Diego Rodríguez y Barros: el fiscal que denunció irregularidades en el MPA a la espera de una posible destitución
A la espera de la decisión final está el fiscal que denunció irregularidades dentro del propio organismo y que, posteriormente, terminó enfrentando una sucesión de acusaciones que, según su defensa, fueron perdiendo sustento cuando aparecieron las pruebas.
Diego Gustavo Rodríguez y Barros es el fiscal que denunció presuntas irregularidades dentro del Ministerio Público de la Acusación y que actualmente, se encuentra suspendido y a la espera de una decisión que podría terminar con su destitución y una inhabilitación de diez años.
Su defensa sostiene que las acusaciones en su contra fueron construidas sobre pruebas incompletas y que, en distintos episodios, la evidencia terminó sin respaldar las imputaciones.
Uno de los casos más llamativos fue el de las cubiertas. Rodríguez y Barros fue acusado de haber simulado un delito y realizado una falsa denuncia. Sin embargo, se incorporaron fotografías, pericias sobre los neumáticos y testimonios de gomerías que, según la defensa, no respaldaron esa hipótesis. La investigación penal tampoco terminó en una acusación formal contra el fiscal.
También fue acusado de malos tratos y violencia laboral. Pero varios de los testigos mencionados en el expediente, entre ellos integrantes de la Policía de Investigaciones, describieron favorablemente su desempeño profesional y su trato.
La defensa cuestiona además testimonios de empleados que habrían manifestado previamente su enemistad con Rodríguez y Barros, pero cuyas declaraciones, según sostiene, no dejaron asentadas esas circunstancias.
Otro punto discutido es la acusación por desobediencia a la suspensión, ya que la defensa sostiene que el fiscal todavía no había sido formalmente notificado cuando concurrió a su lugar de trabajo.
El sistema Heimdall y una acusación que tampoco cierra
Otro episodio cuestionado está relacionado con el sistema informático Heimdall.
La defensa presentó una constatación notarial realizada el 27 de noviembre de 2025 y sostiene que las computadoras y el sistema presentaban vulnerabilidades y accesos compartidos.
Ese dato resulta relevante porque algunas actuaciones informáticas fueron atribuidas a Rodríguez y Barros.
Pero si existían credenciales compartidas, accesos abiertos y vulnerabilidades en el sistema, la mera aparición de una identificación informática no necesariamente permite establecer quién realizó físicamente una determinada operación.
La propia defensa sostiene que, después de que estas vulnerabilidades fueran expuestas, el MPA incorporó mecanismos adicionales de autenticación.
Nuevamente, una acusación que parecía sencilla terminó necesitando respuestas técnicas.
El caso Sarandón: otra imputación bajo cuestionamiento
También aparece el denominado caso Sarandón.
Según la defensa, Rodríguez y Barros había sido víctima de amenazas y, posteriormente, se le atribuyó una actuación vinculada a un supuesto pedido de dinero de $200.000.
Sin embargo, la presentación sostiene que quien había planteado esa suma en el marco de una salida alternativa había sido el fiscal Carlos Zoppegni y que luego la causa fue archivada.
Además, la defensa cuestiona la aparición en el sistema Heimdall de una actuación utilizando las credenciales de Rodríguez y Barros, señalando que la constatación notarial posterior habría evidenciado vulnerabilidades en los accesos.
Una vez más, la acusación quedó rodeada de interro
El audio que pone en duda la objetividad de los testimonios
A esto se suma uno de los elementos más sensibles del expediente: un registro audiovisual de una reunión del 18 de noviembre de 2025.
Según la presentación defensiva, empleados de la Unidad Fiscal de San Jorge reconocieron en esa reunión que durante sus declaraciones habían expresado su hartazgo y malestar respecto de Rodríguez y Barros.
También habrían utilizado expresiones como “no queremos que vuelva” y “ojalá que no vuelva”.
El problema, sostiene la defensa, es que esas manifestaciones de enemistad no habrían sido incorporadas a las actas de las declaraciones.
Esto es importante porque una investigación objetiva debe registrar no solamente aquello que perjudica al acusado, sino también las circunstancias que pueden afectar la credibilidad de quienes declaran en su contra.
Si efectivamente esos elementos fueron omitidos, la pregunta resulta inevitable:
¿Cuánto cambia el valor de un testimonio cuando se conoce que quien declara tenía previamente una situación de enemistad con el acusado?
Una decisión que trasciende al fiscal
La defensa sostiene que una investigación penal que no logró reunir elementos suficientes para formular una acusación terminó alimentando un proceso administrativo que ahora puede costarle más de 35 años de carrera.
Pero también plantea algo todavía más delicado: que la Legislatura pudo haber recibido una versión incompleta de la prueba, sin todos los elementos favorables al fiscal.
Por eso, el debate no debería ser Legislatura contra Rodríguez y Barros. La pregunta es si los legisladores tuvieron sobre la mesa toda la evidencia antes de decidir.
Y en este escenario, la Fiscal General María Cecilia Vranicich tiene una oportunidad institucional: garantizar que nadie dentro del MPA sea condenado por una acusación que no pueda ser demostrada y, al mismo tiempo, que cualquier irregularidad denunciada dentro del organismo sea investigada aunque incomode a la propia estructura.
La defensa reclama revisar los posibles vicios de origen, las omisiones y las responsabilidades que podrían haber existido durante la investigación.
Vranicich puede elegir mirar hacia otro lado.
O puede ordenar que se investigue.
Y si la evidencia finalmente demuestra que Rodríguez y Barros es responsable de alguna de las acusaciones, deberá responder.
Pero si, como sostiene su defensa, las acusaciones se construyeron sobre pruebas insuficientes, testimonios cuestionables y elementos de descargo omitidos, entonces la verdadera obligación institucional será otra:
impedir que un fiscal sea destituido y ensuciado simplemente porque resultó incómodo para quienes tenían poder dentro del organismo.
Una decisión que va mucho más allá de un nombre
Diego Rodríguez y Barros espera ahora una decisión que puede terminar con su carrera.
Pero el caso ya dejó de ser solamente su problema.
Es una prueba para la Legislatura.
Es una prueba para el MPA.
Y es, especialmente, una prueba para quienes tienen la responsabilidad de garantizar que las acusaciones dentro del sistema judicial se construyan con pruebas y no con relatos.
Porque en una República nadie debería perder su carrera por una acusación que no puede ser probada.
Y mucho menos un fiscal que, precisamente, había denunciado irregularidades dentro del organismo al que pertenece.
Rodríguez y Barros espera justicia. No pide privilegios: pide que las acusaciones sean demostradas.
Y hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá sobre la mesa:
¿se está juzgando al fiscal por algo que hizo o se está castigando al fiscal por haberse atrevido a denunciar lo que otros, que creen ser impunes, preferían mantener oculto?
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