Escándalo en Córdoba: renunció “Cañito” Flores tras el caso de abuso de menores que involucra a su exasesor
El legislador peronista dejó su banca después de semanas de presión política por la detención de José Villarreal, quien integraba su equipo y quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado. El caso expuso además graves interrogantes sobre los controles políticos, policiales e institucionales en el norte cordobés.
La renuncia del legislador peronista Ernesto Ramón “Cañito” Flores a su banca en la Legislatura de Córdoba puso fin, al menos en el plano político, a casi tres semanas de creciente presión por el escándalo que sacudió al norte provincial.
Flores presentó su renuncia el domingo por la noche, después de que su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra menores. La investigación judicial tiene como víctimas a cuatro adolescentes de entre 13 y 14 años.
El caso es especialmente grave porque Villarreal formaba parte del equipo de Flores como asesor legislativo. El legislador lo desvinculó una vez que quedó imputado y posteriormente solicitó licencia. Sin embargo, la decisión no consiguió detener el costo político del escándalo.
Una causa que conmocionó al norte cordobés
La investigación comenzó el 1° de julio, cuando la familia de una adolescente denunció su desaparición. La menor había dicho que se encontraría en la casa de una amiga, pero no regresó a su domicilio.
El rastreo de teléfonos celulares permitió localizarla junto con otra adolescente en Sumampa, Santiago del Estero, a unos 20 kilómetros de Villa de María del Río Seco.
A partir de allí surgieron testimonios que ampliaron la investigación y derivaron en la detención de 15 personas. Entre ellas se encuentra Villarreal, quien inicialmente fue acusado de grooming y abuso sexual y cuya imputación posteriormente fue agravada por la fiscal Analía Cepede.
El expediente generó además otra investigación vinculada con la colocación de implantes anticonceptivos a menores. Una de las adolescentes declaró que le habían colocado un chip anticonceptivo cuando tenía 11 años y otra señaló que se lo habían colocado recientemente. La Justicia busca determinar eventuales responsabilidades dentro del sistema de salud.
El antecedente que vuelve todavía más inquietante el caso
La conmoción aumentó cuando trascendió que Villarreal y su familia habían sido denunciados en 2020 por una mujer que entonces tenía 33 años, quien relató haber sufrido abusos y haber sido sometida a una situación de esclavitud cuando era menor y estaba bajo guarda de esa familia.
Aquella denuncia, según se informó, nunca llegó a la Fiscalía y quedó archivada en una comisaría.
El dato provocó nuevas preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre por qué aquella denuncia no avanzó.
En paralelo, trascendió que algunos de los abusos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente a Flores. El legislador no se encuentra imputado en esta causa, una precisión que la propia Fiscalía realizó públicamente y que resulta fundamental para diferenciar las responsabilidades penales que están siendo investigadas.
Pero que Flores no esté imputado no elimina el debate político.
Una renuncia que no implica admitir las acusaciones
En su carta, el legislador negó cualquier reconocimiento de las acusaciones formuladas públicamente en su contra.
Flores sostuvo que había sido víctima de una “campaña de difamación y de descalificación personal” y afirmó que quienes realizan acusaciones deben demostrar sus dichos ante la Justicia.
También aseguró tener la “conciencia absolutamente tranquila” y dejó expresamente establecido que su renuncia no significa reconocer ninguna de las acusaciones formuladas en su contra.
Es una aclaración relevante: Flores deja la Legislatura, pero la investigación judicial continúa y su eventual responsabilidad deberá determinarse exclusivamente mediante las pruebas incorporadas al expediente.
Siempre es un peronista
Existen diversos antecedentes judiciales de relevancia pública en Argentina que involucran a figuras de perfil o afiliación política vinculada al peronismo en causas de abuso sexual, violencia de género o delitos contra menores.
La situación procesal y los hechos investigados en los casos mencionados se estructuran de la siguiente manera:
- José Alperovich (Exgobernador y exsenador de Tucumán): En junio de 2024, la Justicia dictó una condena de 16 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable de múltiples hechos de abuso sexual y tentativas de violación contra su sobrina segunda y exasesora. El fallo dictaminó además su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Fernando Espinoza (Intendente de La Matanza): Fue procesado por la Justicia por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial a raíz de la denuncia presentada por una exempleada. La Cámara del Crimen ratificó el procesamiento, y la causa avanza hacia la instancia de juicio oral.
- Ezequiel Guazzora (Periodista y militante): Detenido en 2023 tras permanecer prófugo de la Justicia, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en una causa investigada por la Justicia Federal.
- Alberto Fernández (Expresidente de la Nación): Fue imputado por la Justicia Federal por violencia de género a raíz de la denuncia penal presentada por su expareja, Fabiola Yáñez. La causa investiga presuntas lesiones graves, lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas durante su mandato.
