Milei consiguió dictamen para la Ley de Defensa de la Soberanía y la llevó a las puertas del recinto
El oficialismo obtuvo 60 firmas para el proyecto que endurece las sanciones contra quienes exploten ilegalmente recursos argentinos en el Atlántico Sur y crea una nueva arquitectura institucional para enfrentar amenazas externas. Tras incorporar cambios reclamados por otros bloques, la iniciativa quedó lista para ser discutida por la Cámara de Diputados.
El Gobierno de Javier Milei consiguió este martes un avance legislativo clave para su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en respuesta a la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.
El plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto emitió un dictamen de mayoría respaldado por 60 firmas, sobre un total de 104 diputados presentes. Con ese resultado, el proyecto quedó formalmente en condiciones de ser llevado al recinto de la Cámara baja.
La iniciativa había sido enviada al Congreso el 17 de septiembre y plantea tres objetivos centrales: sancionar a quienes exploten sin autorización argentina recursos naturales en áreas cuya soberanía reclama el país, generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.
El proyecto adquirió especial relevancia después del avance del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado en aguas alrededor de Malvinas y desarrollado sin autorización del Estado argentino. El Ejecutivo sostiene que la explotación de recursos no renovables en esa zona exige una respuesta que vaya más allá de las declaraciones diplomáticas.
Sanciones más duras y un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El texto establece un régimen de multas y sanciones contra empresas que participen directamente de la explotación no autorizada de recursos argentinos. También contempla la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones locales para operadores, licenciatarios y determinados proveedores vinculados con esas actividades.
Durante el debate se introdujeron modificaciones destinadas a limitar el alcance de las penalidades sobre accionistas minoritarios o inversores que no tengan conocimiento efectivo del destino ilícito de determinadas operaciones. La redacción final busca concentrar las sanciones sobre quienes intervengan materialmente en la explotación.
Otro de los ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Su objetivo será coordinar políticas frente a amenazas que afecten intereses estratégicos, infraestructura crítica o la integridad territorial.
El texto también prevé controles sobre inversiones estatales extranjeras en sectores considerados sensibles, como defensa, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos y actividad espacial, además de mecanismos de protección de infraestructuras críticas.
A pedido de otros bloques, el oficialismo incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento, destinada a controlar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo bajo la futura ley. El Gobierno deberá informar al Congreso sobre determinadas medidas urgentes dentro de un plazo establecido.
El Gobierno eliminó el artículo sobre “desinformación”
Uno de los principales cambios introducidos durante el tratamiento fue la eliminación del artículo que originalmente abordaba la denominada “desinformación”, cuestionado por organizaciones civiles y legisladores por el riesgo de otorgar al Estado facultades demasiado amplias sobre el debate público.
La nueva redacción reemplazó ese concepto por una figura más acotada, dirigida contra campañas clandestinas de injerencia extranjera realizadas mediante financiamiento, órdenes u operaciones provenientes del exterior.
El texto excluye expresamente de ese régimen a la actividad periodística, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y las expresiones públicas atribuibles a gobiernos o actores extranjeros.
También se contemplan penas de 5 a 12 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con operaciones clandestinas extranjeras dirigidas a alterar procesos institucionales o electorales, siempre bajo las condiciones específicas fijadas por la norma.
El proyecto incorpora además resguardos para las competencias de las provincias y reconoce su dominio originario sobre determinados recursos naturales, una modificación introducida durante las negociaciones parlamentarias.
Para el Gobierno, la iniciativa forma parte de una estrategia destinada a respaldar el reclamo por Malvinas con herramientas económicas, jurídicas, diplomáticas y de seguridad, además de reforzar la capacidad estatal para actuar frente a amenazas concretas.
Con el dictamen obtenido este martes, el proyecto superó su principal filtro parlamentario previo. La próxima batalla será en el recinto, donde el oficialismo necesitará reunir los votos necesarios para convertir en ley una de las iniciativas de mayor contenido estratégico enviadas por Milei durante su gestión.
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