La motosierra no se detiene: Milei prepara nuevos retiros voluntarios para achicar el Estado
El Gobierno publicará un decreto dirigido al personal civil de planta permanente. La inscripción comenzaría en noviembre y se espera que, como mínimo, adhieran más de 1.000 trabajadores.
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de reducción del empleo público mediante la implementación de un régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la administración nacional.
La medida será formalizada mediante un decreto que alcanzará al personal civil de planta permanente de la administración pública centralizada y de los organismos desconcentrados. Según anticiparon fuentes oficiales, las inscripciones comenzarían durante noviembre.
El programa fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y apunta a continuar disminuyendo el gasto permanente del Poder Ejecutivo sin afectar las funciones esenciales.
A quiénes estará dirigido
El Gobierno espera que al menos 1.000 empleados públicos se incorporen inicialmente al régimen. La convocatoria estará orientada principalmente a tres grupos:
- Trabajadores que ya alcanzaron la edad jubilatoria y cuentan con los años de aportes necesarios.
- Empleados próximos a jubilarse, pero que todavía necesitan completar aportes.
- Agentes más jóvenes que desean abandonar voluntariamente la administración pública.
Las condiciones económicas serán diferentes de acuerdo con la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador.
Quienes ya puedan jubilarse recibirán asistencia para iniciar el trámite. En otros casos, la compensación podría ser utilizada para completar aportes previsionales o financiar una nueva actividad fuera del Estado.
Por el momento, el Ejecutivo no difundió los montos ni la fórmula definitiva que determinará las indemnizaciones.
Más de 74.000 puestos eliminados
Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, la dotación del Estado nacional se redujo en 74.332 personas, equivalente a una baja del 21,6%.
La planta total pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores, mientras que el ahorro acumulado fue estimado por el Gobierno en más de u$s 2.500 M.
Dentro de la administración pública nacional se eliminaron 51.218 puestos, al pasar de 233.098 a 181.880 empleados. Las empresas y sociedades estatales, por su parte, redujeron su dotación de 110.259 a 87.145 trabajadores.
La mayor disminución proporcional ocurrió en la administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete. Allí, la planta cayó un 32,8%, desde 55.858 hasta 37.543 agentes.
Entre las empresas estatales, la reducción más profunda se produjo en la antigua agencia Télam, reconvertida en la Agencia de Publicidad del Estado. Su personal pasó de 810 a 167 trabajadores, una baja del 79,4%.
La resistencia de los sindicatos
La Asociación de Trabajadores del Estado anticipó su rechazo y calificó la medida como una forma de “despido encubierto”. El gremio tampoco descartó impulsar protestas si el régimen se aplica de manera generalizada.
El Gobierno sostiene, en cambio, que se tratará de una adhesión voluntaria y que el objetivo es adecuar las dotaciones a las necesidades reales de cada organismo.
Algunos programas similares ya fueron implementados en dependencias como el INTA y la ANSES. En el caso del organismo agropecuario, 905 agentes aceptaron el retiro, aunque la meta inicial era alcanzar 1.200 adhesiones.
Menos gasto para bajar impuestos
La reducción de la planta estatal constituye uno de los ejes principales del programa económico libertario. Para el Gobierno, el equilibrio fiscal no debe alcanzarse mediante nuevos impuestos, sino reduciendo estructuras, organismos y gastos que los contribuyentes se ven obligados a financiar.
Milei insiste en que la motosierra no representa una medida transitoria, sino un cambio permanente en la forma de administrar los recursos públicos.
La nueva convocatoria buscará avanzar hacia un Estado más pequeño, concentrado en sus funciones indispensables y con menos empleados sostenidos por quienes trabajan y producen en el sector privado.
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