Chau al modelo Galmarini: Milei privatizó AySA y un consorcio pagó u$s340 M por el 90%
Rowing, Transclor, Arcos y PHX Aqua superaron la oferta de Roggio y se quedaron con el paquete estatal de la compañía de agua y saneamiento. El nuevo operador tendrá una concesión por 30 años y deberá invertir al menos u$s2.000 M durante el primer lustro. AySA había recibido más de u$s13.400 M del Tesoro entre 2006 y 2023.
El Gobierno de Javier Milei terminó de ponerle fecha de vencimiento al modelo estatal de AySA. Un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor presentó una oferta de u$s340,2 M y se quedó con el 90% de las acciones que estaban en manos del Estado Nacional, además del derecho a operar durante tres décadas el servicio de agua potable y cloacas que alcanza a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.
El nuevo operador deberá asumir plenamente entre enero y febrero de 2027, cuando comience una etapa completamente distinta para una compañía que durante casi dos décadas dependió de millonarias transferencias públicas.
La oferta ganadora superó ampliamente los u$s285 M presentados por el Grupo Roggio, el otro competidor que había quedado en carrera. El precio final, sin embargo, quedó por debajo de las expectativas iniciales del equipo económico, que calculaba obtener entre u$s450 M y u$s500 M.
Quiénes se quedaron con AySA
El consorcio vencedor está encabezado por Rowing S.A., compañía fundada por el empresario Walter Román, y por Transclor, perteneciente a Mauricio Filiberti.
También participan Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav, y PHX Aqua AR B.V., un fondo radicado en los Países Bajos. Arcos aporta experiencia operativa en el sector: gestiona servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio.
En la alianza aparecen además nombres conocidos del empresariado argentino como Daniel Vila y José Luis Manzano, socios de Filiberti en Edenor y vinculados también con la reciente adquisición de la participación que YPF tenía en Metrogas.
El Estado Nacional transfiere así la totalidad de su participación, que representa el 90% del capital de AySA. El 10% restante continúa perteneciendo a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Chau al modelo Galmarini
La privatización marca también el cierre definitivo de una etapa que tuvo entre sus caras más visibles a Malena Galmarini, dirigente del Frente Renovador y esposa de Sergio Massa.
Galmarini asumió la presidencia de AySA en diciembre de 2019, durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, y permaneció al frente de la compañía durante prácticamente toda aquella administración.
Su gestión convirtió a la empresa en una vidriera política del massismo. Cuatro años después, Milei avanzó en la dirección exactamente contraria: equilibrio financiero, reducción de transferencias del Tesoro y finalmente privatización.
La discusión sobre AySA, sin embargo, es mucho más antigua que Galmarini.
La empresa había sido estatizada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre ese año y 2023 recibió aproximadamente u$s13.400 M en transferencias del Tesoro Nacional, según documentación oficial utilizada para justificar la privatización.
El Gobierno sostiene que, pese a ese volumen de recursos públicos, al iniciar la actual gestión encontró un sistema con serios problemas de cobertura y eficiencia. Según Economía, alrededor de un tercio del área concesionada todavía no contaba conjuntamente con cobertura adecuada de agua potable y cloacas, mientras el agua no contabilizada se mantenía alrededor del 42%.
De recibir plata del Tesoro a dejar de necesitar transferencias
Uno de los argumentos centrales del Gobierno para avanzar con la privatización fue el cambio financiero registrado desde 2024.
AySA había terminado 2023 con una pérdida neta equivalente a $503.647 M a valores informados posteriormente, mientras que en 2024 pasó a registrar una ganancia y volvió a mostrar resultado neto positivo en 2025. En paralelo, las transferencias corrientes del Estado cayeron hasta llegar a cero durante 2025, según la información presentada durante el proceso privatizador.
La dotación también fue reducida desde aproximadamente 7.700 a 5.890 trabajadores entre el final de la administración anterior y 2025.
El Gobierno utilizó esos resultados como paso previo a su objetivo final: que una actividad que considera susceptible de gestión privada deje de depender de los contribuyentes.
El comprador deberá poner mucho más que u$s340 M
Los u$s340,2 millones pagados por las acciones representan apenas una parte del compromiso económico que deberá afrontar el nuevo concesionario.
El contrato exige inversiones mínimas por alrededor de u$s2.000 M durante los primeros cinco años.
Y a lo largo de los 30 años de concesión, las inversiones obligatorias en infraestructura se estiman entre u$s13.000 M y u$s15.000 M .
Las nuevas redes, plantas, bombas y cañerías incorporadas durante ese período permanecerán como activos del sistema al finalizar la concesión.
El esquema también fija metas concretas.
Para fines de 2031, la cobertura deberá alcanzar al 75,3% en agua potable y al 63,9% en cloacas. Al cumplirse los 30 años, los mínimos deberán llegar al 90% y 75%, respectivamente. Existe además la posibilidad de extender el contrato durante otros diez años.
Las tarifas no formaron parte de la puja
A diferencia de otras privatizaciones, los competidores no presentaron libremente un esquema tarifario ni un programa de inversiones alternativo.
Ambos elementos estaban definidos previamente por el Estado en el pliego.
Eso hizo que, una vez superada la evaluación técnica, la principal variable para elegir al ganador fuera cuánto estaba dispuesto a pagar cada grupo por el paquete accionario.
Para el primer ciclo tarifario, correspondiente a 2027-2031, el diseño oficial prevé mantener constante en términos reales el nivel tarifario existente al momento de la presentación, salvo las excepciones contempladas contractualmente.
El desafío será ahora comprobar si el cambio de administración consigue transformar esa obligación contractual en ampliaciones concretas de la red y mejoras del servicio.
Otra empresa pública que Milei devuelve al sector privado
El camino de AySA hacia la privatización se había formalizado en julio de 2025 y avanzó durante 2026 con una licitación pública nacional e internacional.
La Resolución 704/2026 autorizó finalmente la venta del 90% de las acciones estatales a un operador estratégico, en el marco de la política de privatizaciones habilitada por la Ley Bases.
Después de veinte años bajo control estatal, AySA vuelve a manos privadas.
Para el Gobierno, el cambio significa sacar del Estado una empresa que durante años absorbió miles de millones de dólares en transferencias y reemplazar ese esquema por capital privado, inversiones obligatorias y control regulatorio.
Para el consorcio ganador comienza ahora una responsabilidad considerablemente mayor que los u$s340 M necesarios para quedarse con las acciones: demostrar que puede ampliar y mejorar un servicio esencial para 14 millones de argentinos sin volver a recurrir al bolsillo de los contribuyentes.
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