Revés para el entorno de Pedro Sánchez: condenan a su hermano a nueve años de inhabilitación por prevaricación
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. También fueron condenados varios exfuncionarios socialistas, entre ellos el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. La sentencia aún puede ser apelada.
La Justicia española asestó un nuevo golpe al entorno del presidente Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al considerarlo cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa.
La resolución judicial concluye que existieron irregularidades en torno al puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz y sostiene que una modificación realizada años después permitió adaptar ese cargo a las funciones que efectivamente desempeñaba, en un procedimiento que el tribunal consideró contrario a derecho.
Junto a David Sánchez también fueron condenados otros responsables políticos y administrativos vinculados al PSOE. Entre ellos figura Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, quien recibió una pena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.
El caso gira en torno a la creación y posterior modificación de un cargo en la Diputación de Badajoz. Según la sentencia, el cambio de denominación realizado en 2022 no fue una simple actualización administrativa, sino una transformación sustancial del puesto para ajustarlo a las tareas que David Sánchez ya desarrollaba, sin seguir los procedimientos legales correspondientes.
Los magistrados sostienen que esa modificación ocultó la creación de un puesto con funciones diferentes al original y concluyen que el hermano del presidente conocía y participó en esa maniobra administrativa. Por ese motivo fue condenado como cooperador necesario del delito de prevaricación.
No obstante, el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar presiones concretas ejercidas por David Sánchez o por su entorno para obtener el cargo. También quedó prescripta la posible responsabilidad penal vinculada a la adjudicación inicial de la plaza en 2017.
El Gobierno defiende su inocencia
Desde el Ejecutivo español evitaron cuestionar abiertamente la decisión judicial, aunque manifestaron su desacuerdo con el fallo y adelantaron que esperan que instancias superiores reviertan la condena.
La portavoz del Gobierno sostuvo que la Fiscalía había solicitado la absolución durante el juicio y expresó su confianza en que el recurso permita demostrar la inocencia de David Sánchez.
Los abogados defensores ya confirmaron que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, si fuera necesario, acudirán posteriormente al Tribunal Supremo. Hasta que exista una resolución firme, la condena no será definitiva.
Otro frente para el Gobierno socialista
La decisión judicial incrementa la presión política sobre Pedro Sánchez, cuyo Gobierno atraviesa un período marcado por distintas investigaciones que afectan a personas de su entorno.
Aunque la condena recae sobre su hermano y no sobre el presidente, la resolución volvió a instalar el debate sobre el uso de estructuras públicas para beneficiar a personas cercanas al poder político.
La oposición calificó el fallo como un duro revés para el socialismo español y reclamó explicaciones al Gobierno, mientras el oficialismo insistió en que la sentencia será recurrida y defendió la presunción de inocencia de los condenados.
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