La paradoja del RNAV: la desregulación que el sector rechazó terminó ampliando el mercado formal
El sector turístico recibió con fuertes cuestionamientos la eliminación de la habilitación nacional obligatoria para las agencias de viajes. Dos años y medio después, el registro creado por las propias entidades empresarias supera las 7.500 inscripciones, frente a las 5.308 existentes antes del DNU 70. Menos barreras de entrada, más agencias formalizadas y una experiencia de autorregulación que obliga a revisar los pronósticos iniciales.
En diciembre de 2023, cuando el DNU 70 de Javier Milei eliminó la habilitación obligatoria del Ministerio de Turismo para las agencias de viajes, la reacción del sector fue de rechazo casi unánime. FAEVYT —la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que representa a la industria— emitió un comunicado de repudio, calificó la medida de apresurada y acudió a la Justicia con un amparo para intentar declararla inconstitucional. El argumento podía sonar razonable: sin regulación obligatoria, el mercado se llenaría de operadores sin respaldo, crecería la informalidad y el consumidor quedaría desprotegido.
Dos años y medio después, el RNAV —el Registro Nacional de Agencias de Viajes que las propias asociaciones del sector construyeron como respuesta a la eliminación de la regulación estatal— cuenta con más de 7.500 agencias inscriptas. Antes del DNU había 5.308. Es decir, más de 2.000 agencias se incorporaron al mercado formal durante el período posterior a la desregulación que una parte del sector había intentado frenar judicialmente.
Es uno de los datos más contraintuitivos del turismo argentino reciente y, al mismo tiempo, uno de los menos discutidos. La paradoja merece atención porque permite extraer conclusiones sobre el efecto que puede tener la eliminación de barreras burocráticas cuando el propio mercado desarrolla mecanismos alternativos de identificación y organización.
Qué pasó realmente
Cuando el DNU entró en vigencia, las asociaciones del sector enfrentaron un problema concreto: si el Estado nacional ya no exigía una habilitación para operar, ¿cómo diferenciar una agencia seria de una operación informal o directamente fraudulenta? El anterior registro estatal tampoco aseguraba por sí mismo que no existieran problemas de este tipo.
La respuesta fue pragmática: construir un registro propio, voluntario y gratuito, impulsado por las organizaciones representativas de la actividad, que funcionara como señal de legitimidad ante consumidores y proveedores.
FAEVYT y las federaciones provinciales trabajaron durante 2024 y 2025 con las distintas jurisdicciones para extender la utilización del RNAV. El proceso terminó consolidando un sistema sectorial que, a comienzos de 2026, ya se encontraba estabilizado alrededor de las 7.500 inscripciones.
El resultado neto fue una expansión del mercado formal que pocos análisis anteriores al DNU habían anticipado. Las menores barreras de entrada —menos burocracia y menores costos de habilitación— permitieron que emprendedores y pequeños operadores que antes no podían afrontar los costos, o simplemente no querían atravesar todo el proceso administrativo estatal, se incorporaran al registro sectorial.
La enorme mayoría de las agencias de viajes argentinas son micro, pequeñas o medianas empresas. Buena parte de las más de 2.000 nuevas incorporaciones pertenece precisamente a ese universo.
Sin embargo, las asociaciones que inicialmente enfrentaron la medida pocas veces destacan esta consecuencia. Reconocerla significaría también aceptar que varios de los pronósticos formulados contra la desregulación no terminaron verificándose y que la política impulsada por el Gobierno nacional produjo un escenario diferente del anticipado.
El dato que incomoda a quienes rechazaron la desregulación
El resultado obliga a revisar algunos de los argumentos utilizados contra el DNU. La informalidad no explotó, el fraude al consumidor no registró un crecimiento verificable atribuible a la apertura y el propio registro construido por las asociaciones terminó incorporando a más operadores que el sistema obligatorio anterior.
Lo que el caso demuestra es la capacidad de un sector organizado para adaptarse a un cambio de reglas y convertir una mayor libertad operativa en una oportunidad de expansión ordenada. Eso no es trivial y, en el contexto argentino, donde históricamente muchas actividades estuvieron sujetas a extensos procesos de habilitación estatal, merece ser señalado.
La experiencia también muestra que eliminar una regulación estatal no necesariamente deja un vacío. Cuando existen incentivos adecuados, los propios actores privados pueden desarrollar mecanismos de identificación, reputación y organización capaces de cumplir funciones que anteriormente se consideraban inseparables de una estructura burocrática.
Queda en manos de las propias asociaciones comunicar mejor la transformación obtenida. Las regulaciones previas prometían formalidad y protección, pero su sola existencia no garantizaba esos resultados. La experiencia posterior al DNU permite empezar a juzgar el sistema por sus resultados concretos y no solamente por la cantidad de requisitos establecidos.
El próximo paso: profundizar la autorregulación
Una vez alcanzado un nivel de adhesión superior al existente bajo el sistema anterior, el RNAV enfrenta ahora una segunda etapa: continuar fortaleciendo los mecanismos mediante los cuales el consumidor pueda identificar a los operadores registrados y diferenciar una empresa legítima de quienes actúan por fuera de las prácticas profesionales del sector.
Las estafas a través de operadores informales existían antes del DNU y continúan siendo un problema que no depende exclusivamente de la existencia o inexistencia de una habilitación estatal. Por eso resulta importante que el consumidor conozca mejor qué señales de legitimidad debe buscar antes de contratar y que las propias entidades del turismo profundicen sus herramientas de información.
El RNAV puede seguir mejorando sus procesos internos de validación, denuncia y exclusión de quienes incumplan los estándares asumidos, de manera que el crecimiento cuantitativo conseguido avance también hacia una consolidación cualitativa.
Ese es el desafío real de esta nueva etapa: acompañar la expansión de la cantidad de agencias con mecanismos privados que fortalezcan la confianza dentro de un mercado más abierto.
Ningún registro, estatal o privado, puede impedir por sí solo la existencia de fraudes. Para eso también son necesarias la información al consumidor, la reputación empresarial y una Justicia capaz de actuar frente a quienes cometen delitos o incumplen contratos.
Por lo pronto, la experiencia de estos dos años y medio ofrece un dato difícil de ignorar: la autorregulación no solo logró reemplazar al esquema obligatorio anterior, sino que terminó incorporando a una cantidad significativamente mayor de agencias al mercado formal.
La desregulación redujo barreras, el número de operadores registrados creció y el propio sector encontró una manera de organizarse sin depender de una habilitación nacional obligatoria. El próximo paso será transformar esa expansión en más competencia, confianza y calidad para los pasajeros.
