Por decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Javier Milei reforzó el régimen de contrataciones del Estado nacional y endureció la exclusión de oferentes incluidos en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas corruptas, fraudulentas o colusorias, entre otras.
La planificación oficial expone un giro profundo en la política de tránsito. Los números del Presupuesto 2026 muestran que las multas dejaron de ser una herramienta de prevención para convertirse en un pilar central del financiamiento para 423 cargos politicos. Crecen las críticas a la estrategia impulsada por el intendente y el secretario de Gobierno.
Con un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional y un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei activó restricciones para impedir que jerarcas, militares, empresarios y sancionados internacionales utilicen nuestro país como refugio.
En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de más de $507.064 millones con hospitales de gestión compartida. Nación está financiando el 100% del funcionamiento para evitar el colapso del sistema. Mientras tanto, sindicatos, opositores y periodistas que agitaban por el Garrahan hoy guardan silencio. ¿La salud era una bandera o una excusa?
El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026 con déficit cero y la Ley de Inocencia Fiscal, que marca un punto de inflexión tras años de despilfarro y presión tributaria bajo el kirchnerismo.
Mientras la Provincia montó un festival para “inaugurar” el Aeropuerto Islas Malvinas, el cambio de fondo que permite sumar rutas, frecuencias y aerolíneas viene de Nación: cielos abiertos, menos burocracia y reglas que dejan de ahogar al interior detrás de Ezeiza.
La obra pública santafesina, otra vez en la mira. Una licitación de 525 millones de pesos para reparar los accesos del viaducto que une Santa Fe y Entre Ríos terminó en una parálisis total: el hormigón no resiste y denuncian un esquema de "acomodos" políticos en los cargos de control.
Entre artistas, shows aéreos, paracaidistas, sorteos y despliegue técnico, el evento organizado por el gobierno de Santa Fe habría superado ampliamente los USD 450 mil. Sin rendición de cuentas clara, el festejo aparece como un acto de autopromoción pagado con dinero público.
En Santa Fe, la gestión de Pullaro triplicó la planta política y aumentó el gasto en cargos jerárquicos, mientras el ajuste cayó sobre los sectores más vulnerables del Estado: recorte de puestos, caída salarial en la base y menos capacidad operativa en áreas esenciales.
Tras dejar su banca y la presidencia del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina pasó de sonar como la beneficiaria de una “Secretaría de Cercanía” inventada a medida a ser propuesta para el Tribunal de Cuentas. El enroque expone la lógica del poder provincial: el Estado como botín, cargos públicos para contener a los propios y organismos que deberían controlar el gasto convertidos en refugio político pagado por todos los santafesinos.
Tras los disturbios por los “trapitos” en Quilmes —con enfrentamientos, represión y un audio cruzado entre Mayra Mendoza y Juan Grabois— la tensión se trasladó a Lanús, otro distrito gobernado por La Cámpora. La postal del conurbano en vísperas de fin de año expone una guerra por poder, cajas y territorio dentro del mismo universo kirchnerista: cuando no hay acuerdo, la presión callejera pasa a ser método de negociación.
En sus primeras decisiones como concejal, David Sanfilippo, referente de La Libertad Avanza en Teodelina, dejó una definición política clara y poco habitual: rechazó cobrar la dieta y promovió un pedido de informes integral sobre la planta municipal. Dos gestos que expresan un mismo espíritu: menos Estado para la política, más recursos en el bolsillo de los vecinos.
Una ordenanza por el estacionamiento medido terminó con trompadas, represión y denuncias en la puerta del Concejo Deliberante de Quilmes y desató una guerra interna entre Mayra Mendoza y Juan Grabois, dos figuras del mismo universo kirchnerista. En el medio, los vecinos quedan atrapados en una elección absurda: pagarle a los municipales de Mayra Mendoza o a los trapitos de Grabois.
Las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe aprobaron en tiempo récord, a días de Navidad, una ley que centraliza en el Estado la administración de la conectividad y habilita concesiones y licencias sobre infraestructura crítica. Mientras el gobierno se vende como “transparente”, abre el negocio que de pliegos, software, mantenimiento y centros de datos despierta una pregunta inevitable: ¿a quién le van a entregar esos contratos millonarios y qué garantías reales hay de que esa “regulación” no termine siendo control? En la era de 1984 -Orwell-, cuando el poder administra la red, también se queda con la llave para condicionar lo que la gente ve, dice y comparte.
Mientras La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra, el resto del Concejo —peronismo, socialismo y sus socios— aprobó la renovación del sistema de estacionamiento medido con un esquema que permite ampliar hasta un 20% la zona, encarece el estacionamiento y deja decisiones clave en manos del Ejecutivo, sin pasar por el recinto.
