La sociedad le puso un freno: cayó en Diputados la ley de “discursos de odio” que el Senado había aprobado por unanimidad
El proyecto impulsado en el Senado por Felipe Michlig quedó sin preferencia parlamentaria y camino al archivo después de semanas de rechazo. El Liberador encendió la alarma con una investigación de Ludmila Radolovich y LLA Santa Fe, con Romina Diez a la cabeza, llevó la discusión a los concejos y las redes.
Lo que parecía encaminado a convertirse silenciosamente en ley terminó chocando contra una resistencia política y social que modificó por completo el escenario.
La Cámara de Diputados de Santa Fe decidió no avanzar con el proyecto que pretendía declarar a la provincia “territorio libre de discriminación y discursos de odio”, una iniciativa que incorporaba multas de hasta 60 jus —actualmente más de $8,6 millones— sobre expresiones consideradas alcanzadas por una definición extraordinariamente amplia de “odio”.
El texto había llegado con una fuerza política poco habitual: el Senado lo aprobó sobre tablas, por unanimidad y prácticamente inmediatamente después de que la Mesa del Diálogo Santafesino acercara la propuesta. El encargado de impulsarla formalmente en la Cámara Alta fue Felipe Michlig, senador por San Cristóbal y presidente provisional del Senado.
Pero la velocidad con la que avanzó en el Senado contrastó con lo que ocurrió cuando la sociedad comenzó a conocer qué decía realmente.
Ludmila Radolovich encontró el expediente y El Liberador encendió la alarma
Quien detectó el alcance del proyecto y puso el foco sobre su costado sancionatorio fue la periodista y referente libertaria Ludmila Radolovich.
El 23 de julio, Radolovich publicó la investigación que puso sobre la mesa una pregunta que hasta entonces había pasado prácticamente inadvertida para buena parte de la discusión pública: ¿quién iba a decidir cuándo una opinión pasaba a convertirse en un “discurso de odio” merecedor de una multa millonaria?
La nota mostró que no se trataba simplemente de una declaración simbólica contra la discriminación.
El texto aprobado por el Senado definía como discurso de odio cualquier expresión verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que pudiera “incitar, promover, justificar o naturalizar” la discriminación, la hostilidad, la violencia o incluso el “menosprecio”, agregando además una categoría abierta referida a “otras características personalísimas”.
Y detrás de esa definición aparecía el verdadero poder coercitivo: hasta 60 jus de multa o la obligación de realizar cursos de abordaje interdisciplinario.
La investigación de El Liberador fue el comienzo de una escalada de visibilización que rápidamente salió del ámbito periodístico y se trasladó a la política y las redes.
Romina Diez y LLA llevaron la pelea a toda la provincia
La conducción de La Libertad Avanza Santa Fe, encabezada por Romina Diez, convirtió entonces el rechazo al proyecto en una batalla política por la libertad de expresión.
Concejales libertarios comenzaron a llevar el tema a sus respectivas ciudades y a exigir que los cuerpos legislativos locales se pronunciaran contra la iniciativa provincial.
En Rafaela, por ejemplo, los concejales Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta presentaron formalmente un proyecto para que el Concejo rechazara la iniciativa de Michlig por considerar que el uso de categorías jurídicas amplias para sancionar expresiones podía afectar la libertad de expresión, el pluralismo político y el debate democrático. El expediente quedó registrado oficialmente en el Concejo rafaelino.
La discusión se multiplicó.
Lo que había conseguido una aprobación unánime y prácticamente automática en el Senado comenzó a convertirse en un costo político para cada diputado que tuviera que levantar la mano para aprobarlo.
Y el rechazo dejó de ser exclusivamente libertario.
Sectores de Somos Vida y hasta legisladores del justicialismo, como Miguel Rabbia, expresaron objeciones. La diputada provincial Silvia Malfesi se convirtió además en una de las voces parlamentarias más fuertes contra la iniciativa y advirtió sobre la posibilidad de censura y autocensura.
Una ley con una arquitectura que recordó al chavismo
La comparación con Venezuela tampoco apareció de la nada.
En 2017, el régimen chavista sancionó la denominada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, construida también alrededor de conceptos como odio, hostigamiento, discriminación, convivencia y paz, otorgándole al Estado facultades para sancionar expresiones.
Las normas no son idénticas: la venezolana es muchísimo más extrema, contempla incluso penas de prisión de entre 10 y 20 años y sanciones específicas contra medios y plataformas.
Pero precisamente por eso críticos libertarios señalaron una similitud preocupante en la arquitectura conceptual: un Estado que primero define de manera amplia qué expresión considera intolerable y después se concede a sí mismo la facultad de castigarla.
En Santa Fe no se proponía prisión.
Se proponían multas millonarias.
Pero el principio que encendió las alarmas era el mismo: que el poder político pudiera convertirse en árbitro de los límites de la opinión pública mediante categorías tan subjetivas como “menosprecio” o “naturalizar hostilidad”.
Del voto unánime al cajón
La resistencia terminó teniendo consecuencias concretas.
El proyecto había conseguido dictamen en las comisiones de Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda, pero todavía necesitaba superar Asuntos Constitucionales y Legislación General.
No ocurrió.
La iniciativa comenzó a postergarse una y otra vez. Al 1 de septiembre seguía trabada en esa comisión, precisamente porque no existía acuerdo sobre las sanciones ni sobre la constitucionalidad de una definición tan amplia.
Finalmente, Diputados decidió no renovar la preferencia parlamentaria.
Fuentes legislativas confirmaron que la falta de consenso y el vencimiento de los plazos sin una nueva prórroga hicieron caer el tratamiento. El proyecto quedó, en este trámite legislativo, sin camino hacia el recinto y con destino de archivo.
La ley que el Senado había aprobado rápidamente y por unanimidad ni siquiera consiguió atravesar la última comisión necesaria en Diputados.
Cuando la sociedad mira, la política calcula distinto
El episodio deja una enseñanza política difícil de ignorar.
Mientras el expediente avanzó sin atención pública, prácticamente nadie dentro del Senado quiso pagar el costo de rechazar una ley presentada bajo conceptos políticamente atractivos como “paz”, “respeto” y “convivencia”.
La votaron todos los presentes.
Cuando comenzaron a conocerse las multas, las definiciones ambiguas y la posibilidad de que el Estado sancionara expresiones, ocurrió algo diferente.
El expediente dejó de ser invisible.
Primero Ludmila Radolovich lo puso bajo la lupa desde El Liberador. Después, Romina Diez y la estructura territorial de La Libertad Avanza Santa Fe llevaron la discusión a las redes y a los concejos de la provincia. A eso se sumaron legisladores provinciales, dirigentes de otros espacios y miles de ciudadanos que comenzaron a exigir explicaciones.
Y lo que era políticamente sencillo dejó de serlo.
Ningún diputado quería quedar asociado para siempre a una votación que pudiera ser recordada como una mancha contra la libertad de expresión en Santa Fe.
Por ahora, el proyecto cayó.
Eso no significa que la discusión haya desaparecido para siempre. Un expediente puede reformularse, volver bajo otra redacción o reaparecer en el futuro.
Por eso habrá que mirar especialmente qué ocurre cuando disminuya la atención pública.
Porque si algo demostró esta historia es precisamente lo contrario de lo que proponía aquella ley:
la mejor defensa frente a las ideas que incomodan al poder no es silenciarlas. Es que haya más ciudadanos hablando, más periodistas investigando y más ojos mirando lo que hacen sus representantes.
Esta vez, la presión funcionó.
Una ley aprobada por unanimidad en el Senado terminó frenada cuando dejó de pasar desapercibida.
