro de la propia institución a 23 personas. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, fueron seleccionadas a dedo bajo criterios de pura afinidad política, amistad o lazos familiares. Funcionarios y dirigentes afines al gobierno fueron registrados con total impunidad como «personal de salud». Entre ellos figuran Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, el ultrakirchnerista Carlos Zannini), el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, el publicista Jorge Héctor «Topo» Devoto, el periodista Gabriel Michi y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto. Los testimonios del personal médico en la causa son desgarradores: declararon haberse sentido «defraudados y estafados» por las autoridades que los mandaban al frente de batalla sin protección.
Quiénes están en la lista de los vacunados
Además del expresidente Eduardo Duhalde, de su esposa Hilda “Chiche” Duhalde y del periodista Horacio Verbitsky, el pedido de indagatorias presentado por el fiscal Taiano incluye una extensa nómina de 34 personas que accedieron a las dosis por fuera de los protocolos sanitarios.
Entre los imputados figuran:
- Empresarios y familiares: El empresario marplatense Seza Manukian y el empresario Florencio Aldrey, junto a sus familiares Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey.
- Funcionarios y dirigentes políticos: El diputado nacional y exministro Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, Filomena Marta Burgos, y el publicista y dirigente kirchnerista Jorge Héctor “Topo” Devoto.
- Entorno familiar y allegados al poder: María Eva Duhalde y Juliana Duhalde (hijas del expresidente), además de Félix Eulogio Guille (padre de Marcelo Guille, exintegrante de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud).
- Periodistas, personal y familiares de funcionarios: El periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, y Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), entre otros nombres vinculados al entorno del gobierno de Alberto Fernández.
Asimismo, el fiscal solicitó que se declare la extinción de la acción penal por muerte respecto de cuatro personas que figuraban originalmente en la investigación y fallecieron: Salomón Schachter, Carlos Alberto Mao, Lorenzo Pepe y Miguel Ángel González.
La hipocresía de los dueños de la moral
El estallido de este escándalo, provocado por la impúdica y soberbia confesión radial de Horacio Verbitsky —quien se jactó al aire de haber llamado a su «viejo amigo Ginés» para conseguir la vacuna— marcó un quiebre definitivo.
Hoy, muchos de los que orquestaron, defendieron o se beneficiaron de esta red de corrupción sanitaria se pasean por los medios de comunicación y el Congreso erigiéndose como los dueños absolutos de la moral. Dan cátedra de sensibilidad social, señalan con el dedo y exigen empatía. Sin embargo, la historia y la Justicia nuevamente los expone en su verdadera naturaleza.
El kirchnerismo hizo de la pandemia una herramienta de control social brutal, implementando la cuarentena más larga, restrictiva y cavernícola del mundo. Mientras el presidente Alberto Fernández amenazaba por cadena nacional a los ciudadanos que intentaban salir a trabajar para darle de comer a sus hijos, el poder político operaba en las sombras para garantizar su propia supervivencia y la de sus amigos.
La gestión de la pandemia de Alberto Fernández fue, a todas luces, una tragedia criminal. Más de 100.000 argentinos perdieron la vida en medio de un encierro asfixiante, con la economía destruida y una pésima, negligente e ideologizada política de compra de vacunas, sesgada por caprichos geopolíticos.
Pero lo que terminó de quebrar el alma del país fue la infinita crueldad del Estado. A la gente no la dejaban despedir a sus familiares muertos. Padres y abuelos fallecieron en soledad absoluta en camas de hospital, aislados del mundo. Hijos no pudieron cruzar las fronteras de sus propias provincias para dar un último adiós. A los ciudadanos comunes se les prohibió velar a sus seres queridos y se los persiguió con las fuerzas de seguridad por salir a caminar a una plaza.
En ese mismo instante, bajo ese mismo cielo de dolor colectivo, los funcionarios del gobierno, sus periodistas militantes y sus amigos empresarios se remangaban la camisa en despachos ministeriales, sonriendo, para recibir la vacuna que le negaban al pueblo. Ellos usaron al Estado, a ese famoso «Estado presente» del que tanto se llenan la boca, como una clínica privada para protegerse, mientas a la sociedad civil se la dejaba a la intemperie.
El pedido de indagatoria del fiscal Taiano no es simplemente un trámite burocrático o un folio más en los tribunales de Comodoro Py. Es un grito de justicia por las víctimas de una gestión gubernamental que despreció la vida humana. Es la confirmación de que el kirchnerismo instauró ciudadanos de primera, con acceso directo a la vida, y ciudadanos de segunda, condenados a la incertidumbre y a la muerte.
La resolución está ahora en el escritorio de la jueza Capuchetti. La sociedad argentina, que aún recuerda con lágrimas las piedras apiladas en Plaza de Mayo con los nombres de sus muertos, observa de cerca. No debe haber olvido ni impunidad para quienes se robaron la esperanza de una Nación.
