Aseguran que la jueza que frenó la Ley Penal Juvenil habría actuado por pedido de Kicillof
El periodista Eduardo Feinmann aseguró que Marta Elba Pascual admitió ante personas de su entorno que suspendió la normativa durante 60 días por indicación del gobernador y del diputado Mariano Cascallares. La versión todavía no fue corroborada judicialmente.
La polémica por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un capítulo de enorme gravedad institucional. El periodista Eduardo Feinmann aseguró que la jueza bonaerense Marta Elba Pascual habría reconocido en conversaciones privadas que tomó la decisión por pedido del gobernador Axel Kicillof y del diputado provincial peronista Mariano Cascallares.
La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso que la Ley 27.801 no se aplique durante 60 días en la provincia de Buenos Aires. La norma, sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, redujo de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal.
Según relató Feinmann, la información llegó a través de una persona muy cercana a Pascual, quien habría escuchado las explicaciones de la propia jueza después de que su resolución provocara fuertes cuestionamientos políticos y judiciales.
“Hice lo que me pidieron Cascallares y Kicillof. Ahora me dejan sola”, habría manifestado la magistrada ante integrantes de su entorno.
La versión no fue acompañada hasta el momento por grabaciones, documentos ni una declaración pública de Pascual. Por lo tanto, se mantiene como una revelación periodística que deberá ser corroborada. Sin embargo, el señalamiento profundiza las sospechas sobre las motivaciones que rodearon un fallo que ya había generado pedidos de jury, denuncias penales y una apelación fiscal.
Durante su programa, Feinmann sostuvo que personas con conocimientos jurídicos cercanas a Pascual comenzaron a cuestionarla por los alcances de la medida. Ante esas críticas, la magistrada habría insistido en que respondió a un pedido político del gobernador y de Cascallares.
El periodista la desafió públicamente a pronunciarse y explicar si efectivamente existieron instrucciones externas detrás de su decisión.
El señalamiento resulta especialmente delicado porque Cascallares integra Unión por la Patria y es uno de los dirigentes vinculados con el armado bonaerense de Kicillof. Además, posee una extensa trayectoria política en Almirante Brown, distrito perteneciente al mismo departamento judicial en el que se desempeña Pascual.
Si la versión fuera confirmada, el caso dejaría de ser solamente una controversia sobre los límites de una medida cautelar. También abriría interrogantes sobre una posible injerencia del poder político bonaerense en una resolución judicial destinada a bloquear temporalmente una ley nacional.
El fallo que paralizó la aplicación de la ley
Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
La jueza no declaró inconstitucional ni anuló definitivamente la Ley 27.801. Sin embargo, ordenó que no fuera aplicada durante 60 días dentro del territorio bonaerense, la jurisdicción más poblada del país.
Como fundamento, sostuvo que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años al sistema penal podría provocar un colapso en los institutos provinciales debido a problemas de infraestructura, capacidad operativa y disponibilidad de personal especializado.
También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades bonaerenses deberán informar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen.
La legislación redujo de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede responder penalmente por un delito. También estableció un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohibió la prisión perpetua para menores e incorporó medidas alternativas y sistemas de monitoreo.
La norma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso: obtuvo 149 votos afirmativos en Diputados y posteriormente fue convertida en ley por el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La Fiscalía apeló y denunció un avance sobre el Congreso
El fiscal penal juvenil de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, apeló la resolución y pidió que la cautelar pierda efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.
El representante del Ministerio Público sostuvo que la decisión provoca un perjuicio institucional de extrema gravedad y cuestionó que un hábeas corpus pueda utilizarse para impedir la aplicación de una norma nacional sancionada, promulgada y vigente.
Según el fiscal, no se acreditó la existencia de un acto concreto, ilegal o arbitrario que afectara la libertad de los adolescentes alcanzados por la nueva legislación. Por ese motivo, consideró que Pascual se basó en una hipótesis futura para avanzar sobre competencias que corresponden al Poder Legislativo.
La organización Usina de Justicia, fundada por Diana Cohen Agrest, también presentó una denuncia penal contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Además, solicitó intervenir como amicus curiae en el expediente.
La Libertad Avanza impulsará su destitución
La resolución generó una inmediata reacción de La Libertad Avanza, que anunció que promoverá un jury contra Pascual.
El presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, calificó el fallo como profundamente antidemocrático y cuestionó que una jueza provincial de primera instancia pueda bloquear la aplicación de una ley nacional.
El diputado bonaerense Manuel Passaglia también anticipó que presentará un pedido de enjuiciamiento. Desde el oficialismo sostienen que la magistrada excedió sus atribuciones y terminó garantizando que los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos continúen siendo considerados inimputables en territorio bonaerense.
La senadora Patricia Bullrich rechazó la cautelar y afirmó que no corresponde que Pascual decida si la provincia cuenta o no con condiciones para cumplir la ley. Para la dirigente libertaria, es responsabilidad del gobierno de Kicillof adecuar los establecimientos y aportar los recursos necesarios.
El expresidente Mauricio Macri también calificó la medida como inaceptable y advirtió que altera el equilibrio entre los poderes del Estado.
Una acusación que agrava el escándalo
La denuncia pública de Feinmann incorpora ahora una sospecha política a una controversia que ya había desbordado el terreno estrictamente jurídico.
Hasta que aparezcan pruebas o testimonios directos, no puede afirmarse como un hecho que Pascual haya recibido instrucciones de Kicillof o Cascallares. Pero la versión exige una respuesta clara de los involucrados, especialmente ante la magnitud de la decisión adoptada.
La Cámara deberá resolver la apelación presentada por la Fiscalía, mientras avanzan las denuncias y los pedidos de enjuiciamiento contra la magistrada.
Si se comprobara que una ley votada por el Congreso fue paralizada por pedido del poder político bonaerense, el episodio configuraría un escándalo institucional mucho más profundo que una diferencia de interpretación jurídica: demostraría que el aparato kirchnerista intentó utilizar la Justicia para bloquear una reforma que no pudo detener en el Parlamento.
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